Los agujeros de la ley de inocencia fiscal con el caso de Manuel Adorni expusieron el modelo de desfinanciamiento del Estado. Las cuentas de la oposición 2027.
Javier MIlei y Toto Caputo.
La decisión de Manuel Adorni de adherirse al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la ley de Inocencia Fiscal reactivó el escándalo político y judicial del jefe de Gabinete y elevó el volumen del debate público sobre el modelo libertario de perdón a los evasores fiscales y desfinanciamiento del Estado, que interpela a la oposición que proyecta la Argentina posmileista.
¿Con qué país podría encontrarse, en diciembre de 2027, un presidente que no fuera Javier Milei? Los economistas de distintos partidos coinciden en un mismo diagnóstico: el próximo gobierno heredará un Estado desfinanciado, endeudado y casi atado de pies y manos para volver a recaudar y revertir el modelo.
Como resumió esta semana en Cenital el diputado Martín Lousteau, “todo está hilvanado con una visión anarcocapitalista” a la que suscribe Milei y que ejecuta con precisión quirúrgica y perfectamente planificada, a contramano de lo que pensaron quienes pronosticaron un gobierno de improvisados encabezado por dos advenedizos de la política: el Presidente y su hermana, Karina Milei.
Por el contrario, la sucesión de reformas y rebajas fiscales, junto con los beneficios tributarios contemplados en regímenes especiales para determinadas actividades económicas, se articula de manera coherente con iniciativas como la llamada inviolabilidad de la propiedad privada o el proyecto para regular el lobby, que empezó a tratarse esta semana en las comisiones en la cámara baja.
Las tensiones políticas internas y los tropiezos de la gestión no fueron obstáculo para que el Gobierno consolidara los pilares básicos de su modelo económico mediante la aprobación de leyes clave, con el respaldo de aliados circunstanciales. Muchos de ellos, sin embargo, se agarraron la cabeza cuando vieron que Adorni y otros funcionarios habían aprovechado la inocencia fiscal para beneficiarse a sí mismos.
¿No lo advirtieron antes? Aunque la necesidad de excluir a los funcionarios y sus familiares directos de la posibilidad de adherirse al régimen se puso sobre la mesa durante la discusión, la ley se aprobó sin problemas en las sesiones extraordinarias de diciembre, con el oficialismo envalentonado tras haber ganado las elecciones legislativas. Ahora todo se ve diferente.
Con el objetivo de que los argentinos sacaran “los dólares del colchón”, el Gobierno decidió suavizar las penas para los evasores a los que Milei calificó como “héroes de la Patria”. En esa categoría entró Adorni. En el camino, como advirtieron tanto Lousteau, desde el radicalismo, como el peronista Guillermo Michel, la Agencia de Recaudación (ARCA), quedó imposibilitada para advertir cambios patrimoniales de los contribuyentes y limitada en sus facultades de control ante las clases más privilegiadas.
Además, la flexibilización de los topes patrimoniales y de ingresos hizo caer el 87% de las causas judiciales en trámite por ese delito. Entre los que recibieron el regalo del cielo estuvo, por ejemplo, el empresario santacruceño Lázaro Báez.
“Esos que decían que iba a ser un Gobierno débil le pifiaron. De improvisados no tienen nada. Esto está todo pensado”, dice un dirigente opositor que advierte un encadenamiento en los proyectos del Ejecutivo que arrancó con los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y sumó en el camino otras leyes que también plantearon rebajas impositivas significativas.
En el listado se cuentan, por ejemplo, la reducción de bienes personales que se aprobó en 2024, con un costo fiscal de 0,41% del PBI; la desaparición del Impuesto PAIS, que representaba 1,1% del PBI; la eliminación de impuestos a los vehículos, embarcaciones, aeronaves y bienes suntuarios incluida en la reforma laboral; la baja de retenciones; y el RIGI, al que el Gobierno pretende ahora sumar el denominado Súper RIGI.
Según los cálculos publicados por Michel, los 13 primeros proyectos de RIGI aprobados por el Gobierno tendrían un costo fiscal equivalente a 1837 millones de dólares, que representa 0,27 puntos del PBI. En el caso de Súper RIGI, el gasto tributario proyectado se incrementaría a 1,27 punto porcentual del PBI.
La enumeración implica un desfinanciamiento de las arcas públicas que marida a la perfección con el plan de destrucción del Estado anunciado por Milei en campaña y que ya empezó a verse en la caída de la recaudación en los derechos de exportación. En el caso del RIGI, además, resultaría un nudo difícil de desatar en un hipotético gobierno de otro signo político, por tratarse de contratos con empresas que estarían habilitadas a demandar al país ante tribunales de arbitraje internacional, como el CIADI.
“Claramente el esquema que estamos viendo es el diseño de un prototipo de economía de enclave, en la que hay un conjunto de sectores ganadores que son los exportadores, el agro, minería, el petróleo, con poco entramado con los sectores productivos. Todo va en camino a que esos sectores puedan apropiarse de esa renta sin que el Estado tenga capacidades para intervenir”, dice Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia y uno de los economistas de referencia de Axel Kicillof.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un ojo puesto en la situación fiscal como una de las grandes preocupaciones a la hora de proyectar un gobierno que pretenda ir en un sentido diferente en términos económicos. “El desfinanciamiento del Estado y las políticas de ajuste buscan forzar también el desfinanciamiento de estados subnacionales, las provincias y los municipios, y les resta capacidad de acción. Eso estaba en el diseño del programa desde el inicio”, dice Cuattromo.
En palabras de Lousteau, el esquema funciona así: “Desfinancio el Estado. Una vez que no hay suficientes recursos, hay que recortar el gasto social. Y, por otro lado, les generó grandes beneficios a los ganadores del sistema, como el RIGI o la Inocencia Fiscal”.
Lo que sucede en Argentina no escapa a la realidad global. El club de la ultraderecha del que Milei se siente parte está comandado por los megaricos, las corporaciones y los tecno-oligarcas de Silicon Valley, que buscan la eliminación del Estado y de los impuestos para multiplicar sus rentas ya extraordinarias, y que incrementaron su poder después de la pandemia. Sin recaudación, el Estado se vuelve una máquina sin capacidad de acción y queda aún más deslegitimado ante la sociedad, que clama por soluciones mágicas que el autoritarismo sabe vender con eficiencia.
La presencia del Peter Thiel en el país es la prueba cabal de que los ceos de grandes corporaciones tecnológicas miran a la Argentina como parte del experimento cuya primera etapa consiste en el debilitamiento de la democracia y que encontraron en el país a un convencido, como Milei, y a instrumentadores sofisticados que forman parte de su gabinete. Los que miran la elaboración de los proyectos con detalle adivinan en ese rol a los ministros Toto Caputo y Federico Sturzenegger, y al asesor estrella Santiago Caputo, influenciados por grandes estudios de abogados o contables, que piden leyes a medida de las corporaciones que representan.
En paralelo a las cuestiones fiscales, el gobierno de Milei también impulsó una serie de proyectos que van de la mano con el plan económico de reducción del Estado y la decisión de generar condiciones irreversibles hacia el futuro, que escaparían a los controles democráticos. En palabras de un opositor no dialoguista, si se aprobaran, algunas leyes generarían beneficios tan grandes para algunos sectores económicos que no habría forma de desarmarlos “aunque mañana ganara las elecciones Myriam Bregman”.
“El marco regulatorio que se está generando tiene que ver con metodologías que intentan restar capacidad a la democracia. El planteo de Axel es generar las condiciones para discutir un proyecto alternativo, marcos regulatorios e impositivos que permitan un desarrollo más integrado de la sociedad y la población”, apunta Cuattromo.
Entre los debates en la agenda mileista se anotan la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que está congelada en el Senado, y la ley de lobby, que esta semana se empezó a debatir en Diputados. La primera tiene dos puntos críticos, la posibilidad de la compra ilimitada de tierras por parte de extranjeros, y limitación al Estado para llevar adelante expropiaciones, con la introducción de nuevos requisitos para la declaración de utilidad pública y cambios en las indemnizaciones. Para el peronismo, la norma tiene como objetivo “frenar cualquiera estatización futura de las empresas que piensan privatizar”. “Con esta ley, no hubiéramos podido expropiar YPF”, apunta una espada del kirchnerismo en el Senado.
La ley de lobby, en tanto, arrancó con polémica. Organizaciones de la sociedad civil de diferentes sectores y tendencias advirtieron esta semana que la propuesta del Gobierno afecta fuertemente la participación ciudadana y podría someterlas “a un control estatal discrecional que compromete su independencia y su capacidad de fiscalizar al poder público”. Difundieron un documento crítico firmado por Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros.
“Esta ley está mal diseñada, o algo peor: busca control estatal sobre la sociedad civil y muy especialmente sobre los legisladores que van a tener que pedirle permiso e informar de cada movimiento que hagan a las autoridades de la Cámara. Para un gobierno que pregona la desregulación y la libertad, regula bastante, genera burocracia innecesaria, y deja mucho que desear en materia de libertades”, dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano este miércoles en Diputados.
En la cámara baja quedaron dudas sobe la viabilidad del proyecto, que se le atribuye a Santiago Caputo. Los aliados ya están reticentes a dar apoyos incondicionales. Emparentan la iniciativa con movimientos que se dieron de la misma forma en Rusia, Ucrania, El Salvador o Nicaragua.
Algunos más avezados advirtieron que el mileismo puso en la ley de lobby una coronación de la deslegitimación a todas formas de reacción o resistencia a su modelo, que incluye a la oposición, el periodismo, las universidades, las ONG o cualquier actor crítico. “Che, despertémonos, porque terminan de hacer pie con esto y rompen todo”, cruzaron mensajes los que buscan generar una nueva mayoría opositora para romper el andamiaje libertario.