El presidente del Tribunal Superior deja el cargo este mes. Tarditti y Cáceres, duelo de damas. Sesin, la vía del medio. El aviso del gobernador a Valentini.
“Se están masacrando, se están matando”. No es una guerra, pero la sucesión de Luis Angulo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se le parece bastante. Hay dos bandos, hambre de poder, un nombre que podría zanjar la interna palaciega y la decisión de Martín Llaryora de mantener alejada a su alfil, Jessica Valentini.
Así dicen, pero nadie lo cree. En dos años, el gobernador se encargó de llenar los vacíos en el Poder Judicial.
El laboralista Angulo quiere como sucesora a Aída Tarditti en la silla principal que él ocupará hasta el 15 de diciembre, cuando vence su mandato. La vocal que preside la Sala Penal del TSJ cuenta también con el respaldo de Domingo Sesin, jefe de la Sala Contencioso Administrativo.
La otra cantera está integrada por María Marta Cáceres de Bolatti (Sala Civil y Comercial), el otro laboralista Luis Rubio y el penalista Sebastián López Peña. Proponen a la mujer del grupo para la sucesión del exministro de Justicia de Juan Schiaretti.
En los pasillos de Tribunales afirman que detrás de este tridente retador opera Héctor David. “Chirola”, como se lo conoce popularmente, fue ministro de Justicia de José Manuel de la Sota y se desempeña como fiscal adjunto. En voz baja hay fuentes que afirman que le está apuntando a la silla de Rubio, quien insiste con que no se va, pese a las versiones y su avanzada edad. Otras voces aseguran que David está conforme con mover hilos por detrás.
La discusión de los supremos pasa por ahora por una cuestión de género. López Peña es apuntado como el más insistente en que sea una mujer la nueva autoridad del cuerpo. El vocal más joven del cuerpo es otro de los que suena como posible candidato a suceder a Angulo. Quienes conocen la rosca tribunalicia ponen varias fichas ahí también. Ingresó en 2015 en reemplazo de Armando Andruet (hijo).
Los operadores judiciales cuentan que el gobernador le dijo a Valentini que no se iba a meter. “Qué se arreglen”, cuentan que le soltó a la funcionaria municipal que llevó al máximo escalón de la Justicia provincial. La liviandad del comentario choca con el dato incontrastable de que, de no mediar un acuerdo entre los dos grupos, la jueza llaryorista tiene el poder del desempate. También, con los movimientos que el sanfrancisqueño está haciendo en materia judicial.
Esta semana sorprendió con la anticipada confirmación del reemplazo del fiscal general Juan Manuel Delgado por el juez de Control Carlos Rubén Lezcano. Letra P contó al detalle la trastienda de esa decisión que no sólo responde al perfil conciliador del ascendido, que deberá poner orden a la interna del Ministerio Público Fiscal que ya se exhibe a cielo abierto como quedó demostrado en el contrapunto por el uso (¿y abuso?) de la figura de la prisión preventiva.
Llaryora quiere influir en el Poder Judicial y elige cuidadosamente a sus alfiles. Lo hizo con Valentini, aunque aseguran que le dijo a la jueza que “no la va a llamar” para darle su mirada sobre la sucesión de Angulo. ¿Hace falta?
La misma consigna de confianza y bajo perfil la repitió con la elección de Lezcano, un abogado de carrera judicial a quien conoce desde hace décadas, en el marco de las tertulias del Círculo de Abogados Penalistas y en los tiempos en que el polémico operador peronista Domingo Carbonetti oficiaba de fiscal de Estado provincial y promovió al entonces joven Juan Manuel Cid, compadre de Llaryora e integrante del directorio del Banco de Córdoba.
En la Legislatura, la oposición se muestra activa en señalar estos intereses compartidos de la política y la justicia, que deberían ser independientes. El representante de Encuentro Vecinal en el recinto, Rodrigo Agrelo, tiró una bomba que dejó con la boca abierta a más de uno: afirmó que Andrés Varizat será camarista un año para terminar en el TSJ. La referencia pasó desapercibida por la batahola que generó el debate del Presupuesto 2026.
Varizat quedó primero en la lista de orden de mérito para ingresar a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la capital. El Consejo de la Magistratura, presidido por Cáceres de Bolatti, publicó la resolución con la nota del postulante: 85,95. El vínculo con el cordobesismo tiene cargo público: Varizat es el asesor letrado del intendente Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba.
El nombre que en realidad suena en los reductos cordobesistas, y mucho, es el del ministro de Justicia de Llaryora, Julián López. “Lo están preparando para el TSJ”, chiflan desde la platea fuentes judiciales. El exfuncionario schiarettista dice a su entorno que quiere seguir en los pasillos del Poder Ejecutivo. Como varios contemporáneos de Llaryora, que hicieron sus armas con el tres veces gobernador, afirman sentirse muy a gusto con las formas del sanfrancisqueño.
El legislador que responde a Aurelio García Elorrio sugiere con esto que los peronistas preparan el frente judicial para no tener problemas cuando pierdan el poder. ¿Y si es para asegurárselo? La oposición no tiene empacho en denunciar fraudes electorales. Como contó Luis Zegarra en este portal, también habría soluciones pensadas por Llaryora, que piensa en Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados, para el Juzgado Federal N° 1, el más grande y con competencia electoral.
Si bien en el Panal responderán a esas estocadas opositoras con el argumento de que la independencia de poderes y las instituciones funcionan, la sucesión del TSJ puede ser funcional a los intereses de gestión del gobierno que ha colocado a la cuestión penal en el centro de la escena, a tono con el flagelo del narcotráfico y la inseguridad.
En los pasillos del poder insisten con que no se meterán, aunque es real que de no mediar un acuerdo el voto podría ser decisivo. También se preguntan operadores judiciales de Llaryora si de estos dos tercetos que pujan por la cima del máximo tribunal cordobés no podría surgir un nuevo presidente imprevisto. Invitan a poner la mira sobre Sesin, del grupo de Angulo y Tarditti. "¿Y si tiene la oportunidad el que no quiere ser?", proponen la solución y agregan que el Consejo de la Magistratura lo controle el que cede.
Hasta ahora se sabe que al gobernador Tarditti no le cuadra para presidir el TSJ. No obstante, sí le prometió darle todo su apoyo si emprende la búsqueda por un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El exministro de Mauricio Macri y exasesor de la justicia cordobesa Germán Garavano está a cargo de las operaciones en la crema judicial nacional para que la magistrada corone su sólida carrera.
En el peronismo miran con sospecha el vínculo de ese sector que puja por la presidencia del TSJ con el radicalismo de la mano de Miguel Ortiz Pellegrini. El abogado es un polirrubro. Fue el vocero legal de los policías que se acuartelaron en 2013, que desataron los saqueos que terminaron entonces con la salida de Alejandra Monteoliva, hoy ministra de Seguridad de Javier Milei. Hoy es abogado defensor de Oscar González, el hombre fuerte del peronismo de Córdoba en el poder, que cayó en desgracia por un accidente fatal en la ruta y que destapó una olla podrida.