El Senado sería el 21. Universidades y Garrahan, en agenda. Están los votos para darle un nuevo golpe al Gobierno al inicio de la campaña.
Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, referentes de Unión por la Patria en el Senado.
Javier Milei no tendrá un inicio tranquilo de campaña para las elecciones legislativas: en el Senado, la oposición ya fijó los tiempos para derogar los decretos de Federico Sturzenegger que achican el Estado y sancionar los dos proyectos aprobados la semana pasada en Diputados: la emergencia en pediatría y el aumento del presupuesto universitario.
Estos temas motivaron una cadena nacional del Presidente en defensa del equilibrio fiscal, con la promesa de pedir prisión para legisladores que voten subir el gasto.
Como anticipó Letra P, Unión por la Patria (UP) buscará una sesión en el Senado el jueves 21 para rematar estos expedientes. En el caso de los proyectos de ley, necesita que sean dictaminados siete días antes.
Con ese objetivo, citaron a plenarios los titulares de las comisiones cabeceras, que son del peronismo: Lucía Corpacci (Salud) y Eduardo De Pedro (Educación). En la emergencia pediátrica también interviene Población y Desarrollo, que encabeza Stefanía Cora, de UP.
Para ambos proyectos, la otra comisión que debe actuar es la de Presupuesto, que controla el oficialismo a través de Ezequiel Atauche, quien la tiene estratégicamente cerrada y no tiene intenciones de abrirla. En UP aseguran que el reglamento lo obliga a citarla si fue pedido un plenario.
Si LLA objeta la convocatoria, UP usará a su favor la auto convocatoria a la comisión de presupuesto que realizaron hace un mes para destrabar los últimos proyectos sancionados: aumentos jubilatorios y emergencia en discapacidad.
El antecedente, validado en la sesión, le impide al oficialismo cajonear proyectos. UP decidió jugar a fondo porque, como esa vez, confía en que hay mayoría para despachar, con las firmas de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, del PRO, cercana a Horacio Rodríguez Larreta.
Luego de la sesión en Diputados, el peronismo del Senado puso el pie en el acelerador y hasta hubo gestiones para sesionar este jueves y voltear los decretos. Chocó con el pedido de los aliados, que exigieron patear todo una semana.
Milei no tiene chances de evitar una dura derrota en el Senado, porque hay una mayoría dispuesta a complicarlo. UP tiene 34 votos propios, tres menos que el número necesario para el cuórum. Puede alcanzar el piso con el aporte de Blanco, Lousteau y Tagliaferri.
También podrían sumarse Maximiliano Abad (UCR) -rechazó los decretos cuando se votó la ley Bases- y la rionegrina Mónica Silva, quien avisó este martes que está dispuesta a viajar si abre el recinto el jueves. Es una militante firme de la emergencia pediátrica y del refuerzo al presupuesto universitario.
La posibilidad de sesionar el jueves estuvo presente hasta el mediodía de este martes, pero se frustró porque los aliados de UP prefieren reunir todo en una sesión. Además, algunos peronistas no estaban enterados de que podría abrirse el recinto y nunca viajaron.
Lousteau era el menos interesado en unir todo en una sesión. Sucede que voltear decretos delegados que achicaron el Estado tuvo algunas mayoría justas en Diputados y algunos pueden caer en el Senado. El que cambia las reglas del juego en la marina mercante es el más complicado: en la camara baja se aprobó con 118 votos a favor, menos que la mayoría. Sólo tocaron el botón verde UP y la izquierda.
El resto de los decretos de Sturzenegger tuvo respaldo de otras bancadas opositoras y serían eliminados definitivamente en el Senado. Uno es el que le quita autarquía del INTA y el INTI; y otro, el que cierra organismos de la Cultura, como el Instituto del Teatro y la comisión de bibliotecas populares.
Diputados también votó en contra del decreto que modifica las funciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; y del que elimina la Agencia de seguridad Vial y la dirección nacional de vialidad.
La sanción de nuevas leyes con costo fiscal implicará nuevos vetos de Milei, por lo que la mira estará puesta en la mayoría reunida para votarlos en el Senado. En Diputados, el refuerzo presupuestario quedó a un voto de esa mayoría y la emergencia en pediatría la alcanzó con creces. Es el número necesario para sostener eventuales vetos.
El proyecto sobre presupuesto universitario tomó como base un pedido de los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Contempla una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades al 1 de enero de 2025, actualizado por el INDEC, según la variación de precios del último semestre del año pasado.
El refuerzo incluye a hospitales universitarios y programas especiales. Contempla la actualización en forma bimestral de esas partidas hasta diciembre, también indexadas por inflación.
Con el tratamiento salarial, se establece un incremento de los haberes de los docentes y no docentes en función de la inflación, con retroactividad a diciembre de 2023. La suba debería hacerse efectiva al mes siguiente de la sanción del proyecto y debe ser remunerativo y bonificable.
La emergencia en pediatría y residencias fue impulsada por el diputado de UP Pablo Yedlin, pero tuvo apoyo casi toda la oposición. Dura un año y en ese tiempo podrían realizarse compras discrecionales, un aspecto que fue cuestionado por algunos bloques opositores durante el debate en comisión.
Si bien el debate legislativo se inició por el conflicto del Garrahan, el proyecto aprobado excede la situación de ese nosocomio porteño, al que, de todos modos, en uno de los artículos se exige garantizar su funcionamiento por ser "hospital de referencia nacional en atención pediátrica".
La iniciativa obliga a una recomposición salarial inmediata de "personal asistencial y no asistencial" que atiende a la población pediátrica, como también a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. Estipula una actualización "en términos reales" -por inflación- a noviembre de 2023.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estos incrementos implicarían un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Anualizado, significa $133.433 millones.