Una por una, las exigencias de la UCR y los partidos provinciales que el Gobierno se negó a atender. El fantasma de votar por artículo.
Martín Loustau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO). Dos críticos de la ley ómnibus de Javier Milei.
Javier Milei dedicará este fin de semana a estudiar en detalle las demandas de los bloques opositores dialoguistas del Senado para aprobar la reforma fiscaly la ley ómnibus XS, luego del fracaso en la búsqueda de firmas para dictaminar que le costó el Pacto de Mayo con los gobernadores.
Como explicó Letra P, la paleta de indecisos es diversa y, para sorpresa de los conocedores de la rosca legislativa, el Gobierno no hizo un abordaje focalizado en las figuras decisivas, quienes cuando vieron que no estaban los votos para avanzar sumaron demandas. Golpeado, Milei le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que interviniera.
Una torpeza del Gobierno fue no poner el ojo en las firmas que necesitaba para dictaminar. Los intentos fallidos por lograrlo no hicieron más que subirle el precio a los supuestos aliados.
Las demandas de modificaciones cada día son más y el Gobierno no está en condiciones de ignorar a nadie: sin Unión por la Patria puede reunir hasta 39 votos, dos más que la mayoría.
El Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) concentró las críticas del radical Martín Lousteau, quien logró arrastrar a varios de sus correligionarios y mostró como aliada a Guadalupe Tagliaferri (PRO). El sistema consiste en otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a la inversiones de más de 200 millones de dólares. Ni uno más ni uno menos.
El radicalismo pide una protección a la industria local o que, al menos, el RIGI no aplique para los insumos de las grandes empresas. Lousteau quiere, además, revisar el monto. Otra opción es que los beneficios sean por proyecto. El sistema tiene varios artículos que podrían revisarse, como el 162, que sería capaz de vulnerar a las autonomías locales.
El artículo 3 fue uno de los más cuestionados en la Cámara de Diputados, pero pasó el filtro de la votación en particular. Es el que permite al Gobierno disolver o fusionar organismos del Estado a su gusto. Hay una lista de dependencias protegidas y en el Senado se alargará. La UCR pidió incorporar el Banco Nacional de Datos Genéticos, por caso. Otros bloques pueden sumar otras áreas.
Es un capítulo que el Gobierno creía tener cerrado, luego de bajar de 41 a 11 la lista de empresas a vender y sólo cinco con privatización plena. En el Senado pasaron cosas: a los patagónicos los alcanzó el lobby de Aerolíneas Argentinas, que conecta ciudades de la región; y del Correo Argentino, una institución muy respetada en los pueblos australes. Los gremios de prensa solicitan que la radio y la televisión pública sean concesionadas. Temen que la privatización sea una pantalla para liquidar inmuebles valuados en millones de dólares. Si el Gobierno no cede, con los votos de Unión por la Patria, el capítulo podría caerse en el recinto.
El capítulo que elimina la moratoria previsional fue aprobado en Diputados con 125 votos, cuatro menos que la mayoría; y para el oficialismo fue necesario que hubiera bancas vacías. En el Senado no están las voluntades para avalarlo y el principal motivo es que al reemplazar la moratoria por una prestación proporcional a los aportes, se elevaría la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años.
Los outsiders y partidos provinciales tienen los votos para fijar una agenda y el Gobierno no puede ignorarlos. En su lista de reclamos, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) pidió cambiar casi todos los capítulos: plantea objeciones en temas que pasaron por alto en Diputados como la reforma del procedimiento administrativo, que fija duros castigos al Estado.
Kueider pide revisar algunos capítulos de la reforma laboral, un tema en el que también plantea sus disidencias el santacruceño Carambia. La reforma de energía y gas fue acordada con los gobernadores, pero tiene errores de redacción, según la UCR.
Otra demanda que puede aparecer es la obra pública. Lousteau solicitó reactivar los trabajos más chicos y varios gobernadores podrían seguirlo. Fue un reclamo generalizado al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su exposición del miércoles. Esta semana no se habló del capítulo del tabaco entre los senadores. No está claro si tiene consenso.
Es tal vez el capítulo que más rechazo concentra en el Senado, donde nadie puede creer cómo el Gobierno no hizo las cuentas y vio que los patagónicos representan el 25% del recinto. En esa región piden que los mínimos no imponibles, que el proyecto oficial reduce, sean un 22% más altos en zonas australes. De esa manera, no serían alcanzado personal petrolero, pesquero y portuario.
El Gobierno empezó a evaluar cómo satisfacer a los patagónicos y, al mismo tiempo, no molestar al resto. Hay jurisprudencia que impide la aplicación de alícuotas diferenciales. En la UCR pedirán que vuelvan las deducciones a actividades como las guardias médicas, eliminadas en este proyecto. Si no hay acuerdo por Ganancias, es casi imposible que avance la reforma fiscal y la ley ómnibus.
Lousteau tomó el guante y todos lo siguieron. El blanqueo que aprobó Diputados es de los más generosos que se recuerde y la cámara alta lo cambiará. La UCR solicita excluir a los hermanos de los funcionarios, como así también extender el tiempo que debe haber pasado para que puedan beneficiarse quienes ocuparon un cargo público. Otro reclamo es la eliminación de los testaferros (están incluidos para declarar bienes) y la posibilidad de blanquear criptomonedas.
El cambio de las escalas y los montos de facturación que se implementan en el régimen simplificado eliminan el monotributo social. El Gobierno ignoró el reclamo de la oposición y, como pasa en estos casos, todo terminó mal. En el recinto se incorporó un compromiso para revisar el tema en 90 días y los bloques dialoguistas en el Senado quieren corregirlo en el texto del proyecto.
Se trata de otra incorporación en la sesión de Diputados que puede traer problemas en el Senado. Es el compromiso asumido por el Gobierno de revisar los gastos tributarios por hasta 2 puntos del PBI. Así se denominan a los beneficios otorgados a sectores específicos, como el régimen especial de Tierra del Fuego. El lobby de varios sectores se hizo sentir en la cámara alta.
Otro dato que empezó a alterar al Gobierno es que en el Senado no se vote por capítulo, como se hizo en Diputados el último 30 de abril. Esta metodología agiliza la aprobación del proyecto en particular y hace más compleja la tarea de desmenuzar el texto, tal como ocurrió en el verano cuando naufragó la primera ley Bases, cuando a pedido de la UCR se votó por artículos e incisos.
En la cámara alta, la oposición no quiere tratar los proyectos por capítulos y, de esta manera, los 238 artículos de la ley ómnibus y los 113 de la reforma fiscal se debatirán de a uno. La sesión puede demorarse varias horas. O días.
Una cuestión relevante serán las mayorías con las que se vote cada artículo. Si hay 15 opositores no peronistas que se suman a los 33 de UP, reúnen dos tercios. De ocurrir, Diputados necesitaría esa mayoría para ratificar la versión original y el bloque de Germán Martínez tiene número para impedirlo.
Está ecuación provocó una mini interna en el bloque UP del Senado: los patagónicos piden a sus pares votar a favor de la reversión de Ganancias, si se le anexa una reconocimiento para su región.
Aunque en el Senado los debates son más ordenados que en Diputados, si el Gobierno no cierra un acuerdo le pueden reescribir cada párrafo, con un resultado impredecible. Sobre todo porque La Casa Rosada necesita evitarlo. Es una de las tareas asignadas a Villarruel.