Patricia Walsh estaba en un teléfono público. Empezaban a terminarse los años 80 y, con ellos, varias ilusiones. Walsh hablaba con Alicia Oliveira, la abogada que la representaba en la causa que buscaba justicia por la desaparición de su padre, Rodolfo Walsh, periodista, escritor y montonero, herido de muerte y secuestrado por una patota de la ESMA. “No podemos hacer más nada, se terminó”, escuchó Patricia y dejó caer el tubo del ENTEL. Quedó paralizada. Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, con las que el presidente Raúl Alfonsín puso fin al proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura militar, inauguraron un período de impunidad en Argentina que, reforzado por los indultos a los jerarcas represores condenados durante los primeros años posterrorismo de Estado, duró casi dos décadas. Como los organismos de derechos humanos, Walsh caminó aquellos años con el fin de las leyes mal llamadas “del perdón” como uno de sus principales objetivos de vida. Insistió contra la indiferencia del arco político hasta que, un buen día, Néstor Kirchner, uno de sus integrantes, abrió una puerta.
A mediados de los 90, Walsh se sumó a la organización H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y, unos años después, se acercó a la izquierda, donde comenzó su militancia política. Fue candidata a presidenta y a jefa de Gobierno porteño por la Alianza Izquierda Unida, pero fue la banca que ganó en la Cámara de Diputados, en octubre de 2001, la que le permitió hacer su aporte para cambiar la historia.
La orden de arriba
Candidato del Frente para la Victoria dentro del Partido Justicialista, Néstor Kirchner ganó las elecciones presidenciales de abril de 2003. Su predecesor, Eduardo Duhalde, resistió hasta entonces en el sillón de Rivadavia desde el estallido de 2001 y, después de la masacre de los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, perpetrada en Avellaneda, apoyó al patagónico en la contienda contra el expresidente Carlos Menem, que compitió dentro del Partido Justicialista y alcanzó la mayor cantidad de votos, pero no se presentó a la segunda vuelta.
Kirchner alcanzó la presidencia, pero el duhaldismo y el menemismo se dividían mayoritariamente la representatividad del Partido Justicialista dentro del Poder Legislativo. Ni uno ni otro estaban interesados en ponerle fin a la impunidad de la que gozaban los represores de la última dictadura desde hacía casi 20 años y que, de hecho, parte de ese espacio había concretado con los indultos de principios de la década del 90.
Esa demanda de justicia, a la que el peronismo vetusto le dio la espalda, fue la que eligió el kirchnerismo como uno de los caminos para trabajar la transversalidad con la que, durante sus primeros años, pecheó a la derecha pejotista. Participantes de la contienda política de aquellos años coinciden en que fue “la voluntad política” de Kirchner de tomar el reclamo contra la impunidad de los genocidas y convertirlo en ley. “La orden vino de arriba”, subrayan.
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Eduardo Luis Duhalde era juez cuando empezó a tener conversaciones con el espacio de Kirchner, en la previa de la llegada del santacruceño a la Casa Rosada. Miembros de su equipo de trabajo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires recordaron que Duhalde “creyó” en el interés de Kirchner en “darle bola al reclamo de los organismos y levantar las banderas de memoria, verdad y justicia”.
Cuando el exgobernador le ofreció la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado y militante histórico no dudó en renunciar a la judicatura. “Lo creíamos loco. Hasta entonces, Kirchner era uno más, no había indicios de creer que sería diferente, pero él sabía que el fin de la impunidad estaba cerca y no se equivocó. No lo podíamos creer”, amplió Ciro Annicchiarico, que integró el equipo de Duhalde dentro del Ejecutivo desde el primer día.
A principios de junio de 2003, Walsh fue convocada por la Presidencia para participar de un homenaje que tuvo lugar en la Casa Rosada a los fusilados de José León Suárez, los hechos revelados por su padre en el libro Operación Masacre. “Me remarcaron que no me invitaban como diputada nacional, sino como hija de Rodolfo Walsh”, contó la exdiputada, quien acudió con un objetivo: entregarle el proyecto de ley de nulidad de las leyes a Kirchner, iniciativa que había vuelto a presentar en marzo de 2003, sin consenso.
No tenía idea de cómo hacerlo hasta que se cruzó con Eduardo Luis Duhalde. “Se me acercó, me dijo que había sido compañero de mi padre y yo aproveché y le fije que por esa amistad le pedía que me ayudara y le mostré la carpeta. Me respondió que era imposible, pero le pedí que encontrara la forma". Tras el acto, Duhalde le hizo una seña a Walsh para que se acercara a Kirchner antes de que el Presidente se retirara. Le dio la carpeta y se fue. A las cuadras, el entonces secretario de Derechos humanos le confirmó a la hija de su amigo que Kirchner le había pedido que “estudiara” el proyecto de ley.
El tiempo pasó y Walsh no tuvo más novedades.
“Me lo dijo Diosito”
Pasaron las semanas. Un buen día, Walsh se cruzó con Carrió en los pasillos del Congreso. Muchos de los diputados del ARI, el espacio político que Lilita había fundado, habían acompañado el proyecto de nulidad de las leyes de impunidad, como la diputada Marcela Rodríguez y el propio Macaluse. “Carrió me dijo que pidiera una sesión especial para tratar el proyecto en los próximos días. Yo le pregunté por qué y me respondió, con un gesto que era frecuente en ella y que era hasta gracioso: señalaba con el dedo hacia arriba y decía ‘me lo dijo Diosito’”. Cuando quiso saber más, Carrió le respondió a Walsh que, si no lo hacía ella, lo harían desde el ARI. Entonces, Walsh entendió que “algo se estaba moviendo” y, tras debatir con sus asesores, presentó el pedido para el 12 de agosto a las 14.
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Elisa Carrió junto a Néstor Kirchner y el entonces jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra.
En la mañana de aquel día estaba en el departamento que alquilaba en Almagro junto a asesores y militantes de derechos humanos. Un llamado proveniente de la Cámara de Diputados interrumpió las tareas de difusión y los preparativos para la sesión de la tarde. “Me comunicaron con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. "‘Usted ganó, diputada. Venga a la Cámara, que vamos a aprobar la nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final. La necesito en Labor Parlamentaria’, me dijo”, recordó la exlegisladora. Le preguntó por los indultos y Camaño le dijo que no.
Lo imposible solo tarda un poco más
En Labor Parlamentaria, quedó confirmado que la orden de ponerle fin a la impunidad venía “de arriba” y que, si bien era una situación “incómoda” para el oficialismo, ya que muchos de sus integrantes no estaban de acuerdo con la nulidad de las leyes, la orden se cumplió. “Que la decisión bajara desde el Ejecutivo fue decisivo. Si no era así, no salía”, recordó Macaluse.
El fusible que destrabó la situación fueron los indultos: el proyecto original de Walsh apuntaba, también, a anular los decretos con los que Menem había dejado en libertad a los genocidas que ya habían sido condenados, Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, entre ellos. Aquello, como Walsh recordó que Camaño le dijo, quedó fuera de la iniciativa que el PJ redactó aquel mismo 12 de agosto sobre la base de su proyecto y que firmaron los bloques mayoritario y minoritarios.
El fusible que destrabó la situación fueron los indultos: el proyecto original de Walsh apuntaba, también, a anular los decretos con los que Menem dejó en libertad a los genocidas que ya habían sido condenados: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, entre ellos. Aquello, como Walsh recordó que Camaño le dijo, quedó fuera de la iniciativa que el PJ redactó
“Desde Izquierda Unida decidimos apoyar la iniciativa y presentar el pedido de nulidad de los decretos de indultos en otro proyecto aparte ”, señaló Walsh, para quien “una victoria parcial, que era lo que se logró ese día, siempre es mejor que una derrota absoluta”. Bajaron al recinto, lograron el cuórum –179 legisladores y legisladores ocuparon sus bancas– y debatieron durante ocho horas.
Afuera, mientras, había una gran movilización. Walsh recordó a Adriana Calvo, sobreviviente de Circuito Camps y entonces integrante de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, como hacedora fundamental. También recordó a H.I.J.O.S. y la presencia del resto de los organismos de derechos humanos y de espacios políticos y sociales que escucharon el debate a través de altavoces que fueron ubicados en la Plaza de los dos Congresos, donde también hubo un escenario.
Pisando la medianoche, los votos de la mayoría del bloque oficialista, sumados a nueve votos radicales, el apoyo del ARI, del Frepaso y la Izquierda, la Cámara baja declaró las leyes de impunidad como “insanablemente nulas”. Aquella calle explotó de alegría: lo que se había reclamado durante los últimos 17 años estaba a un paso de volverse realidad.
Los días se precipitaron para lograr encauzar al Senado en la misma dirección. Allí, hubo varias rondas de reuniones para “ablandar” posturas dentro del oficialismo. El que más alejado estaba de la anulación de las leyes, no obstante, era el propio presidente de la Cámara, el vicepresidente Daniel Scioli, quien, tras la aprobación de Diputados, declaró que “en un país serio las leyes no se anulan”. El trámite, no obstante, fue rápido y el 23 de agosto la orden de arriba se cumplió: las leyes de impunidad no regían más.
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Néstor Kirchner abrió la ExESMA para que fuera un Centro de Memoria. Carlos Menem quiso hacer un emprendimiento inmobiliario.
