Hay un proyecto presentado por el peronista Juan Marino, respaldado por organizaciones del sector, que fueron a la cámara baja. Debate en el PJ.
Juan Marino, diputado de Unión por la Patria.
El ministro de Salud, Mario Lugones, volvió a quedar acorralado en el Congreso por incumplir la ley de emergencia en discapacidad, que el Parlamento sancionó el año pasado y ratificó tras un veto de Javier Milei. Diputados de Unión por la Patria (UP) anunciaron que impulsarán un juicio político al funcionario y lograron respaldo de organizaciones del sector.
Lugones siempre ignoró al Poder Legislativo. Nunca respondió pedidos de informes y faltó a una interpelación en el recinto. Hace veinte días, el funcionario presentó un proyecto en el Senado para borrar la mayor parte del contenido de la emergencia en discapacidad. Dispone que el valor de las prestaciones deberá ser una negociación entre las partes. Lo denominó un proyecto “contra el fraude”.
Por no aplicar en su totalidad la norma que busca derogar, el diputado de (UP) Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad, presentó un pedido para iniciar un proceso de remoción al ministro de Salud por mal desempeño. Lo ratificó en una audiencia organizada en la cámara baja, con más de 50 oradores vinculados a la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.
El pedido de juicio político tiene la firma de seis miembros de UP: Caren Tepp, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Victoria Tolosa Paz, Claudia Palladino y Sabrina Selva, quienes participaron del evento realizado en el edificio Anexo de Diputados.
“La idea es juntar aliados y emplazar a la comisión de juicio político para que se trate”, anticipó uno de los firmantes a Letra P. No es una tarea fácil: se necesita una mayoría en el recinto y en la comisión para abrir el expediente.
Marino tuvo que reiterar su vocación de echar a Lugones ante el reclamo de los invitados. “El proyecto de ley es un plan de negocios del ministro de Salud, Mario Lugones, que está en ese cargo para consolidar los negocios de obras sociales y prepagas. Si es ley, muchas personas no tendrán prestaciones”, denunció la actriz Lola Berthet, activista de los derechos de personas con discapacidad.
El pasado jueves, Berthet, su colega Valentina Bassi y el activista Gonzalo Giles visitaron a los senadores aliados del Gobierno en el Senado para pedirles que no se trate la iniciativa de Lugones. Se mostraron con Mariana Juri (UCR), Martín Goerling Lara (PRO), Flavia Royón (Primero los Salteños); y las tucumanas Beatriz Ávila (JxC) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). Por ahora, el proyecto está cajoneado.
La audiencia que se realizó en Diputados fue organizada por Marino como respuesta a la parálisis de la comisión de Discapacidad, que preside el oficialista Gerardo Huesen, quien les envió una carta a sus pares para justificar la falta de actividad.
“Durante demasiado tiempo se empujó a millones de argentinos a un modelo fantasma de discapacidad, donde el derecho existe en papel, pero se vuelve invisible en la vida cotidiana cuando faltan datos, controles, ejecución, accesibilidad y respuestas concretas”, dijo el diputado tucumano de La Libertad Avanza (LLA).
No se acercaron oficialistas a escuchar organizaciones y tampoco estuvieron representados todos los sectores de UP, lo que abrió especulaciones sobre falta de coincidencias en el peronismo sobre cómo llevar a cabo la pelea para garantizar el cumplimiento de la ley.
Estas diferencias en el peronismo quedaron expuestas en una reunión que hubo la semana pasada en el Consejo del PJ, cuando referentes del sector de discapacidad sostuvieron que hay dirigentes peronistas que protegen a Lugones. Dejaron traslucir sospechas sobre la relación que la dirigencia de UP mantiene con el ministro, por la cercanía con las obras sociales de los sindicatos.
Es conocida la relación del titular de la cartera sanitaria con Luis Barrionuevo, con quien sería socio del Sanatorio Güemes junto al histórico dirigente radical, Coti Nosiglia. También se lo vincula con la empresa de medicina prepaga Hominis.
En el informe que brindó ante Diputados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, surgieron otros datos sobre el patrimonio de Lugones a partir de preguntas del diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, presente en la audiencia de este jueves.
Adorni informó que desde 2022 Lugones cedió sus acciones en la empresa FonoSalud, dedicada al asesoramiento en salud, una actividad incompatible con su rol de ministro. Sin embargo, el diputado detectó que en la declaración jurada patrimonial de 2024 declaró que era titular del 50% de las acciones. “Miente Adorni o miente Lugones”, dijo Del Caño en un tuit.
El pedido de juicio político presentado por el PJ no alude a cuestiones patrimoniales, sino al vaciamiento del área de discapacidad y al incumplimiento de la ley de emergencia, que recién fue reglamentada en febrero, ante un pedido de embargo judicial.
Marino ampliará la presentación contra Lugones con detalles del incumplimiento a la ley de emergencia que confirmó Adorni en su informe. “Reconocen deudas de $ 69.559 millones desde noviembre hasta febrero del Programa Incluir Salud. Y dicen que es por una reorganización administrativa”, se indignó.
El diputado contó además que “cuando se le pregunta por qué hubo una subejecución de partidas en 2025 del 15% del presupuesto, la respuesta es porque hechos de ‘público conocimiento de ANDIS’. Están haciendo una eutanasia social con las personas de discapacidad”, sostuvo el diputado.
Los invitados también apuntaron a Lugones. Hubo referentes de instituciones de diferentes provincias, que dejaron de recibir los aportes del Incluir Salud y evalúan cerrar. Uno de los primeros oradores fue el activista Ian Moche, recordado por denunciar que el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, lo agredió en su despacho. El joven pidió a los presentes tomarse de la mano para pedir por la ley de emergencia.
Gonzalo Giles pidió no debatir la iniciativa que envió Lugones al Senado y reclamó coordinación de la oposición. “No les pedimos que vayan juntos de la mano a la elección, pero necesitamos que frenen este proyecto”, exigió.
Karina Castagnola, de la red de padres de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), también apuntó contra Lugones. Exhibió pancartas con su imagen, la de Milei, Karina Milei, Toto Caputo, Spagnuolo y Adorni, junto a la frase: “El fraude no son las personas con discapacidad. Son ustedes”.