Hacer periodismo en la dictadura: los años que vivimos en peligro

La muerte como noticia

En esa reunión no hubo instrucciones precisas sino reafirmación del “peligro subversivo”. Así fuera por temor o hábito, el clima de comprensión ya estaba creado.

A fines de 1974, tras la muerte de Perón, el gobierno intervino la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA), el principal sindicato de prensa de esos años. Decenas de delegados sindicales fueron despedidos por las empresas. En febrero de ese año la conducción del gremio, a cargo de los comunistas Enrique Tortosa y Sergio Peralta, había denunciado el asesinato de uno de sus afiliados. El cuerpo del reportero gráfico Julio Césas Fumarola apareció abandonado en los bosques de Ezeiza, acribillado con decenas de balazos. Fue el primero de varios centenares de asesinatos con la misma modalidad de la naciente Triple A, que aún no se identificaba como tal.

Promediaba 1975 cuando un comando de la Infantería de Marina ingresó al edificio del diario Crónica y, con autorización de sus directivos, lo allanó piso por piso en busca de los delegados gremiales. Todos salvaron la vida porque no los encontraron. Uno de ellos, Jorge Marrone, periodista de la revista Así y autor de una de las mejores coberturas del Cordobazo, se salvó ocultándose por horas en un tanque de agua.

Por esos mismos tiempos del Navarrazo, una bomba del Comando Libertadores de América -versión cordobesa de los parapoliciales- voló por los aires las nuevas rotativas importadas de Alemania Democrática por el diario La Voz del Interior. Era uno de los medios grandes del interior: su tirada rondaba o superaba los 50 mil ejemplares diarios. La mayoría de los diarios sólo cuentan hoy con edición digital, que les ahorra hasta el 70 por ciento de los gastos industriales y les permite la continuidad informativa.

Cuando en la madrugada del 24 de marzo un grupo de militares con ropa de fajina irrumpió en el departamento del teniente coronel Bernardo Alberte, en la avenida Libertador, y lo arrojó por la ventana desde un sexto piso, la prensa escrita -la única con peso propio en ese entonces- recogió la noticia como un mero hecho policial. Alberte había sido edecán de Perón en su primer gobierno y luego su delegado personal en 1968 para desbancar al vandorismo con la CGT de los Argentinos.

Bernardo Alberte

Parte de la sociedad suspiraba con alivio por el fin del gobierno de Isabelita con la creencia de que se ponía fin a la violencia sembrada por las bandas parapoliciales y los grupos armados de izquierda.

Pero ese asesinato abrió una nueva etapa del terror, sistemática y menos anárquica: la de los crímenes organizados y planificados desde el Estado. Con prisioneros políticos arrojados vivos al mar en los famosos “traslados” desde alguno de los 800 centros clandestinos de detención. Con el robo de bebés según el sistema franquista de entregarlos a familias “sanas” de confesión católica. En la expresión generosa que corría en aquellos días: la etapa en que los caníbales se comieron a los caníbales.

Gritos, susurros y los fantasmas que agita Javier Milei

Desde ese momento hasta mediados del ‘77 la cacería fue continua. Cuando hoy el presidente Javier Milei afirma que “no odiamos suficiente a los periodistas”, es inevitable evocar a los casi 250 trabajadores de prensa desaparecidos o asesinados, según los registros públicos.

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Algunos, en la misma puerta de su empresa, como el delegado gremial Héctor “El Negro” Demarchi, cuyo secuestro fue presenciado desde los ventanales de la redacción por sus compañeros de El Cronista Comercial. Tiempo después corrió igual suerte su propietario, Rafael Perrotta, vinculado a la inteligencia de la guerrilla guevarista.

Aunque el riesgo parezca hoy lejano, el discurso de odio presidencial y su negacionismo provocador, así como la virtual prohibición de las protestas callejeras y la represión focalizada en los fotoperiodistas como Pablo Grillo, reaviva los fantasmas. Otro tanto suma la tentativa de restablecer el espionaje interior y legalizar detenciones sumarias sin orden judicial por agentes de inteligencia

El secuestro de Timerman abrió un debate en el mismo gremio de propietarios en que revistaba el dueño de La Opinión. Columnistas del diario La Prensa hicieron explícita adhesión a la teoría de que la mayor falta de los militares era no haber blanqueado la lista de desaparecidos y que habría sido mejor fusilarlos públicamente. Era el método expresamente evitado por los militares argentinos a la luz de la experiencia de sus pares chilenos. Otros, como Rajneri, uno de cuyos sobrinos fue desaparecido en La Plata, plantearon elevar el tono en la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) y hacer las denuncias ante los organismos internacionales afines, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pero los grandes diarios porteños (Clarín, La Nación y La Razón) tenían otra prioridad. Es una historia conocida, aunque haya controversias. La sospechosa muerte en un accidente de aviación en México del banquero Graiver abrió, por vía de la sucesión, la ventana para que la proyectada fábrica argentina de papel de diario pasara a manos de empresarios amigables con el gobierno de facto. Con la viuda Lidia Papaleo de Graiver y parte de su familia bajo amenaza, los papeles de una transferencia acordada se rubricaron en noviembre del 76. Según la principal vendedora, en el despacho de Bartolomé Mitre. Luego todos fueron secuestrados por Camps.

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Se sellaba, así, una alianza que combinó intereses políticos de unos con beneficios económicos para otros.

Periodismo con dignidad

En un tiempo en que los grandes diarios del interior y sus radios eran empresas de familia cuyos jefes actuaban como verdaderos señores feudales de su comarca, hubo resistencias bizarras, pero eficaces, a la censura. El radical Arturo Etchevehere, dueño de El Diario de Entre Rios, se opuso a que un veedor militar controlara la edición de su matutino y, cuando terminó aceptando la intimación del jefe de la brigada blindada de Paraná, dispuso que las noticias vetadas fueran levantadas como se lo imponían, pero dejando en blanco el espacio: un registro nítido de la situación.

Si de actitudes valientes se trata, una de las más recordadas fue la del periodista José Ignacio López, quien en diciembre de 1979 preguntó directamente al dictador Videla por la suerte de los desaparecidos. Fue durante una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa Rosada y la cínica respuesta dio la vuelta al mundo: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”.

El periodista midió su oportunidad luego de que el papa Juan Pablo II hiciera referencia a los desaparecidos ante una multitud en la Plaza San Pedro. Por esos días un grupo de Madres de Plaza de Mayo había llevado su reclamo a Roma después de que en septiembre de 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara la Argentina recogiendo miles de denuncias de familiares de desaparecidos.

Nacho López aceptó luego la temeridad de su actitud pero, con humildad, afirmó que en los años de plomo “no fuimos pocos los periodistas que procuramos trabajar con dignidad”. Citó el caso de los que aprovecharon sus fuentes calificadas para consultar –aun sin obtener respuestas- por la suerte corrida por colegas o conocidos “chupados”. Pero también fue una forma de decir que la historia estaba mal contada o, al menos, no en toda su complejidad. Que era ingrata con varios de los que merecían reconocimiento y premiaba a los que sólo se refugiaban en el pasado.

Ser guapos

Medio siglo más tarde, muchos se cuelgan medallas por batallas que nunca libraron o que observaron a prudente distancia. Es hora de decirlo con claridad: ser guapo, y no sólo de palabra sino con el cuerpo y los riesgos presentes, había que serlo entonces. Estar ahí y en la disyuntiva de dónde ubicarse. Para la gran mayoría de los periodistas que no quisieron o no pudieron irse del país, aquellos años en que vivimos en peligro fueron de enormes desafíos. Para empezar, mantener un trabajo que garantizara el sustento y luego, de informar con honestidad y compromiso. Quien escribe estas líneas se contaba entre ellos.

Cuando hizo su famosa pregunta, López ya había renunciado a La Opinión, intervenida por un general, y trabajaba en el diario La Nación. También para la agencia Noticias Argentinas (NA), cuyas columnas informativas y de opinión se identificaban con las iniciales JIL al final de cada despacho. Fue un sitio privilegiado porque aquel servicio noticioso osado pero objetivo fue llenando las omisiones deliberadas que, por temor o conveniencia, eran lo habitual en los medios gráficos, radiales y televisivos.

La agencia, creada en 1974 por el periodista Horacio Tato por cuenta de los diarios del interior, tuvo como función primordial informar a sus abonados distantes de las noticias generadas en la Capital luego de que el gobierno peronista prohibiera que las agencias internacionales difundieran en el país sus noticias locales con la coartada de una supuesta “soberanía informativa”. En otras palabras: no quedar a merced de una única versión oficialista de los hechos y abrir el abanico a otras miradas menos complacientes. La consigna se mantuvo durante la dictadura.

Sólo un botón de muestra. La hoy clausurada agencia estatal de noticias Télam publicó el 24 de marzo de 1976 un perfil del dictador Videla casi como el de un galán de cine. “Alto, morocho, de mirada penetrante…”, decía en su primer párrafo, según el recuerdo filoso de uno de sus redactores de entonces, Carlos Rodríguez. Y debajo, las iniciales CM pertenecientes al director periodístico designado por el coronel interventor de la empresa.

Por el avance tecnológico y la multiplicidad de medios, esa diversidad de voces hoy resulta sencilla de conseguir: alcanza con mover el dial de una radio o de un canal de noticias a otro, o de buscar en el portal que mejor representa nuestros sentimientos. Pero, en tiempos de las teletipos y de trasmisiones a sólo 25 palabras por minuto, resultaba inviable. NA se puso al hombro la tarea con actitud profesional.

En octubre de 1976, Tato traspasó el umbral de su habitual parquedad de trato con autoridades gubernamentales y pidió cita con el ministro del interior, el robusto general Albano Harguindeguy. Lo hizo para reclamar por el secuestro y desaparición del reportero gráfico de la agencia Daniel Yaco, capturado junto a su pareja en un departamento del barrio de Belgrano.

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Harguindeguy primero negó todo, pero el trato propuesto fue sencillo: el hecho sería denunciado ante la SIP y entonces se transformaría en un problema para el gobierno. Torturados durante varios días, esa noche ambos fueron liberados de la división automotores de la Policía Federal, el mismo lugar donde años más tarde se tramitaron los documentos de identidad.

Por un despacho de NA, el 30 de abril de 1977 los medios argentinos tuvieron noticias de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Los corresponsales extranjeros todavía no las llamaban “las locas de la Plaza”, pero la cobertura local estuvo a cargo de un periodista fogueado, Gonzalo “El Chango” Aramburu, y fue escrita en la redacción por Julio Bazán.

Luego el seguimiento informativo de los organismos de derechos humanos pasó a manos de Osvaldo “El Ciego” Gazola, respaldado por Rodríguez. Tras el retorno de la democracia ambos cubrieron el histórico Juicio a los Comandantes, pero el primero para la agencia DyN, también creada por Tato pero a cuenta de un bloque empresario que incluyó a los accionistas de Papel Prensa, aunque continuadora de la tradición periodística de NA. En los años de violencia estatal todavía desatada, Norita Cortiñas visitaba habitualmente esas agencias con sus papelitos de novedades y recibía las muestras de respeto y cariño de todo el personal cuando en la mayoría de las redacciones esas mujeres todavía debían ser tratadas como leprosas.

Los despachos noticiosos de NA nutrieron la cobertura permanente y los editoriales pro derechos humanos esenciales del Buenos Aires Herald, cuyo director, el británico Robert Cox, debió abandonar el país en 1979 por amenazas. El periodista y su medio tuvieron un merecido reconocimiento posterior, pero sin aclarar cuál era su vía habitual de información.

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Otro tanto ocurrió con los informativos de Radio Colonia a cargo de Ariel Delgado, quien leía y enfatizaba con su entonación característica los despachos de NA que recibía por la cablera. Uno de esos cables de septiembre del 77 fue el que salvó la vida del sindicalista docente Alfredo Bravo, cuando el revuelo generado no pudo ponerlo a resguardo de los tormentos pero obligó a blanquear su detención por izquierda.

La agencia de los diarios del interior fue ganando prestigio con los años y sus despachos pasaron a ser insumos necesarios de la prensa porteña. NA llegó a citar incluso las informaciones de la agencia ANCLA (Agencia de Noticias Clandestinas) creada por Rodolfo Walsh desde la organización Montoneros, que difundía data sobre las acciones armadas del grupo y luego de la represión ilegal a sus militantes. Ya en 1982, durante la guerra de Malvinas, NA llegó a ser el único medio clausurado en dictadura, en ese caso por la cobertura del hundimiento del crucero General Belgrano. La prohibición por diez días no tuvo efecto porque siguió emitiendo desde el Diario Popular.

La fórmula parece hoy sencilla: ser objetivos pero nunca imparciales. Con “una de cal y otra de arena”, como repetía el jefe de turno Federico Vergara. Con al menos dos y más fuentes, como indican los manuales. Que los hechos estén por encima de opiniones y adjetivos. Una consigna que se aplicó a rajatablas incluso en la sección Deportes, según recordó uno de los encargados de cubrir el Mundial 78, Ezequiel Fernández Moores. Sin dejar de atender nunca la narrativa oficial, pero buscando siempre a la que la contradice. Un estilo que galvanizó la actitud de periodistas, reporteros gráficos y técnicos. Los que medio siglo más tarde podemos decir con orgullo que, en esos años en que vivimos en peligro, jugamos con la camiseta puesta.