El pobre caracol con el que representan muchos medios la lentitud de la justicia en el mundo no tiene la culpa. No son caracoles los responsables, son jueces y juezas con nombres y apellidos quienes se han encargado de que los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país sean de los más lentos en el mundo.
La pregunta es sencilla: si hay hechos que ocurrieron -en promedio- hace 46 años y otros que ocurrieron hace cinco o diez, ¿cuáles cree usted que deben tener prioridad para el juicio oral?
Pues, en nuestro querido país, la lógica no funciona. Gran parte de los tribunales orales federales del país no se interesan por dar respuesta a miles de víctimas y familiares de víctimas que ya tienen entre 70 y 95 años. Para estos magistrados y magistradas, la letra de Cambalache es más o menos así: “Da lo mismo que sea tortura y desaparición, que corrupción o falsificación de moneda”.
Con estos dos criterios malditos -no considerar el paso del tiempo como prioridad y no tener en cuenta la gravedad de los delitos-, el Poder Judicial suma denuncias por su falta de celeridad en estas causas, que son miles, pero nadie toma medidas de fondo.
El lunes de la semana pasada falleció, a los 93 años, Carlos Blaquier, directivo y uno de los propietarios del imperio Ledesma en el Norte. Acusado de crímenes contra sus trabajadores, Blaquier consiguió que la Corte Suprema demorase seis años para resolver si iba a juicio. El expediente fue cajoneado y, cuando los supremos resolvieron finalmente el caso y habilitaron el juicio, ya era tarde. Blaquier no estaba en condiciones físicas de ir a un debate oral y, meses después, murió.
Hace más de una década, le pusimos nombre a estas maniobras: impunidad biológica.
Otra muestra: en todas las provincias, los debates orales se desarrollan, con suerte, al ritmo de una audiencia por semana y muchas veces fijan una audiencia hasta cada 15 días. Así, los juicios orales de lesa duran años. Uno de ellos, el de la ESMA, llevó cinco.
Un asunto reciente les puede facilitar la comparación para apreciar esta barbaridad. Si el lector vio la película Argentina, 1985 , tuvo en la pantalla el Juicio a las Juntas. Aquel juicio, al existir la decisión político-judicial de ir con marcha rápida, empezó el 22 de abril y terminó el 9 de diciembre de 1985. Menos de ocho meses para escuchar a 833 testigos, alegatos y sentencia. Veloz.
Hoy, la decisión político-judicial para imprimir celeridad a estos juicios la tiene la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en ese cuarto piso de la calle Talcahuano 550, no hacen nada.
Lo mismo pasa con muchos juicios que están vinculados a las desapariciones forzadas. Hablamos de los juicios por apropiación de bienes de los desaparecidos, como los juicios de esa temática vinculados a la causa ESMA, que fueron elevados al Tribunal en 2009 y aún no tienen fecha de inicio de juicio.
Otra de las indignaciones mayores es que la Corte Suprema fue advertida de estos problemas de lentitud y, en 2009, resolvió convocar anual o semestralmente a una Comisión Interpoderes -con representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- para tomar medidas en consecuencia. Sin embargo, en los últimos dos años la Corte jamás convocó a esta comisión y, por ello, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, fue denunciado por quien escribe estas líneas con un pedido de juicio político en enero de 2023, por mal desempeño en sus funciones. El expediente tramita ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
La semana pasada, también se puso en manos de cada integrante del Consejo de la Magistratura un informe con esta situación. ¿Esperanzas allí? Algunas. Aunque, usted sabe, el presidente del Consejo de la Magistratura es el mismísimo señor Rosatti.
Existen soluciones. Por supuesto que las hay. Durante los primeros meses de la pandemia, en agosto de 2020, los abogados y las abogadas en causas por delitos de lesa humanidad presentamos un proyecto de reformas en el Poder Judicial que incluía tres aspectos: audiencias de debates al menos tres días a la semana, prioridad a las causas de lesa en los juzgados de instrucción y contratación de más personal para las investigaciones de miles de casos de desapariciones y asesinatos.
La Corte, además, tiene otra herramienta: puede modificar el Reglamento para la Justicia Nacional, que ya cumplió 70 años y fue aprobado por la Corte en febrero de 1953. Es aquel vejestorio donde reina un artículo triste, vencido y añejo como este: “En todos los escritos deberá emplearse exclusivamente tinta negra”
Lo único que tiene que hacer la Corte es redactar otro sencillo artículo como éste: “En los juicios orales por delitos de lesa humanidad, los Tribunales Orales Federales deberán celebrar al menos tres audiencias por semana”.
Este verano, las y los argentinos vimos como se empujó -por decisión político-judicial nuevamente- la realización de un juicio que despertaba interés mediático: el juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell. Todo transcurrió en Dolores y se hizo en un mes. El hecho había ocurrido cuatro años atrás. Tardó, sin dudas, pero, comparado con otros reclamos de Justicia, hay quienes lo calificaron de juicio rápido.
A 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad, la historia marca que las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas superaron unos cuantos retos para llegar a casi 1.200 genocidas condenados. No les pidan a las pocas que nos quedan que sigan esperando. Hay otros miles de genocidas impunes y la Corte mira para cualquier lado.