lCarolina Cordero, exdirectiva de Contenidos Públicos durante la gestión macrista del actual ministro porteño, afronta cargos por peculado y defraudación al Estado.
Hernán Lombardi fue el coordinador de los medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri.
ombarLa Justicia procesó y embargo por 100 millones de pesos a Carolina Cordero, actual funcionaria porteña cercana a Hernán Lombardi, por haber utilizado material audiovisual financiado por el Estado para producir un documental personal. Hoy integrante del Ministerio de Cultura porteño, Cordero enfrenta cargos por peculado y defraudación a la propiedad intelectual.
A cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, el juez federal Sebastián Ramos concluyó que Cordero se apropió de registros audiovisuales producidos para el proyecto estatal “Reconocer Malvinas”, realizado en 2017 y 2018 con recursos humanos, técnicos y presupuestarios de Contenidos Públicos S.E. En ese período, ocupaba simultáneamente los cargos de Directora de Técnica y Producción y Directora de Contenidos de esa empresa estatal.
Según el expediente, el material oficial -entrevistas, rodajes en territorio, archivos, montajes y registros del proceso de identificación de soldados- fue reutilizado por Cordero para confeccionar “Identidad Malvinas”, un documental que inscribió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor como obra inédita y de su titularidad exclusiva. La película llegó a emitirse por señales de cable sin autorización ni contraprestación para el Estado, lo que la Justicia interpreta como explotación comercial indebida.
Para Ramos, la maniobra constituye un “aprovechamiento ilegítimo de bienes públicos” combinado con un ardid orientado a atribuirse derechos patrimoniales que no le correspondían. El fallo remarca que Cordero no podía desconocer el origen público del material: no solo lo había supervisado en nombre del Estado, sino que estaba a cargo del proyecto institucional que justificó su producción. La conducta, concluye la resolución, encuadra en un concurso ideal entre peculado y defraudación a la propiedad intelectual.
El juez ordenó, además, un embargo por 100 millones de pesos para asegurar eventuales responsabilidades civiles y patrimoniales. Cordero deberá presentarse a notificarse personalmente de la resolución en los próximos días.
El procesamiento abre un frente político para el gobierno de la Ciudad. Cordero fue incorporada por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, como Directora General de Desarrollo Cultural y Creativo, área desde la que coordina organismos clave como la Buenos Aires Film Commission, Buenos Aires Set de Filmación y los principales regímenes de fomento cultural (Mecenazgo, Prodanza, Proteatro y BA Música).
Sin embargo, su rol previo en Contenidos Públicos S.E., dentro de la órbita que dependía de Lombardi, aparece ahora bajo una lupa judicial que mezcla gestión de recursos estatales, derechos de autor y explotación comercial de contenidos. Por entonces, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, el actual ministro de Desarrollo Económico del gobierno porteño tenía a cargo a la totalidad de las empresas de medios o producción de contenidos del Estado, pero también de la Agencia Télam donde se desató un conflicto extenso por el intento de despido de centenares de periodistas.
Lejos de tratarse de una disputa técnica por la titularidad de un documental, el caso que instruye Ramos apunta a un problema mayor: el uso privado de bienes públicos y la posible monetización de una obra financiada por el Estado. La causa seguirá avanzando en instrucción y, según fuentes judiciales, podría incorporar nueva documentación sobre contratos, ingresos y responsabilidades administrativas.