Busca subir aportes de quienes más ganan. Protesta de estatales. El Ejecutivo habilitó una mesa de diálogo. Reclamo a la Casa Rosada por el desfinanciamiento.
Córdoba: Llaryora arrancó la reforma de la Caja de Jubilaciones con una negociación áspera con los gremios
El conflicto por la Caja de Jubilaciones de Córdoba entró en fase de choque frontal. Con el desfinanciamiento sostenido del gobierno de Javier Milei como telón de fondo, Martín Llaryora plantó bandera con el proyecto de Presupuesto en la Legislatura. Los gremios salieron a las calles y se estableció una mesa de diálogo.
Facundo Torres Lima, flamante presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba es la voz cantante del gobierno y negociador designado en el conflicto tras la salida de Miguel Siciliano, quien asumió este martes como ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia.
La jugada que desató una rebelión sindical incluye un artículo que habilita al Ejecutivo a aumentar los aportes personales del personal en actividad con haberes mayores a 2,5 millones de pesos. La discusión ya no es técnica, es política, salarial y callejera. En juego está quién paga el déficit previsional: si el gobierno nacional, como reclama el Ejecutivo provincial, o los propios trabajadores que sostienen el sistema.
La respuesta sindical, ante la posibilidad de un aporte extra, fue inmediata. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Luz y Fuerza, Empleados Judiciales (AGEPJ), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), La Bancaria, y el resto del arco estatal calificaron la medida como “confiscatoria” y convocaron este martes por la mañana a una movilización frente a la Legislatura.
El diagnóstico gremial es unánime. Acusa al gobierno provincial de pretender tapar el problema de la sustentabilidad de la Caja con más descuento sobre salarios que ya vienen golpeados por la inflación y por aumentos previos de aportes. Para los sindicatos, el Presupuesto esconde un ajuste encubierto.
Con dardos cruzados entre gremios, la provincia y la Nación, los representantes sindicales repiten: “No vamos a ser la variable de ajuste del conflicto entre Llaryora y Milei”.
Rubén Daniele, secretario general de los municipales, uno de los gremios más fuertes de la provincia sostuvo que “no hay ningún déficit. Acá hay una diferencia entre ingresos y egresos. Hace 41 años que discutimos eso”.
El dirigente, al frente del gremio municipal capitalino desde hace 40 años, apuntó a la falta de aportes de quienes, según sostuvo, distintos municipios y la provincia tienen trabajando en la informalidad. “Si los pusieran en blanco y aportaran, la plata sobraría”, dijo a viva voz en el acto central.
Con este clima caldeado, las marchas convocadas y los gremios en la calle, la Mesa de Trabajo Permanente con los estatales se activó en la Legislatura de Córdoba bajo la coordinación del oficialismo, con Facundo Torres Lima al frente del esquema político de diálogo.
Junto al secretario General de la gobernación, David Consalvi, y al presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, el gobierno provincial recibió este martes a los representantes sindicales para exponer el cuadro crítico que atraviesa el sistema previsional, marcado por la falta de envío de fondos por parte de la Nación.
El funcionario señaló que el encuentro fue “positivo” y que se detalló el estado “alarmante” de la Caja, se evacuaron dudas técnicas y políticas y se acordó discutir salidas conjuntas a la crisis. “Se espera un déficit de 750 mil millones de pesos que la provincia deberá afrontar con patrimonio de todos los cordobeses”, señaló a Canal 10.
Durante la reunión también se explicó el alcance del artículo 63 de la Ley 8024, que permite al Ejecutivo cordobés subir los aportes jubilatorios personales de un 2% hasta un 4%, y “la voluntad de no usarlo”. Se trata de una herramienta vigente desde hace años que ahora el Panal analiza prorrogar en medio de la incertidumbre financiera.
"Lo único que tratamos es traerles tranquilidad a los trabajadores y defender este paquete presupuestario en donde el Código Tributario, en su artículo 63, establece la facultad de la prerrogativa al gobierno provincial que, de ser pertinente o necesario, pueda activar esta cláusula", indicó Torres Lima y ratificó que se continuará reclamando ante la Nación los recursos que le corresponden por ley y pone a la Provincia en una “situación de indefensión económica”.}
Además, sostuvo que la Caja de Jubilaciones “no es una variable de ajuste”, sino una responsabilidad institucional, social y política.
El oficialismo cordobés repite que la crisis de la Caja es responsabilidad directa de la Casa Rosada, que dejó de enviar los fondos compensatorios a las provincias con sistemas previsionales no transferidos.
Llaryora judicializó el reclamo ante la Corte Suprema y logró un primer acuerdo parcial con la ANSES, que empezó a girar fondos en cuotas ($60 mil millones a cuenta de 2025 abonados con aportes mensuales de $5.000 millones durante 12 meses).
El alivio fue insuficiente frente al tamaño del agujero financiero que proyecta Economía para 2026. Con ese escenario, el Presupuesto enviado a la Unicameral incorpora un artículo clave habilitando al Ejecutivo a subir hasta cuatro puntos los aportes personales de los trabajadores si se declara la emergencia previsional.