Los archivos de las Fuerzas Armadas son uno de los focos de atención del gobierno de Javier Milei en su cruzada negacionista de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, abonada desde la campaña por Victoria Villarruel. Desde que La libertad Avanza llegó a laCasa Rosada, se dedicó a cercarlos, opacarlos y, ahora, pretende triturarlos. La Justicia le puso esta semana un freno y le prohibió tocarlos. ¿Qué atesoran esos papeles? ¿Por qué el oficialismo los quiere hacer desaparecer?
Apenas arrancó el año, una noticia encendió las alarmas de abogados, sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura: la Armada formalizaba unplan para mudar su Archivo General. Pero no sólo eso: en la resolución número 2025-02875824, fechada el 9 de enero, Jorge Raimondo, de la secretaría general de la fuerza, plantó que primero se haría una selección del material y luego, a partir del 10 de febrero, comenzaría el traslado de mobiliario y archivos elegidos, mientras que el resto de los documentos decía el memo- “quedarán en su lugar actual para su trituración y, si amerita, su digitalización por razones históricas/conveniencia de su preservación”.
La memoria que Javier Milei quiere borrar
La jugada se escribe en una cadena de acciones que el Gobierno nacional, representado en esta área por el ministro de Defensa, Luis Petri, llevó a cabo con el objetivo de opacar la memoria de las fuerzas sobre secuestros, torturas, homicidios y apropiación de bebés, entre otros crímenes. A principios del año pasado, el funcionario puso fin al trabajo de investigación de los archivos de las Fuerzas Armadas con fines de análisis sobre el rol de las armas en la última dictadura y de aportes a causas judiciales con el desmantelamiento de los equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionaron desde 2010.
Pero además, Petri fue de bruces contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a la que primero le negó información requerida por la búsqueda de los nietos apropiados que aún no conocen su verdadera identidad y que luego, para congraciarse con agrupaciones progenocidas, prometió cerrar.
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Aparte de los testimonios de sus integrantes –cosa que no ocurrió en casi ninguna oportunidad a lo largo de los 47 años que transcurrieron de los hechos–, todo lo que la Armada puede llegar a aportar para reconstruir y corroborar la responsabilidad de esa fuerza en secuestros y torturas, en robo de niños, en homicidios, en desapariciones y en el resto de los crímenes que tuvieron lugar durante la dictadura, está allí, en su Archivo General. Ese que sus autoridades intentan mudar y destruir.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, el acervo está aún resguardado en un predio en San Telmo (Bolívar al 1600), cerca del Parque Lezama, luego de que por lo menos dos jueces federales ordenaran que no se modificara su existencia ni su lugar de guardado. Es el archivo más importante de la fuerza, según indicaron expertos, y es enorme: calculan que el material ocupa entre 6 y 8 kilómetros lineales.
Los secretos de los archivos
¿Qué se resguarda allí? Legajos de personal de la Armada, incluidos fallecidos o retirados. Estos últimos son los más importantes para las causas judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad. De ese archivo desapareció, por ejemplo, el legajo del genocida Alfredo Astiz, aunque su participación pudo probarse gracias al trabajo de los equipos de relevamiento y análisis que trabajaron en los archivos de las fuerzas hasta mayo del año pasado.
También hay historias clínicas y actuaciones particulares de quienes formaron y forman parte de la Armada, otros elementos que fueron y son importantes a la hora de pensar en información valiosa para reconstruir el genocidio. Mucha información registrada en esta clase de documentos sirvió para desentrañar operativos de la represión ilegal.
“Las heridas que recibe el personal de las fuerzas en servicio se tramitan administrativamente, lo que requiere, entre otras cosas, de una descripción del momento en que la persona fue herida y su testimonio. En esa información se han encontrado datos importantes para reconstruir operativos, para determinar responsabilidades en secuestros u homicidios”, ejemplificó una fuente muy cercana a esta clase de expedientes. “Es gravísimo que pongan este archivo a discrecionalidad para ser destruido”, concluyó.
El acervo resguarda los partes mensuales de cada integrante de la Armada, es decir, el registro del lugar en donde cada uno prestaba servicio mes a mes. Esos documentos, por ejemplo, fueron fundamentales para desmentir la coartada de Horacio “Pantera” Ferrari, el último represor de la ESMA condenado a prisión perpetua, que insistió durante años en que él no había estado nunca en el centro clandestino.
¿Hay listas de desaparecidos? “Nadie puede asegurar que no las haya. Es muy grande el archivo y nunca fue relevado por completo. El equipo dedicado a eso fue desmantelado por esta gestión, así que es un territorio a explorar”, sostuvo Pablo Llonto, abogado querellante en causas de lesa humanidad.
Hace seis años inició un expediente judicial para que se investigue qué ocurrió con los archivos que la Armada generó durante la dictadura y que, por registros oficiales que el abogado halló en diversos legajos, sabe que existían en 1984, un año después de que la dictadura culminara y sus responsables ordenaran la destrucción de todo registro.
La resistencia que defiende la memoria
Los intentos de mudanza y destrucción del archivo de la Armada fueron respondidos. “Como prueba judicial la información que contiene ese archivo es irremplazable. Si se destruye no se recupera más, no existe en otro sitio”, advirtió Llonto, que actuó rápido y solicitó a la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que aplicara una medida de no innovar para que el acervo no se tocara. A su pedido se sumó el del fiscal que investiga en la jurisdicción, Miguel Blanco García Ordás. La magistrada avanzó con la medida.
La reacción de San Martín no fue la única. El fiscal federal de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani, solicitó a su fuero que impida la mudanza. Presentaciones similares se realizaron en el marco de la megacausa ESMA. El 7 de febrero pasado, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó no tocar el archivo luego de que lo solicitaran los fiscales federales de la jurisdicción Gonzalo Miranda y Ana Oberlin. En todas esas jurisdicciones hay investigaciones en curso sobre la actuación de la Armada durante la dictadura. Además, aún restan hallar alrededor de 300 nietos apropiados entonces.
La modificación del Archivo General de la Armada, dijo Kreplak en el otorgamiento la medida de no innovar, “comprometería severamente no sólo el derecho de las víctimas a obtener justicia y reparación, sino también la responsabilidad internacional del Estado argentino frente a los compromisos asumidos de garantizar la investigación diligente de los crímenes internacionales que se cometieran en su jurisdicción”. La Justicia puso el primer freno.
