Los fiscales acusan de intromisión al adjunto del Ministerio Público Fiscal que criticó el abuso de la figura de asociación ilícita. La puja interna de poder.
Alejandro Pérez Moreno, el fiscal Adjunto de Córdoba, cuestionado.
Foto: Daro Almagro.Fuertes acusaciones resonaron en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba cuando los fiscales de instrucción Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger denunciaron al fiscal general adjunto Alejandro Pérez Moreno “por violar normas éticas y haberse entrometido en sus desempeños funcionales” durante una disertación. El número dos del organismo de justicia cuestionó la figura de asociación ilícita.
Pérez Moreno es uno de los cuatro adjuntos que, desde febrero de este año, se encuentran bajo la órbita de la Fiscalía General, a cargo de Juan Manuel Delgado.
Desde hace tiempo los juristas y especialistas analizan y debaten sobre el delito de “asociación ilícita”. El quid de la cuestión es que lo que dijo Pérez Moreno es un tema debatible pero, lo que se pone sobre la mesa es que, jerárquicamente, al hacerlo público y por su cargo es, mínimo, reprochable.
Su nombre, postulado en la Legislatura de Córdoba por Martín Llaryora, resonaba como el sucesor de Delgado quien asumió durante la gestión de Juan Schiaretti y cuyo mandato finaliza en marzo de 2026. Desde el Panal señalaron que el Ejecutivo postula a casi todos los miembros pero es la Justicia la que deberá discutir este revuelo.
El Ministerio Público Fiscal es un órgano estatal independiente que integra el sistema de administración de justicia. La Constitución Provincial lo ha ubicado institucionalmente dentro de la órbita del Poder Judicial.
La postura manifestada por Pérez Moreno generó cuestionamientos por parte de los responsables de varias fiscalías de instrucción, aunque no fue efectuada en el ámbito tribunalicio, sino en un espacio académico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), como parte de una formación específica y, en parte, como opinión del disertante en esas circunstancias.
Señaló que la figura de la “asociación ilícita” ha llegado a ser hasta “una broma” entre los abogados y funcionarios judiciales.
Puntualizó aspectos como la desnaturalización de su aplicación y el absurdo de entender cómo “10 muchachitos que roban en moto” pueden ser incriminados con esa figura, al tiempo que comentó su postura de que debería ser reservada para organizaciones criminales de mayor envergadura.
“Hoy se utiliza esta calificación legal para sujetarlos a una coerción personal. El derecho penal del enemigo en primera persona. Entonces, ¿qué hacemos? tiene asociación ilícita y marche preso. El fin justifica los medios. Como lo tuve preso, lo investigué, llegó, hice un abreviado, ganó la Justicia... Eso no debe ni tiene que ser así”, opinó el funcionario judicial, quien arribó recientemente en 2024 a ese ámbito luego de desarrollar una extensa carrera como abogado defensor.
El Adjunto -que entre otros trabajos representó a la familia de Blas Correas, víctima de una bala policial- fue propuesto en diciembre por el Ejecutivo, ante la Legislatura, al igual que el pliego de Jessica Valentini.
Los fiscales denunciantes expresaron fuertes agravios por actitudes de Pérez Moreno quienes le atribuyeron una “conducta grotesca y reprochable presión pública, de gravedad institucional apreciable” por su rango y que “altera inexcusablemente el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional, y del Ministerio Público Fiscal en lo funcional, atentando, a través de su llamado al auditorio presente -abogados, empleados y funcionarios judiciales- a ayudarlo a cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba, contra la independencia y la rectitud en la administración de justicia".
El dato es que el número dos del MPF, antes de ser adjunto, fue abogado defensor de personas imputadas y a las que se les otorgó prisión preventiva por ese delito. El fiscal que intervino en esas causa fue, precisamente, Enrique Gavier, uno de los denunciantes.
También, en el marco de la acusación presentada, sostienen que hay una presión hacia imputados para que confiesen la atribución de responsabilidades que se asignan y arribar a juicios abreviados, donde se comprimen los tiempos judiciales y se obliga a admitir las penas sindicadas.
Consideraron que Pérez Moreno “atentó” contra la independencia funcional, la rectitud en la administración de justicia y la actuación del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal.
Fue ante la oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial y en el Tribunal de Ética del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fue presentada la denuncia, amparados en el Código Deontológico del Poder Judicial.
Delgado, quien se encuentra en ese cargo desde la gestión de Schiaretti y culmina en marzo de 2026, al recibir la presentación, tuvo que salir a respaldar a los denunciantes.
En Argentina, la asociación ilícita, según el Código Penal, se configura cuando tres o más personas se asocian con el fin de cometer delitos.
Se castiga con prisión o reclusión de tres a diez años. Para los jefes u organizadores, el mínimo de la pena se eleva a cinco años. La pena puede variar según la gravedad de la asociación y el rol. Por supuesto, que esa calificación requiere de una interpretación de los fiscales que la aplican.
El tema controversial que expuso Pérez Moreno es uno de los aspectos que han tenido fuertes cuestionamientos hacia las decisiones de los fiscales Gavier y Klinger entre los letrados defensores, ya que luego de la calificación de las imputaciones se procedía a la determinación de aplicar prisiones preventivas y, de esa manera, encarcelar a acusados que permanecen tras las rejas durante gran parte del proceso hasta que son enjuiciados, limitando de esa manera sus derechos, según las expresiones de los abogados defensores.