El conflicto destapó la interna entre Angulo y López Peña. Tensión en el vínculo del Ejecutivo con la Justicia, un área clave en la estrategia del gobernador.
Martin Llaryora junto a Luis Angulo en el acto homenaje a Juan Carlos Maqueda, en la Justicia de Córdoba
Una sucesión de protestas de los empleados del Poder Judicial de Córdoba ha activado alertas en el gobierno de Martín Llaryora. La creciente magnitud del conflicto, que tendrá nuevos capítulos durante la semana, provoca replanteos en la vinculación del poder político provincial con los diversos actores de la Justicia, que comanda Luis Angulo.
Una lectura fina de lo sucedido en las últimas semanas alienta al equipo del gobernador a extraer sendas conclusiones de relevancia. La primera repara en el endurecimiento de las protestas sindicales. La segunda echa luz sobre las internas que se disputan en el Tribunal Superior de Justicia, actor institucional de gran valía para entender la continuidad del peronismo cordobés en la gobernación.
La protesta de los trabajadores “de a pie” de Tribunales presenta dos vectores. Por un lado, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) mantiene un viejo reclamo de equiparación salarial con sus pares de la Justicia Federal, quienes perciben sumas muy superiores.
Este pedido ha derivado en proyectos percibidos como parches por parte de los propios afectados, cuyo salario inicial apenas supera los $700 mil, pese a que desde hace años rige ya una cláusula para "enganchar" actualizaciones salariales a las que dispone la Corte Suprema.
Sobre ese trasfondo, el gremio había acordado con las autoridades del TSJ una reestructuración del escalafón del personal que conforma la planta. La medida, que debe aplicarse desde mayo, implica una reducción de las categorías, con una inmediata mejora en los salarios. En total afectaría a 5.188 agentes, con una erogación de $587 millones.
Sin embargo, en el lapso transcurrido entre la rúbrica del acuerdo y su puesta en marcha, considerado excesivo por parte de los dirigentes gremiales, resonó un reclamo estrictamente salarial, motorizado por jóvenes que llegaron a desbordar la contención sindical. Su consigna fue contundente: mejora salarial inmediata de 50 puntos porcentuales para recuperar lo perdido en un año.
Esta irrupción no sólo provocó ruidos en las organizaciones que se referencian en la CGT. También llamó la atención en el Panal, donde reconocen un buen vínculo con la conducción de AGEPJ. “Muchos de los que protestan son mileístas, rechazan el sindicalismo. Piden imposibles, pero hay que estar atentos a estos emergentes que rompen cualquier lógica de negociación”, admiten fuentes calificadas.
La escena también puso en guardia a los otros gremios estatales, que mantienen reclamos por recomposiciones salariales. Según estiman sus voceros, desde diciembre de 2023 los trabajadores han perdido casi 20 puntos porcentuales ante la inflación acumulada.
Ante todo, en el Panal volvieron a sonar alarmas sobre la articulación política con el Tribunal Superior de Justicia. El mal manejo de las negociaciones para destrabar el conflicto fue interpretado como otro capítulo de la interna entre dos sectores en pugna: el que responde al exgobernador Juan Schiaretti, con Luis Angulo, presidente del cuerpo, como referencia; su contraparte, nucleada en la Sala Penal, vinculada a Sebastián López Peña, que hoy parece más cercana a Llaryora.
Según interpretan conocedores de lizas palaciegas, Angulo cometió dos errores difíciles de digerir en el Ejecutivo. El primero es que no pudo resolver el reclamo pese a mover una importante masa de dinero. Simultáneamente, le critican haber reaccionado tarde, apuntando los recursos a la reestructuración escalafonaria, sin registro del creciente descontento de los sótanos de la estructura, donde día a día se producen deserciones de profesionales que ganan menos que el valor de una canasta alimentaria.
La otra acusación apunta a comunicaciones dirigidas el miércoles 30 de abril. Evocando acordadas, y ante la advertencia de la conducción sindical de la continuidad de acciones, el alto cuerpo intentó desactivar las protestas, apelando a avisos sobre descuentos de haberes, prohibición de asambleas y advertencias sobre la necesidad de guardias esenciales. “Son cosas de otras épocas. Incluso la OIT nos da la razón a los trabajadores”, dicen desde AGEPJ.
La dureza de los textos causó sorpresa en corrillos tribunalicios. Sobre todo por el perfil de Angulo, presidente de la Cámara Laboral, reconocido militante y defensor de los Derechos Humanos, abogado de vasta experiencia en el derecho laboral. “Toda la vida defendió a gremios”, chicanean en los pasillos.
Menos sorpresa causó la difusión de "carpetazos" sobre el manejo de fondos desde la presidencia del TSJ. De carácter “privado”, su publicidad mereció sospechas. “Fue la interna. Nosotros no tenemos nada que ver”, aclaran desde la AGEPJ.
Las miradas corren hacia la sala penal, donde López Peña marca los tiempos. Las interpretaciones remontan a antiguas diferencias sobre el manejo de las prioridades, actualizadas por la omnipresencia de la inseguridad como problemática. Según interpretan, el contexto amerita poner en el centro de la escena a la cuestión penal, especialmente ante el avance de un paradigma de flexibilización de los derechos laborales.
Esta lectura aparece en sintonía con las definiciones políticas que teje Llaryora como mantra de gestión. Durante las últimas semanas, el gobernador realizó anuncios en la materia, cuyo cumplimiento requiere la plena disposición de todos los recursos de la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
“No hay torpeza, hay errores que son voluntarios. La semana pasada Martín anunció un nuevo plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia, que implica una reorganización geográfica y funcional. Dos días después echan nafta al conflicto. Por ejemplo, nadie toma las denuncias en las unidades judiciales”, razonan operadores llaryoristas, para quienes no hay dudas del diagnóstico: en la familia judicial no se reconoce el cambio de mando operado en diciembre del 2023.
Las mismas voces añaden otro elemento al análisis. Este mismo lunes, el Colegio de Abogados de Córdoba emitió un comunicado en el que exhorta a las partes en pugna a “que profundicen sus esfuerzos para alcanzar una solución pronta y sostenible, que contemple los derechos e intereses de las partes, los de la ciudadanía y de la abogacía en su conjunto, sin comprometer el sistema de administración de Justicia”.
La factura del texto tampoco causó sorpresa. Voces críticas a la presidencia del Colegio lo tomaron como una muestra de encuadramiento con la cúpula del TSJ,. Según entienden, el juego llaryorista en Tribunales no goza de plena adhesión. “Nadie se va a pelear con Martín. Pero en la familia judicial no le perdonan que decida sin consultar”, sintetizan trajinantes de los fueros.