UP consensuó una fórmula con UCR y HCF, que integra Córdoba. Pero el gobernador exigió liquidar el FGS para pagarle y hubo dos dictámenes. Sesión el 4 de junio.
Martín Llaryora, frena un aumento a jubilados
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, impidió este miércoles un acuerdo de la oposición para modificar la fórmula de movilidad de Javier Milei. El mandatario exigió sumar el financiamiento de la caja previsional de su provincia con bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Las negociaciones seguirán hasta el 4 de junio, día que se fijó para una sesión.
Este planteo de Llaryora echó atrás un consenso que ya se había cerrado en la Cámara de Diputados entre Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal -que integran cordobeses-, Innovación Federal (partidos provinciales) y la Coalición Cívica.
La bancada de UP conducida por Germán Martínez acepta la asistencia a las cajas previsionales, pero se opone a usar dinero del FGS, que el Gobierno proponía liquidar en la versión original de la ley ómnibus. El dictamen de UCR-HCF, además, pide usar esos fondos para cancelar 90 mil sentencias judiciales.
El resto del acuerdo estaba cerrado y formó parte de los dos dictámenes. Se propone sostener la indexación por inflación (IPC) que dispuso Milei, con un aumento equiparable al 50% de la suba del salario real. La diferencia es que UCR-HCF propone que se pague sólo una vez al año.
También ambos despachos tienen un aumento del 8,1% en los haberes previsionales, por encima del 12,5% que dispuso Milei, que cierra en un 20,6% total.
La cordobesa Alejandra Torres explicó el motivo del desencuentro con UP. “Lo único que pedimos es que se utilicen recursos públicos para cancelar deudas de 90 mil beneficiarios del SIPA que estuvieron durante años litigando como consecuencias de decisiones antojadizas”, señaló.
También pidió por “beneficiarios de cajas previsionales que se han normalizado sus cajas y por distintos acuerdos y fallos de la Corte, el Estado está obligado a hacer frente”.
Itaí Hagman, de UP, contó que el dictamen de su bancada era diferente, pero cedieron en busca de un acuerdo que no fue posible. “Esto expresa que sostenemos la voluntad expresa de ir a una sesión y limar las asperezas. No puede ser que el FGS nos impida acordar”, se lamentó.
El PRO insistió con su proyecto, que dispone pagar el 8,1% en 12 cuotas, mientras que el oficialismo se mantiene firme en defender su decreto, que fija un ajuste mensual por inflación desde julio.
“El Gobierno tiene sensibilidad, sino no hubiera dado la cantidad de bonos y aportes que ha dado”, justificó la decisión el oficialista Julio Moreno Ovalle.
Juan Manuel López, de la Coalición Cívica también confió en un consenso. “Estamos pidiendo un acto de justicia mínima que hay que hacer, recuperando los puntos de inflación. Hemos llegado a un consenso muy grande muchísimos bloques y esperamos llevarlo al recinto”, confió.
De esta manera, el dictamen de UP fue el de mayoría, con 33 firmas, seguido por el que suscribieron UCR-HCF-IF y CC, que sumó 19. El PRO reunió 8 y el oficialismo, 12. El FIT, con propuestas más pretensiones, tuvo dos rúbricas.
La UCR y HCF llamaron a sesión el 4 de junio con estos expedientes y hasta el momento de votar continuarán las negociaciones. Los firmantes del primer y el segundo dictamen se necesitan para reunir una mayoría.
Si el dictamen de UP no tiene los votos para imponerse, deberá considerarse el siguiente, que podría aprobarse en general y perder el artículo 10, que resigna fondos del FGS en las provincias. Hay tiempo para llegar a un acuerdo.