NUEVO MAPA POLÍTICO

Luis Juez, el renacido

Tras perder las elecciones en Córdoba, se reinventó como referente opositor local y ganó protagonismo nacional en el Congreso. Macri, Llaryora y el caos de JxC.

Luis Juez cierra el año bisagra de la política ocupando un protagonismo que parecía impensado para muchas personas, incluso cercanas, que le auguraban el invierno aún antes de las elecciones provinciales que se disputaron ni bien iniciado el otoño y que lo encontraron nuevamente derrotado en su intento por llegar a la gobernación de Córdoba. En sólo una semana, el senador acumuló una seguidilla de reconocimientos que podría capitalizar para un futuro a dos bandas, con fichas en la Nación y en la provincia, que probablemente no le demanden un nuevo cambio de piel.

En paralelo, fue la voz más requerida para evaluar los primeros pasos de la gestión de Martín Llaryora como gobernador. Con sus habituales pregones, el dirigente del Frente Cívico retomó un perfil de opositor implacable, reacio a conceder el mínimo margen a una naciente gestión provincial, a la que ubica como continuidad de un cordobesismo de malas prácticas.

A gusto

Como contara Letra P, al momento de diseñar estrategias de negociación y construcción para su gestión, Llaryora se inclinó por su rival en los comicios de junio como opositor necesario.

La maniobra motivó una presentación en la Justicia de los tribunos de cuenta. En ella pidieron declarar la inconstitucionalidad de la mencionada ley, advirtiendo sobre la violación del principio de legalidad y la afectación del sistema republicano de gobierno.

A tono con la denuncia, a gusto con el reto, Juez ha salido raudamente a contarle las costillas al sanfrancisqueño, a quien ubica en la continuidad de las prácticas de un peronismo cordobés al que reconoce matices, pero no diferencias de matrices.

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Hurgando en el caso del mencionado órgano de control, desestimó la prédica de austeridad que aquel plasmó en su discurso inaugural. En declaraciones que repitió en medios radiales aseguró que, en plena transición, las gestiones de Juan Schiaretti y Llaryora acordaron un aumento de gastos reservados, exentos de seguimiento, para “Seguridad, el Ministerio de Gobierno, las agencias y el Tribunal Superior de Justicia”.

Con todo ello, Juez advierte la persistencia de una voluntad por “despilfarrar el dinero de los cordobeses”, por la cual “no nos dejan controlar”. Por ello, rubrica una advertencia: no debe haber plazo de gracia para la administración de Llaryora.

Profundizando las observaciones sobre una continuidad irrestricta entre aquel cordobesismo y el naciente partido cordobés, el juecismo destaca la designación de Luis Angulo como presidente del TSJ. Exministro de Justicia de Schiaretti, exsecretario de Trabajo del iniciático gobierno de José Manuel de la Sota, promovido al máximo órgano de Justicia provincial en 2019, ha sido un nombre muy valioso para el peronismo cordobés que maneja el poder provincial hace 24 años.

Amarillo

La reactivación de Juez se da en un marco de renovadas dudas sobre la continuidad de Juntos por el Cambio como alianza, al menos en el formato hoy conocido. A las diferencias históricamente manifestadas entre los socios se suman los remezones del pacto de Acassuso. La adhesión de un sector de halcones a la candidatura y ahora al gobierno de Javier Milei remarcó límites que muchos ya conocían.

En la obligada reconfiguración posterior, que trasciende fronteras, Juez apunta a cumplir un papel importante. Para ello cuenta con el aval de Mauricio Macri, quien lo trata con predilección sobre muchas figuras que hasta ayer gozaban de su preferencia.

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La sintonía entre ambos, distanciados por años, se dio precisamente como reacción al intento de pacto entre dos conspicuos rivales, el mencionado Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta.

Contra los pronósticos que vaticinaban fugacidad, la relación entre Luis y Mauricio sigue sumando capítulos. El más reciente fue la designación de Juez como líder del bloque PRO en el Senado, imponiéndose a muchos nombres de pedigree amarillo, por expresa voluntad del ingeniero.

En simultáneo, la confirmación en el Consejo de la Magistratura asegura al cordobés una profusa exposición en el Parlamento y, especialmente, en medios porteños de alcance nacional. Gracias a ellos ha podido mejorar su imagen en vastos sectores de una provincia profundamente anti-K. Vaya como prueba que en los comicios provinciales la lista por él encabezada se impuso en siete de los nueve departamentos del hemisferio sur de Córdoba.

Con tal respaldo en mente y el traje de representante que le ha facilitado el expresidente, Juez podría afrontar la tarea de reagrupar a la tropa cambiemista cordobesa, hoy a punto de implosión tras la salida de Oscar Agost Carreño, presidente del PRO Córdoba, al bloque Cambio Federal y el pase de dirigentes como Pedro Dellarossa, Darío Capitani, Orlando Arduh y radicales disidentes al gabinete de Llaryora.

“Va a ser complicado. Vamos a tener que andar con un boyero eléctrico para que no crucen el alambrado los muchachos. Los tipos (Schiaretti y Llaryora) tienen la idea del partido único, del pensamiento único. Lo que no pueden construir van y lo compran, con la plata que le falta a la gente” advirtió ya en declaraciones a Radio Universidad.

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En el mismo marco, dejó un mensaje de lamento: “Parecía que veníamos a cambiar la política, terminamos siendo socios de los que se la roban”. No obstante, remarcó que la continuidad de JxC como bloque sólido, también parlamentario, “no es un mandato bíblico”. “Estaremos los que pensamos más o menos lo mismo y queremos compartir las mismas cosas, porque tenemos los mismos valores”, amplió ante el medio cordobés.

En tiempos de reacomodamientos, con las preocupaciones puestas en la acechante crisis, pocos destinan tiempo a constatar credenciales de pertenencia. Mucho menos a la congruencia de una trayectoria en tiempos de identidades lábiles. Sin el bozal que se había impuesto en la previa de las elecciones provinciales, cómodo en el rol de inquisidor, el excandidato a gobernador confía en la vigencia de su intuición como garantía de (inesperada) sobrevida política.

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