A tres meses de la fecha oficial para la consagración de autoridades en casi 400 ciudades y comunas cordobesas, dirigentes de fuerzas que han enfrentado a Hacemos Unidos por Córdoba en los turnos electorales del año, anticipan su rechazo al ambicioso plan de partido cordobés que Martín Llaryora diseña como sustento para una gestión que lo proyecte nacionalmente.
Desde La Calera, la más importante ciudad contigua a la capital, el intendente electo sostiene que mantendrá una gestión con marcadas diferencias al modelo “cordobesista” en curso, tal como lo dispusieron los votantes que el pasado 4 de junio se inclinaron por Juntos por la Calera, fusión de Encuentro Vecinal, su partido, con sellos que a nivel provincial se integraron en Juntos por el Cambio.
Atento a ello, anticipa que se tomará un año para evaluar la continuidad de la ciudad en el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana. Con origen que remonta al siglo pasado, el proyecto permitió al intendente que será gobernador una primera prolongación de su administración de la capital.
Presentado como “institución pública, administrativa y autárquica, que congrega a 10 municipios que conforman el área metropolitana de la ciudad de Córdoba, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas”, bajo la necesaria consideración de la descentralización permite un marco institucional al tejido político en una región en la que viven casi dos tercios de la población de la provincia.
Conformado con el aporte del 2% del presupuesto de cada municipio, en su primer año el Ente destinó casi un 90% de sus partidas (cuyo monto no pudo constatarse en registros oficiales) a “la concreción de obras y mejoras en servicios”, según informa la Municipalidad de Córdoba.
“Quiero ver las obras, los avances. Quiero asegurarme que funcione y no sea un refugio para ñoquis. Que no exista sólo para pagar los sueldos. Lo analizaremos en 2024 y luego decidiremos qué hacer”, explica Rambaldi, quien no niega la existencia de buen diálogo con la presidenta del ente, la intendenta de Juárez Celman y vicegobernadora electa, Myrian Prunotto.
Ampliando el foco, destaca que las dudas sobre el funcionamiento del ente son compartidas por otras cinco intendencias metropolitanas que iniciarán mandatos en diciembre: Jesús María, La Granja, Río Ceballos, Mendiolaza y Villa Allende. Todas de sello opositor, ninguna distraída de los anzuelos esparcidos por el llaryorismo.
“Nos hemos reunido ya. Ese tema es uno más de los que nos inquieta en todo el corredor de Sierras Chicas. Queremos una revisión integral, no parches. En principio no estamos en contra del ente, sólo queremos que funcione, con transparencia”, afirma el magíster y profesor de historia.
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Levanten las barreras
El otro ariete con que el dirigente del partido creado por Aurelio García Elorrio embiste a la continuada gestión del peronismo cordobés apunta a un cíclico reclamo de vecinos de la región: el pago de peajes en las principales rutas de ingreso a la capital provincial, sistematizado a través de la Red de Accesos a Córdoba y concesionado a la empresa estatal Caminos de las Sierras.
Promesa de campaña, el propio intendente se puso a la cabeza de las demandas por la eliminación de las casillas dispuestas sobre la ruta provincial E55, nexo entre la capital y la ciudad de La Calera.
Aunque reconoce que se trata de una puja con escasas chances de resolución a su favor (el Tribunal Superior de Justicia ya resolvió a favor del derecho de la provincia a mantener la red), Rambaldi asegura que agotará todas las instancias posibles. No descarta, incluso, instalar una carpa a la vera de la mencionada ruta “hasta que el gobernador nos atienda y brinde explicaciones”.
El también coordinador regional de las universidades FASTA remarca que las quejas son legítimas dado que la empresa no ha cumplido con el plan de obras viales que justifica la existencia de los peajes. “Los calerenses han pagado más de 20 veces por trabajos nunca terminados. No han hecho vías alternativas, como exigen los pliegos. Todo se ha hecho sobre una vía preexistente, para la cual no se cumple siquiera con el mantenimiento. Este puesto es uno de los que más recauda. Son miles de millones de pesos que van para hacer caja”, afirma.
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Esa línea argumental sintoniza con una de las críticas más versionadas en los últimos años: la superposición de impuestos y contribuciones que afrontan ciudadanos y contribuyentes para una cuestionable contraprestación. “Se suma a lo que los cordobeses ya pagan por el impuesto automotor y lo que pagan cada vez que cargan combustibles, impuesto creado para obras viales justamente”, hilvana.
Profundizando contrastes con directrices del cordobesismo, mientras Llaryora avanza en mesas de discusión con intendentes de otros signos políticos, el electo jefe comunal anticipa que dará especial atención a la problemática ambiental. En las últimas décadas, grandes emprendimientos inmobiliarios, especialmente barrios cerrados, cambiaron el perfil de una ciudad moldeada al calor de fábricas. Muchos de esos proyectos avanzaron entre denuncias por violaciones de normativas ambientales, falta de planificación en materia de servicios básicos y sospechas de corrupción.
“Vamos a tener una dirección de Ambiente, la primera en la historia con ese rango. También una de Seguridad. Son problemas prioritarios para nuestros vecinos, descuidados por las gestiones peronistas. Tanto como la corrupción”, sentencia.