El Gobierno las empujó hasta el límite de la asfixia con un ajuste feroz que no salda con los aumentos acordados. Una guerra al margen de la ley que no terminó.
Con su motosierra, Javier Milei empujó a las universidades al límite de su supervivencia
Las universidades nacionales y los gremios que representan a sus docentes y a sus no docentes aceptaron este miércoles un aumento salarial y presupuestario cuando desfallecían con la soga que Javier Milei les apretó en el cuello a partir de un ajuste feroz: era el pacto o la vida.
Durante dos años y siete meses, el Gobierno construyó, cebó y sostuvo un conflicto que usó como uno de los principales teatros de operaciones de su batalla cultural contra la Argentina del "Estado empobrecedor": identificó al sistema público de educación superior como un nido de corrupción construido por la casta y le hincó la motosierra hasta el hueso para alimentar la vaca sagrada del equilibrio fiscal.
Así, empujó a la calle, para poner en foco a un enemigo icónico, a la comunidad universitaria, formada, en buena medida, por una clase media "boluprogre" que reivindica el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública como instrumento al servicio de la justicia social, esa "aberración comunista" que aborrece el Presidente.
El ajuste llevó a las casas de estudios hasta el borde del precipicio, como ilustraron los números de catástrofe que presentaron sus autoridades reunidas en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrado en Santa Rosa, La Pampa, a fines de marzo:
- Desde el inicio de la gestión de Milei, las universidades perdieron el 45,6% de sus recursos;
- Los salarios docentes tendrían que recomponerse un 47,5% para equiparar el poder adquisitivo que tenían justo antes del ascenso de la derecha extrema al poder;
- El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a gastos de funcionamiento de las universidades nunca superó el 64% del nivel que tenía en enero de 2023: actualmente se encuentra en torno al 40% de esos valores;
- El programa de infraestructura universitaria tuvo ejecución cero en 2024 y 2025 y este año fue eliminado del presupuesto;
- Las becas Progresar pierden entre el 75% y el 96% de su valor real.
El Gobierno lleva ocho meses y una semana librando su batalla cultural contra las universidades al margen de la ley. Concretamente, desde el 2 de octubre de 2025, cuando el Congreso rechazó el veto que le había aplicado Milei a la norma de financiamiento universitario bajo el fundamento de una tragedia fiscal que desmentía la Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC).
"El impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB", señalaba la dependencia que ahora, como informó Letra P este semana, el oficialismo busca silenciar prohibiéndole emitir informes mientras la somete a una auditoría. Todo tiene que ver con todo.
La ley de financiamiento universitario, que sigue vigente, establece que el Poder Ejecutivo debe reconocer la pérdida que experimentaron el presupuesto y los salarios universitarios desde el 1° de diciembre de 2023.
Sin embargo, el acuerdo firmado este miércoles "contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″ y establece que la paritaria entrará en un paréntesis hasta dentro de tres meses, cuando las partes retomarán la discusión salarial “contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje”, dice el acta de entendimiento.
En definitiva, el pacto constituye una victoria en la derrota para las universidades: les permite sacar la cabeza del agua para respirar, pero siguen perdiendo.
Por eso, el acuerdo no implica que las casas de estudios declinen el reclamo judicial que sostienen para que el Gobierno cumpla con la ley que está vigente.
Como sea, hay un daño que ya está hecho: la caída estrepitoposa del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento del sistema produjo una masiva fuga de recursos humanos altamente calificados: según el CIN, en dos años renunciaron diez mil docentes.
El ajuste golpea incluso con más dureza al sistema público de investigación científica, virtualmente paralizado.
- El presupuesto en ciencia y técnica se redujo 95% en términos reales;
- El financiamiento para becas cayó 39%.
- Entre 2023 y 2026, el Conicet perdió el 14% de sus investigadores, y falta computar el éxodo de quienes ya están trabajando en universidades de otros países, pero todavía no oficializaron su renuncia, porque el organismo les otorga licencia de dos años para perfeccionarse afuera.
La comunidad académica y científica siempre destaca el mismo concepto: lo que demanda años y hasta décadas de inversión, como la formación de esos recursos humanos que terminan creando conocimiento para -en el mejor caso- el sector privado local o -en el peor- para Estados que no invirtieron un solo peso en ellos, puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos; y su reconstrucción, si alguna vez alguien la encarase, demandaría otros tantos años y décadas cuesta arriba.
Por la razón que fuese -la cercanía del proceso electoral, la caída en las encuestas, el consumo congelado, las señales cada vez más elocuentes de descontento social...-, el Gobierno pausó la batalla con las universidades, pero la guerra continúa, al margen de la ley.