El Presidente cederá en lo que sea para acordar y sumar gobernabilidad. Victoria Villarruel sale a la cancha. ¿Vuelve el Grupo A en Diputados?
Javier Milei y Victoria Villarruel.
La desazón de Javier Milei es total: sus funcionarios intentan hace 20 días que el Senado dictamine la ley ómnibus XS y la reforma fiscal que él mismo pidió, por escrito, tener sancionadas antes del 25 de mayo, para llegar con espalda a la firma del pacto con los gobernadores en Córdoba.
Las gestiones para cumplir los plazos del Presidente son desordenadas, con ausencia de interlocutores válidos y un desconocimiento del funcionamiento de la cámara alta que dilata los tiempos y empodera a los actores decisivos.
Este fin de semana había optimismo en la Casa Rosada y en el oficialismo del Congreso en poder exhibir un principio de acuerdo Nación-provincias, una foto necesaria para la épica libertaria. Se especulaba con usar los dictámenes como válidos para firmar el Pacto de Mayo, aunque al tener correcciones requerirán pasar por las dos cámaras para ser ley.
La oposición dialoguista, donde cada voto es decisivo, era más cauta y prefería esperar los borradores que prometió el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien recién el último martes aceptó que debía corregir los textos para avanzar.
¿Por qué se tardó tanto? Un senador con firma decisiva para dictaminar se frustraba con la explicación que le llegaba desde la Casa Rosada: que la reunión de Guillermo Francos y Victoria Villarruel con los jefes de bancada de hace un mes, en la que ni siquiera hubo asistencia perfecta, fue interpretada como un respaldo implícito a los proyectos que recién acababan de entrar en Diputados. El Presidente se hartó de la mala praxis de su equipo y exigió sumar a Villarruel a las gestiones para salir del encierro.
El mapa de la cámara alta explica la razón por la cual el Gobierno quedó enredado en su propia trampa. En cinco meses de gestión, el oficialismo se anotó un único éxito. Fue en diciembre, cuando Villarruel aprovechó la ola electoral y consiguió elegir autoridades sin ayuda de Unión por la Patria. Ese día, la vice obtuvo 39 votos, dos más de los necesarios para tener mayoría.
Repetir ese triunfo requiere ajustar con pinzas el reparto de poder no peronista, que incluye a la UCR, el PRO a partidos provinciales y a outsiders sin jefaturas visibles, como el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos Espínola, quienes comparten el bloque Unidad Federal junto a la cordobesa Alejandra Vigo.
En los últimos meses, el Gobierno se enfrentó a figuras y sectores del Senado que en diciembre se aliaron a La Libertad Avanza, como el bloque de Santa Cruz y el radical Martín Lousteau. La única manera que tenía Milei de evitar que esas tensiones alteraran la negociación de las leyes que pide era lograr el respaldo explícito de algún sector UP. Francos lo intentó, pero no consiguió que ningún miembro del interbloque conducido por José Mayans anticipara su voto a favor. Las promesas de los gobernadores que lo visitan no se plasman en los hechos. Todos saben que, en definitiva, no hay plata. Aún así, el ministro cree que para la ley ómnibus XS colaborarán en el recinto Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y -aunque con menos expectativas- el exgobernador tucumano Juan Manzur. Mientras ninguno lo diga públicamente, no puede jugar con esas cartas para arrear al resto del recinto. Cuánto más tiempo pase, más difícil será que las tenga alguna vez en sus manos.
Además, para que los proyectos se traten en una sesión deben dictaminarse en las comisiones y en los últimos quince días figuras díscolas de la oposición, como Lousteau y Guadalupe Tagliaferri (PRO), escondieron sus firmas para subirse el precio. Una práctica de manual. Milei debería saberlo: Las discusiones sobre el contenido de los textos son la consecuencia de este escenario hostil. No la causa.
Sin que el Gobierno pueda exhibir una mayoría, los rebeldes de cada bloque en la cámara alta sumaron poder. Esta semana los gobernadores radicales no hablaron y cedieron a los planteos de los tres detractores de un acuerdo parlamentario con Milei: Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad. Eduardo Vischi, jefe de la bancada, y el chaqueño Víctor Zimmermann llevaron el pliego de condiciones a Rolandi y Francos. El jueves lo ampliaron.
Rolandi entendió que Kueider es decisivo. Lo llamó y recibió de él un bodoque de propuestas. El entrerriano tiene demandas locales, como el sostenimiento de la Represa Salto Grande. Nadie le preguntó por ese tema, pero es lo que más le importa en su vida. Su socio, Espínola, no cuenta con firma en comisiones y también podría tener alguna inquietud particular. Esta semana, el correntino no se asomó fuera de su despacho. Los partidos patagónicos piden modificar la reversión de Ganancias, el capítulo V de la reforma fiscal, pero hasta hace 20 días coincidían en avalar la ley ómnibus XS, interesados en el Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Ante el río revuelto, los mandatarios australes salieron a pescar y el Gobierno ya no los puede dar por cerrados. El gobernador Claudio Vidal se desentendió del binomio de Santa Cruz en el Senado, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano. Le explicó a Francos que no los maneja y no lo ayudarán si resultan decisivos. Así están todos. Su colega rionegrino Alberto Weretilneck empezó a pedir: quiere borrar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino de las privatizaciones. Si suma unos votos más, el capítulo debería darse por caído.
Además, el exsenador reclama por el mantenimiento de rutas y obras paralizadas en su región. Hace causa común con su vecino, el gobernador neuquino Rolando Figueroa, quien estuvo en Buenos Aires y no llamó a su reciente socia, la senadora Lucila Crexell.
El jueves, Weretilneck, que aportó un voto clave para que los proyectos se aprobaran en Diputados, envió un mensaje a la Casa Rosada: le ordenó a su senadora, Mónica Silva, que se fuera del Senado para evitar el cuórum en la comisión de Presupuesto. Obligó a suspenderla.
Desde el jueves, las tareas en el Gobierno quedaron divididas, aunque sin la organicidad y fluidez necesarias para salir del pantano. Rolandi y Francos continúan a cargo de negociar el contenido de los proyectos con la oposición dialoguista.
Ajustan modificaciones al RIGI, al blanqueo y a la reversión del impuesto a las Ganancias. La UCR quiere corregir el capítulo de reforma de Estado, que permite disolver organismos. No acepta que quede desprotegido el Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue otro triunfo de Lousteau. Como la votación en el recinto, si se llega, será por artículos y no por capítulos, el oficialismo deberá atender cada reclamo de la oposición dialoguista para evitar que le reescriban los proyectos.
La coordinación con Diputados, que luego debe avalar o rechazar las correcciones, también es un tema de discusión. Para tener garantías de lograr el reconocimiento en Ganancias a su región, los gobernadores patagónicos amenazan con pedir que la reforma fiscal se trate en una sesión sin la ley ómnibus en el temario. Tienen los votos para imponer esa agenda.
El escenario está abierto y, por decisión de Milei, Villarruel fue empoderada como mediadora. La vice no discute el contenido de las iniciativas, sino que se dedica a acercar posiciones. En su entorno explican que la idea es destrabar la negociación cuando se dilate por egos o problemas de comunicación entre la Casa Rosada y los dialoguistas. Pasa seguido.
Hasta el jueves, la vice sólo participaba de las gestiones de forma implícita, a través del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, quien oficiaba de testigo y facilitador.
Instruidos por Milei, Francos y Rolandi le pidieron a Villarruel tomar cartas en el asunto y a las pocas horas la vice recibió a Lousteau y Abad, quien en una entrevista convirtió en meme la frase “no hay gestión de la ley”.
A Lousteau y Abad no les quedó la impresión de que Villarruel fuera a definir la letra chica de los proyectos, pero sí que está dispuesta a escuchar sus reclamos. El principal: empoderar a emisarios y evitar las agresiones públicas de Milei o alguno de sus trolls en las redes sociales.
Tagliaferri, la rebelde PRO, fue a la oficina presidencial del Senado con los funcionarios de sobremesa. Por si hacía falta, dejó claro que no será aliada del Gobierno, como sí ocurre con buena parte de su partido. El viernes, la vicepresidenta fue visitada por el gobernador de Chubut, Nacho Torres, enfrentado a Milei y con dos votos decisivos en el Senado.
Aún sin leyes en su haber, Villarruel logró una buena convivencia con la oposición no peronista que le reconoce no usar el dietazo para atacarlos, con gestos como evitar que su bloque abriera el debate en el recinto cuando se votó. Agregan fuentes de este espacio que ese día la vice cerró rápido la sesión para evitar que el jefe de LLA, Ezequiel Atauche, pidiera la palabra para insultar a la casta. Tenía un discurso preparado. Kueider y Espínola hablan por teléfono con la vicepresidenta con frecuencia. Este fin de semana se prometieron tener alguna llamada. Vischi visita su despacho casi a diario. Ahora tendrán más de qué conversar.
Como se explicó en esta columna, mientras en el Senado se estanca la discusión de la ley ómnibus XS y la reforma fiscal, en Diputados emerge una rebelión opositora que puede restarle gobernabilidad a Milei justo cuando más la necesita.
Esta semana, la cámara baja sólo dejó malas noticias para el Gobierno. La oposición citó a sesión el 4 de junio para aumentar las jubilaciones y cambiar la fórmula de movilidad. Estas variables están acordadas por todos los bloques y si bien la intervención de Martín Llaryora impidió un dictamen único, de una u otra manera, en el recinto se aprobará alguna versión final que obligará al Gobierno a poner plata.
El escenario anticipa ser un remake del Grupo A, aquella alianza opositora que dominó el recinto de Diputados durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez no exhiba la misma coordinación, pero puede que la consiga en el recinto para dar golpes certeros a la administración libertaria.
Este viernes, en el bloque UCR destilaron furia contra el aumento del 270% del presupuesto a la UBA dictaminado por el mileísmo, que no tuvo una equivalencia con el resto de las universidades. Quien haya tomado esa decisión en el Gobierno debería pagar el costo de haber acelerado la aprobación de un proyecto que obligará a Milei a actualizar las partidas de las casas de estudios superiores todos los meses.
En el Congreso acusan al asesor presidencial Santiago Caputo, quien luego de la marcha universitaria entabló un diálogo con el vicerrector de la UBA, el radical Emiliano Yacobitti, quien aportó votos para aprobar la ley ómnibus y la reforma fiscal en Diputados. La ayuda a la universidad porteña puede complicar el trámite de estos proyectos en el Senado. No alcanzó para ablandar a Lousteau -que se maneja con autonomía- y molestó al radical Flavio Fama, quien reclama fondos para la Universidad de Catamarca, dónde fue rector.
Para el martes, el bloque UCR de Diputados convocó a una sesión, en la que se emplazaría a reunir las comisiones el jueves para aprobar la semana siguiente una iniciativa de consenso que indexe el presupuesto universitario con la inflación. Unión por la Patria no definió si da cuórum o si dobla la apuesta con una agenda más amplia.
Con complicidad de un sector de la UCR, Alejandro Finocchiaro, del PRO, presidente de la comisión de Educación, buscó patear la discusión al segundo semestre. El conflicto por la UBA no lo permitió.