Crea otra estructura con nombres propios para raspar al TSJ. Prescindencia en la disputa por la sucesión de Angulo. Búsqueda de equilibrio en el MPF.
Archivo: Luis Angulo y Martín Llaryora, durante la inauguración del edificio de Tribunales en Villa Carlos Paz
Formalmente presentada como un organismo para tutelar los derechos de las personas privadas de su libertad, la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba representa otro movimiento político estratégico del gobernador Martín Llaryora en el expandido tablero de la Justicia provincial.
La nueva estructura, cuya creación ameritó un ríspido debate en la caliente sesión del jueves, permite al gobernador tener otra instancia que controlará en tanto titular del Ejecutivo, en la que tendrá facultades para designar nombres propios y con la que podrá sumar contrapeso al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ).
La jugada amerita interpretaciones sincrónicas y diacrónicas. Sucede en un momento convulsionado, con conflictos derivados de escaseces económicas varias, mientras se define el recambio de autoridades en dos entidades claves para la Justicia: el Ministerio Público Fiscal y el propio TSJ. También confirma que Llaryora hilvana acciones pensando una acumulación de poder que le permita fortalecer su proyección política, ora como gobernador reelecto, ora como figura central de un peronismo cordobesista que sigue soñando con que sus modelos de gestión gocen de reconocimiento nacional.
La Procuración Penitenciaria fue presentada formalmente como “un organismo dedicado al control del funcionamiento de establecimientos de detención. Esto incluye cárceles, alcaidías y cualquier otro espacio donde se ejecute una medida restrictiva de la libertad”.
El proyecto legislativo correspondiente comenzó su recorrido al cierre de la semana pasada. Desde entonces, arreciaron críticas desde todos los sectores.
Primero fueron los gremios estatales, enfrascados con el gobierno provincial en una pelea por el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Sus referentes se manifestaron azorados por la creación de un organismo que requerirá miles de millones de pesos en el preciso momento en que se ratifica una nueva medida para aumentar sus aportes como mecanismo para paliar el rojo previsional, estimado en 800 mil millones de pesos.
Luego, mediante un comunicado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura destacó que la iniciativa “presenta importantes inconsistencias respecto de las obligaciones asumidas por la República Argentina”, al tiempo que observó la falta de independencia funcional y autarquía financiera del órgano. “Se sitúa al organismo dentro de la órbita del Poder Judicial, con dependencia administrativa, presupuestaria y de personal del Tribunal Superior de Justicia”, expresó.
El jueves, en la sesión, la oposición amplificó tales reclamos, pero les sumó pimienta política. Los siete bloques opositores, que se expresaron en contra, apuntaron a las condiciones previstas para los integrantes del nuevo cuerpo, con cargos vitalicios, remuneraciones equiparables a los miembros del TSJ y jubilaciones de privilegio. Pese a que algunos puntos fueron corregidos, seis de aquellas bancadas se levantaron al momento de la votación.
El oficialismo presentó la iniciativa como una reparación con carácter histórico. La narrativa omitió que se trataba de un proyecto que llevaba varios años circulando en los despachos de la sede gubernamental.
Se adjudica su autoría al ministerio de Justicia, se vincula su desempolvamiento a una intención del gobernador de ampliar redes en la Justicia de Córdoba. Un órgano bajo control del Ejecutivo, con jugadores seleccionados desde allí. Aunque originalmente se hayan ofrecido lugares a la oposición, su declinación facilitaría el camino para ubicar “tropa propia”.
En los corrillos remarcan que entre las voces críticas también se cuenta el propio TSJ. No sólo por la detracción de fondos, sino también por la emergencia de otro órgano que puede ofrecer disputas. Siquiera simbólicas, ya que la Procuración no tomará decisiones vinculantes.
También ven allí una posible catapulta para aspirantes potenciales a integrar el máximo órgano judicial. Un paso previo, suerte de by pass a los procesos endogámicos que se perpetúan en la Justicia provincial.
Dicho trayecto implicaría un máximo de cinco años para quien resulte elegido procurador, plazo corregido en la discusión parlamentaria. Consecuentemente, podría tallar en un próximo proceso renovador que, se da por descontado, ocurriría durante un hipotético segundo mandato de Llaryora.
Sólo así, barruntan fuente consultadas, puede entenderse la decisión del gobernador de impulsar una iniciativa que conlleva conflictos, en un momento inapropiado, afrontando para ello duros cuestionamientos.
Varios nombres se barajan como posibles procuradores. Algunos mentan al fiscal federal Maximiliano Hairabedian. La opción parece inverosímil, toda vez que implicaría dejar el fuero federal, una estación mucho más jerarquizada ya. Otros apuntan a un funcionario que provenga del Ministerio de Justicia, mejor vía para garantizar fidelidad al proyecto político. También cotiza el nombre del fiscal general adjunto, Alejandro Pérez Moreno.
Esta mención remite directamente a las disputas en el Ministerio Público Fiscal. Pérez Moreno, hombre que orbita en círculos llaryoristas, parecía el candidato natural a reemplazar al fiscal general, Juan Manuel Delgado, quien llegara al cargo con cerrado apoyo institucional durante la gestión de Juan Schiaretti.
Sin embargo, declaraciones polémicas sobre el uso de determinadas herramientas legales por parte de los fiscales, que a él responden, lo ubicó en el centro de los cuestionamientos. Instructores de reconocido peso llegaron a denunciarlo ante el TSJ, con el acompañamiento del propio Delgado.
Tal conflicto es parte del trasfondo detrás de la elección de Carlos Rubén Lezcano como postulante a la fiscalía general. Como contara Letra P, es un juez de Control respetado por sus pares y varios de los fiscales “díscolos”. Además, se le reconoce militancia peronista desde sus épocas de abogado, integrando distintas oleadas de profesionales que llegaron a la Justicia en épocas de José Manuel de la Sota.
Enemistado con Luis Juez, hay quienes leen su empoderamiento como una chicana al senador. Otros creen que su nombre aportaría equilibrio al convulsionado MPF. Por encima de ello, Lezcano ya reunió importantes avales para su nombramiento: la Academia de Derecho y Ciencias Sociales; las 62 Organizaciones; Comunidad Islámica; DAIA; Pedro Yanzi Ferreyra, exdecano de la Facultad de Derecho; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Siglo 21; Bolsa de Comercio; el Colegio de Abogados de Córdoba; la Asociación de Abogados Penalistas.
Una suma de apoyos que define un perfil bien distinto al de su antecesor, al tiempo que ilumina voces que serán consideradas a la hora de definir la política penal de la provincia. Por si acaso, bien cerca, con creciente influencia, observa el también defensor adjunto Héctor "Chirola" David.
El arrojo del gobernador para jugar en terrenos judiciales contrasta con la mesura que exuda su entorno a la hora de analizar la discusión por la sucesión de Luis Angulo como presidente del TSJ.
Imposibilitado de una re-reelección, el mandato del exministro de Justicia se extiende hasta el lunes próximo. A sólo 48 horas no hay certezas aún sobre su sucesión. Aunque muchos descuentan que la presidencia volverá a la poderosa Sala Penal, los principales candidatos no parecen reunir el consenso necesario: Aída Tarditti y Sebastián López Peña.
Dado que ambos aparecen hoy en frecuencias distintas a las que quiere sintonizar el gobernador, algunos ven crecer las chances de Juan Domingo Sesín, quien ya presidiera el máximo órgano en siete ocasiones, la última de ellas en 2023.
Se trataría de una salida “institucionalizada”, interpretan cabilderos de la zona tribunalicia que prevén un entibiamiento de la interna renovada. Sesín integra el TSJ desde hace 30 años y es uno de los miembros más longevos. Durante el gobierno de Mauricio Macri sonó como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia.
La misma hipótesis valida lo que expresan en la Gobernación: Llaryora no tiene intención de intervenir en la puja. Con una sola ficha propia, Jessica Valentini, entiende que no es momento de enfrentamientos directos. Mejor resulta, dicen al frente, demostrar capacidad de fuego desde vías alternativas.