X

La causa Ford y la responsabilidad civil en la represión ilegal

Se ventila el juicio contra directivos acusados de delitos de lesa humanidad. Los quinchos de la empresa, centros clandestinos de detención. Un testimonio estremecedor.

La causa Ford y la responsabilidad civil en la represión ilegal

21/02/2018 16:15

 

Pedro Troiani, ex trabajador y delegado de Ford, dio testimonio este martes en la “causa Ford”, que, luego de varios años de instrucción, espera de juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal, comenzó sus audiencias el 19 de diciembre pasado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín, integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña.

Allí se está juzgando a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV y a dos directivos de Ford: Pedro M. Müller, que actuaba como gerente de Manufactura y en la presidencia ante la ausencia de su titular, Nicolás Courard, y a Héctor Sibilla, que se desempeñaba como jefe de Seguridad y Protección. Los tres están acusados de los delitos de privación ilegal de libertad y aplicación de tomentos a 24 trabajadores, que eran en su mayoría delegados sindicales, representados por los abogados de la querella, Elizabeth Gómez Alcorta, Tomás Ojeda Quintana y Marcos Aldazábal.

¿Por qué resulta tan importante juzgar la responsabilidad de las grandes empresas en la comisión de delitos de lesa humanidad? Muchos han sido los testimonios, desde el año 1984, con el trabajo en la Conadep y en el Juicio a las Juntas, que indicaron que empresarios y funcionarios empresariales habían participado directamente en hechos represivos y violación de derechos humanos contra sus empleados y empleadas.

 

 

La empresa Ford tuvo un lugar central desde aquellos años. La palabra de trabajadores sobrevivientes indicaba incluso que habían sido secuestrados y torturados dentro del lugar de trabajo. Juzgar a los responsables empresariales implica develar los entramados de las relaciones de poder que incluyen, pero van más allá, del poder militar que viene juzgándose especialmente a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.

El juzgamiento de la participación y la responsabilidad de las empresas en la violación de Derechos Humanos trasciende el orden jurídico nacional. Diversos nucleamientos a nivel internacional vienen trabajando, problematizando y realizando recomendaciones al respecto. La dificultad de juzgar las responsabilidades empresariales remite, entre otras causas, a que en muchos casos esas estructuras de poder se encuentran vigentes y fortalecidas, aun con diversas transformaciones ocurridas en las últimas décadas.

En nuestro proceso de justicia, estas dificultades se han expresado en la demora en el juzgamiento, por un lado, y en diversas estrategias que revocan los procesamientos e incluso la condena de empresarios. Es bueno recordar los casos de Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y Lemos, su administrador, en el que un fallo muy controversial de la Sala IV Casación, a cargo de Juan Carlos Germignani, revocó su procesamiento por “falta de mérito”; y el de Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, quien, condenado a 12 años de prisión luego de haber sido probada su participación en el proceso de secuestro y tortura de uno de sus empleados, fue beneficiado con la anulación de la condena por parte de la misma Sala de Casación.

En este sentido, la causa Ford tiene una importancia fundamental en el avance del juzgamiento de la responsabilidad civil en dictadura.

El poder de los grupos empresariales, y muy especialmente en momentos de extrema represión, es un poder muchas veces velado, oculto, sobre la vida y sobre la muerte de amplios grupos de la población. Este poder de vida y de muerte se expresa de diversas maneras, desde el control, la vigilancia y la regulación de la vida cotidiana, hasta la decisión de castigar y eliminar, por medio del asesinado o la desaparición, a aquellas personas que osan defender sus derechos. Hay algo que el poder no les perdona a estos trabajadores y trabajadoras: enfrentar la autoridad de los patrones, discutir las condiciones de trabajo e intentar disputar de igual a igual (aunque siempre es una disputa estructuralmente desigual) con la cuota de poder que los y las trabajadoras tienen: su fuerza de trabajo unificada y potenciada en la organización sindical. 

Develar este entramado de poder consolidado, fuerte, temible, en muchos casos omnipresente en los territorios y las vidas, requiere de la presencia y la voz de cientos de testigos que, muchas veces en soledad y con una persistencia que parece infinita, han realizado denuncias, se han presentado en los tribunales y han testimoniado en más de una causa. Cada vez que lo hacen, el pasado se hace presente y, paradójicamente, el poder de su palabra, que hoy puede llevar a la cárcel a sus verdugos, los sitúa nuevamente frente a los que los secuestraron y torturaron, reviviendo momentos en que se sintieron insignificantes, “ratas” en un pozo que transformó las horas en siglos.

 

 

EL TESTIMONIO DE TROIANI. Pedro era delegado en la empresa Ford en la sección de reparación final. En distintos momentos de su testimonio, se para frente a un plano de la planta de Pacheco y recorre con sus dedos los caminos internos que el 24 de marzo de 1976 se transformaron en los caminos que conducían al cautiverio que comenzó en los quinchos recreativos con los que contaba la empresa.

El 24 de marzo comenzó con la suspensión de toda actividad gremial y siguió con el secuestro y la desaparición de muchos trabajadores. Uno de los funcionarios que hoy estaría en el banquillo si no hubiera fallecido en estos años de reiteradas demoras en el comienzo del juicio, Guillermo Galarraga, el 24 de marzo les informó que, a partir de ese día, “los delegados son los capataces” y, si llegan a tener alguna actividad gremial, “no la van a pasar bien”. Estas palabras sembraron pánico en aquellos días en que las desapariciones habían comenzado a ser una realidad cotidiana. Muchos trabajadores, protegiéndose contra un destino prefijado, dejaron de ir a trabajar, se mudaron de casa y de ciudad.

La militarización de las fábricas y el secuestro de cientos de trabajadores y trabajadoras ocurrió en muchas grandes empresas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, como, por ejemplo, de los Astilleros Astarsa y Mestrina, Acindar, Dálmine Siderca, Lozadur y Cattaneo, como así también en muchos otros territorios del país (ver 25 casos de empresas en el libro sobre Responsabilidad empresarial en Delitos de lesa humanidad).

En Ford, existía una “guardia de Ford” que consistía en un grupo de hombres uniformados que aparentemente pertenecían a una empresa tercerizada pero que eran comandados por uno de los imputados, Héctor Sibilla. La llegada del Ejército se sumó a estas estructuras represivas internas con las que contaba la empresa previamente.

El uso de los quinchos y del transporte interno para las detenciones; la utilización de espacios fabriles como dormitorios de las fuerzas militares; el servicio del comedor a los militares; la circulación de personal jerárquico de Ford en los centros clandestinos de detención y el secuestro de los delegados más combativos son algunos de los indicios de la responsabilidad empresarial, que no sólo fue beneficiada con la “limpieza” de personal molesto, sino que impuso, a partir de allí, un aumento del ritmo en la maquinaria y una disciplina y una vigilancia internas estrictas.

Todo esto se suma al aporte de esta empresa con los autos que se convirtieron en emblemas del terror: los Falcon verdes utilizados por los grupos de tarea. Según recuerda Troiani, que trabajaba en la sección de reparación final, les llamaba la atención que muchos vehículos salieran de la planta sin los papeles provisiorios convencionales.

Pedro siguió yendo a trabajar. Creía que no había motivos para que algo le pasara, tan sólo era un delegado de sección. El 13 de abril, cuando llegó a la planta, como todos los días, fichó el ingreso, se dirigió a los vestuarios y luego a su sector de trabajo, donde alguien le informó: “No te muevas, porque te están vigilando”. Esto se confirmó cuando vio llegar una camioneta con cinco u ocho militares caminando al lado, que entraron al sector, preguntaron por él y lo llevaron detenido y esposado. Él, en ese momento, pidió tomar sus documentos, pero le informaron que “al lugar donde va no necesita DNI”. A partir de ese momento, sin saberlo, se convertiría en un desaparecido.

De camino a los quinchos, que, en la opinión de Troiani, sería el peor centro clandestino de detención por el que pasó, detuvieron a cuatro compañeros más: Carlos Propato -testimoniará en la próxima audiencia-, Juan Carlos Conti, Vicente Ismael Portillo y Rubén Traverso. Fueron trasladados en una camioneta F100 de uso interno de la fábrica. En los quinchos, ubicados en un sector recreativo de Ford, estuvieron detenidos clandestinamente por unas 12 horas. Los quinchos habían sido acondicionados a tal fin, tapiados con lonas verdes. Una vez allí, los encapucharon, les sacaron las esposas y los ataron con alambres. En ese momento comenzaron el martirio y los interrogatorios sobre su actividad sindical. Luego, antes de un simulacro de fusilamiento, fueron trasladados a una Comisaría de Tigre, donde se encontraron con otros trabajadores de su propia empresa y de otras fábricas de la zona norte como, Astarsa y Terrabusi.

En una celda de aproximadamente seis metros cuadrados, convivieron 11 detenidos que debían turnarse para dormir, por la falta de espacio. Uno de ellos le pidió a Troiani que por favor lo ayudara a morir.

En esa comisaría, se encontraba el teniente coronel Molinari, a quien había conocido estando en Ford, ya que se desempeñaba allí. Molinari lo interrogó sobre sus conexiones con otras fábricas del cordón industrial. Sobre su escritorio llegó a ver papeles, planillas y credenciales que identificaban a los trabajadores con el logo de Ford, duplicados. Luego de algunas semanas, fue trasladado a la cárcel de Devoto, donde él y sus compañeros de fábrica eran identificados como “el grupo de Ford”. Allí, por primera vez, recibió algunas visitas familiares. La violencia sexual contra las mujeres que los visitaban, entre ellas, su hijita menor, incluía requisas donde se les palpaban los genitales o se intentaba abusar de ellas. Esto llevó a Troiani a pedirles que por favor no lo visitaran. Finalmente, fue trasladado a una cárcel en La Plata, donde llegó en estado de desnutrición. Una vez liberado, estuvo sometido a una libertad vigilada, que incluía que, de tanto en tanto, gente de civil se presentara en su domicilio y lo llevara detenido por algunas horas a la Comisaría de Beccar.

Nunca más volvió a entrar en la fábrica, si cabe tal afirmación, ya que entra allí cada vez que da testimonio con valentía. La próxima audiencia quedó fijada para el próximo martes 6 de marzo, fecha en que declarará Carlos Propato, otro de los trabajadores detenido y sobreviviente de la firma Ford.

 

La causa Ford y la responsabilidad civil en la represión ilegal

Magíster en Antropología Social. Docente de la UNAJ. Investigadora de FLACSO.

Se ventila el juicio contra directivos acusados de delitos de lesa humanidad. Los quinchos de la empresa, centros clandestinos de detención. Un testimonio estremecedor.

 

Pedro Troiani, ex trabajador y delegado de Ford, dio testimonio este martes en la “causa Ford”, que, luego de varios años de instrucción, espera de juicio oral y dificultades en la constitución del tribunal, comenzó sus audiencias el 19 de diciembre pasado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín, integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña.

Allí se está juzgando a Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV y a dos directivos de Ford: Pedro M. Müller, que actuaba como gerente de Manufactura y en la presidencia ante la ausencia de su titular, Nicolás Courard, y a Héctor Sibilla, que se desempeñaba como jefe de Seguridad y Protección. Los tres están acusados de los delitos de privación ilegal de libertad y aplicación de tomentos a 24 trabajadores, que eran en su mayoría delegados sindicales, representados por los abogados de la querella, Elizabeth Gómez Alcorta, Tomás Ojeda Quintana y Marcos Aldazábal.

¿Por qué resulta tan importante juzgar la responsabilidad de las grandes empresas en la comisión de delitos de lesa humanidad? Muchos han sido los testimonios, desde el año 1984, con el trabajo en la Conadep y en el Juicio a las Juntas, que indicaron que empresarios y funcionarios empresariales habían participado directamente en hechos represivos y violación de derechos humanos contra sus empleados y empleadas.

 

 

La empresa Ford tuvo un lugar central desde aquellos años. La palabra de trabajadores sobrevivientes indicaba incluso que habían sido secuestrados y torturados dentro del lugar de trabajo. Juzgar a los responsables empresariales implica develar los entramados de las relaciones de poder que incluyen, pero van más allá, del poder militar que viene juzgándose especialmente a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia debida y Punto final.

El juzgamiento de la participación y la responsabilidad de las empresas en la violación de Derechos Humanos trasciende el orden jurídico nacional. Diversos nucleamientos a nivel internacional vienen trabajando, problematizando y realizando recomendaciones al respecto. La dificultad de juzgar las responsabilidades empresariales remite, entre otras causas, a que en muchos casos esas estructuras de poder se encuentran vigentes y fortalecidas, aun con diversas transformaciones ocurridas en las últimas décadas.

En nuestro proceso de justicia, estas dificultades se han expresado en la demora en el juzgamiento, por un lado, y en diversas estrategias que revocan los procesamientos e incluso la condena de empresarios. Es bueno recordar los casos de Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y Lemos, su administrador, en el que un fallo muy controversial de la Sala IV Casación, a cargo de Juan Carlos Germignani, revocó su procesamiento por “falta de mérito”; y el de Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, quien, condenado a 12 años de prisión luego de haber sido probada su participación en el proceso de secuestro y tortura de uno de sus empleados, fue beneficiado con la anulación de la condena por parte de la misma Sala de Casación.

En este sentido, la causa Ford tiene una importancia fundamental en el avance del juzgamiento de la responsabilidad civil en dictadura.

El poder de los grupos empresariales, y muy especialmente en momentos de extrema represión, es un poder muchas veces velado, oculto, sobre la vida y sobre la muerte de amplios grupos de la población. Este poder de vida y de muerte se expresa de diversas maneras, desde el control, la vigilancia y la regulación de la vida cotidiana, hasta la decisión de castigar y eliminar, por medio del asesinado o la desaparición, a aquellas personas que osan defender sus derechos. Hay algo que el poder no les perdona a estos trabajadores y trabajadoras: enfrentar la autoridad de los patrones, discutir las condiciones de trabajo e intentar disputar de igual a igual (aunque siempre es una disputa estructuralmente desigual) con la cuota de poder que los y las trabajadoras tienen: su fuerza de trabajo unificada y potenciada en la organización sindical. 

Develar este entramado de poder consolidado, fuerte, temible, en muchos casos omnipresente en los territorios y las vidas, requiere de la presencia y la voz de cientos de testigos que, muchas veces en soledad y con una persistencia que parece infinita, han realizado denuncias, se han presentado en los tribunales y han testimoniado en más de una causa. Cada vez que lo hacen, el pasado se hace presente y, paradójicamente, el poder de su palabra, que hoy puede llevar a la cárcel a sus verdugos, los sitúa nuevamente frente a los que los secuestraron y torturaron, reviviendo momentos en que se sintieron insignificantes, “ratas” en un pozo que transformó las horas en siglos.

 

 

EL TESTIMONIO DE TROIANI. Pedro era delegado en la empresa Ford en la sección de reparación final. En distintos momentos de su testimonio, se para frente a un plano de la planta de Pacheco y recorre con sus dedos los caminos internos que el 24 de marzo de 1976 se transformaron en los caminos que conducían al cautiverio que comenzó en los quinchos recreativos con los que contaba la empresa.

El 24 de marzo comenzó con la suspensión de toda actividad gremial y siguió con el secuestro y la desaparición de muchos trabajadores. Uno de los funcionarios que hoy estaría en el banquillo si no hubiera fallecido en estos años de reiteradas demoras en el comienzo del juicio, Guillermo Galarraga, el 24 de marzo les informó que, a partir de ese día, “los delegados son los capataces” y, si llegan a tener alguna actividad gremial, “no la van a pasar bien”. Estas palabras sembraron pánico en aquellos días en que las desapariciones habían comenzado a ser una realidad cotidiana. Muchos trabajadores, protegiéndose contra un destino prefijado, dejaron de ir a trabajar, se mudaron de casa y de ciudad.

La militarización de las fábricas y el secuestro de cientos de trabajadores y trabajadoras ocurrió en muchas grandes empresas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, como, por ejemplo, de los Astilleros Astarsa y Mestrina, Acindar, Dálmine Siderca, Lozadur y Cattaneo, como así también en muchos otros territorios del país (ver 25 casos de empresas en el libro sobre Responsabilidad empresarial en Delitos de lesa humanidad).

En Ford, existía una “guardia de Ford” que consistía en un grupo de hombres uniformados que aparentemente pertenecían a una empresa tercerizada pero que eran comandados por uno de los imputados, Héctor Sibilla. La llegada del Ejército se sumó a estas estructuras represivas internas con las que contaba la empresa previamente.

El uso de los quinchos y del transporte interno para las detenciones; la utilización de espacios fabriles como dormitorios de las fuerzas militares; el servicio del comedor a los militares; la circulación de personal jerárquico de Ford en los centros clandestinos de detención y el secuestro de los delegados más combativos son algunos de los indicios de la responsabilidad empresarial, que no sólo fue beneficiada con la “limpieza” de personal molesto, sino que impuso, a partir de allí, un aumento del ritmo en la maquinaria y una disciplina y una vigilancia internas estrictas.

Todo esto se suma al aporte de esta empresa con los autos que se convirtieron en emblemas del terror: los Falcon verdes utilizados por los grupos de tarea. Según recuerda Troiani, que trabajaba en la sección de reparación final, les llamaba la atención que muchos vehículos salieran de la planta sin los papeles provisiorios convencionales.

Pedro siguió yendo a trabajar. Creía que no había motivos para que algo le pasara, tan sólo era un delegado de sección. El 13 de abril, cuando llegó a la planta, como todos los días, fichó el ingreso, se dirigió a los vestuarios y luego a su sector de trabajo, donde alguien le informó: “No te muevas, porque te están vigilando”. Esto se confirmó cuando vio llegar una camioneta con cinco u ocho militares caminando al lado, que entraron al sector, preguntaron por él y lo llevaron detenido y esposado. Él, en ese momento, pidió tomar sus documentos, pero le informaron que “al lugar donde va no necesita DNI”. A partir de ese momento, sin saberlo, se convertiría en un desaparecido.

De camino a los quinchos, que, en la opinión de Troiani, sería el peor centro clandestino de detención por el que pasó, detuvieron a cuatro compañeros más: Carlos Propato -testimoniará en la próxima audiencia-, Juan Carlos Conti, Vicente Ismael Portillo y Rubén Traverso. Fueron trasladados en una camioneta F100 de uso interno de la fábrica. En los quinchos, ubicados en un sector recreativo de Ford, estuvieron detenidos clandestinamente por unas 12 horas. Los quinchos habían sido acondicionados a tal fin, tapiados con lonas verdes. Una vez allí, los encapucharon, les sacaron las esposas y los ataron con alambres. En ese momento comenzaron el martirio y los interrogatorios sobre su actividad sindical. Luego, antes de un simulacro de fusilamiento, fueron trasladados a una Comisaría de Tigre, donde se encontraron con otros trabajadores de su propia empresa y de otras fábricas de la zona norte como, Astarsa y Terrabusi.

En una celda de aproximadamente seis metros cuadrados, convivieron 11 detenidos que debían turnarse para dormir, por la falta de espacio. Uno de ellos le pidió a Troiani que por favor lo ayudara a morir.

En esa comisaría, se encontraba el teniente coronel Molinari, a quien había conocido estando en Ford, ya que se desempeñaba allí. Molinari lo interrogó sobre sus conexiones con otras fábricas del cordón industrial. Sobre su escritorio llegó a ver papeles, planillas y credenciales que identificaban a los trabajadores con el logo de Ford, duplicados. Luego de algunas semanas, fue trasladado a la cárcel de Devoto, donde él y sus compañeros de fábrica eran identificados como “el grupo de Ford”. Allí, por primera vez, recibió algunas visitas familiares. La violencia sexual contra las mujeres que los visitaban, entre ellas, su hijita menor, incluía requisas donde se les palpaban los genitales o se intentaba abusar de ellas. Esto llevó a Troiani a pedirles que por favor no lo visitaran. Finalmente, fue trasladado a una cárcel en La Plata, donde llegó en estado de desnutrición. Una vez liberado, estuvo sometido a una libertad vigilada, que incluía que, de tanto en tanto, gente de civil se presentara en su domicilio y lo llevara detenido por algunas horas a la Comisaría de Beccar.

Nunca más volvió a entrar en la fábrica, si cabe tal afirmación, ya que entra allí cada vez que da testimonio con valentía. La próxima audiencia quedó fijada para el próximo martes 6 de marzo, fecha en que declarará Carlos Propato, otro de los trabajadores detenido y sobreviviente de la firma Ford.