El Gobierno socava el pacto que rige a la Argentina desde hace 42 años. Nunca Más a la memoria, fin al control civil de las Fuerzas Armadas y Malvinas, ¡afuera!
Javier Milei en un tanque de guerra durante un desfile militar en Buenos Aires.
El triunfo de la extrema derecha gobernante en las últimas elecciones legislativas le infundió a la díada del poder, Javier Milei y Karina Milei, el ánimo para acelerar con un proyecto de sesgo autoritario que comienza a minar cada una de las bases del consenso democrático de 1983.
El 27 de agosto de 2023, después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de ese año, Letra P publicó un artículo editorial que llamaba al arco político democrático a construir un amplio acuerdo para frenar a la ultraderecha. Por supuesto, eso no ocurrió y sigue sin ocurrir, omisión que explica en buena medida cómo la dirigencia trajo al país, con una tenacidad digna de mención, hasta esta encrucijada.
"El 'riesgo Milei' conlleva un peligro de erosión "del pacto democrático firmado por la sociedad argentina tal como lo 'redactó' Raúl Alfonsín en 1983 y que, a pesar de las zozobras del camino, rige hasta hoy", señalaba la nota.
Es trascendente lo que pasa cuando parece que no pasa nada. Lo que sigue en esta nota es lo que ocurre con los pilares del pacto democrático.
El primer pilar del consenso de 1983 fue el respeto por el Estado de derecho, el imperio de la Constitución, la vigencia de libertades políticas y civiles y la convivencia pacífica. Como no hay por qué hacer sonar la alarma cuando no corresponde, hay que decir que esto es lo que más se sostiene en la Argentina de Milei, en la cual, por caso, el intento de meter dos jueces por decreto en la Corte Suprema encontró un límite en el Senado y en la opinión pública, lo mismo que la insólita porfía inicial de mantener allí, pese a eso, al juramentado Manuel García-Mansilla.
Por lo demás, se violan los derechos humanos en cada miércoles de marcha, pero se supone que el Poder Judicial, con sus más y sus menos, está en condiciones de hacer su trabajo. El Congreso funciona y se vota y se opina, pero la luz amarilla se enciende con el lenguaje que baja de la propia Casa Rosada y su Oficina del Odio.
Las reiteradas denuncias de acoso y agresiones perpetradas por agentes del Estado contra periodistas y reporteros gráficos resonaron fuerte el último miércoles en una audiencia ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Miami, donde el periodista de La Nación Claudio Jacquelin resumió el momento al señalar que "lo expuesto explica el estado de ánimo y el impacto sobre periodistas, que repercute en un silenciamiento, temor, autocensura, prácticas de disciplinamiento y ataques a la integridad moral y la credibilidad".
El organismo se ofreció a enviar una misión para hacer entrar en razones a Milei.
El hachazo a la política de derechos humanos es, a la vez, discursivo y presupuestario. Más allá de lo general, días atrás el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, concurrió a la reunión anual del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, para irritar a los expertos, reclamar la llamada "memoria completa", negar la cifra de 30.000 desaparecidos y relacionar a los organismos pro derechos humanos con "el relato kirchnerista" y la corrupción.
Casi una extravagancia dada por supuesta, la excursión de Baños pasó sin pena ni gloria.
Ante la desafortunada participación del funcionario, el Gobierno emitió un comunicado en el que denunció que, "con ánimo inquisitivo, colonizados por varios organismos no gubernamentales argentinos, algunos miembros del Comité, como el comisionado Jorge Contesse de nacionalidad chilena, se excedieron fuertemente en sus preguntas, demostrando ostensiblemente el rol de representante de algunos de esos organismos que pertenecen a la oposición argentina".
Nadie en el Gobierno termina de decirlo, pero, al parecer, la tortura como metodología del terrorismo de Estado durante la última dictadura no le parece del todo mal. Eso se desprende de la votación, la semana pasada, de una resolución de la Asamblea General de la ONU para prevenir y erradicar esa práctica, que se realiza cada tres años.
¿A quién se le ocurriría votar contra algo así? A tres países, sólo tres, en todo el mundo: Estados Unidos, Israel y –por primera vez– la Argentina. Otros cuatro se abstuvieron: Rusia, Nicaragua, Burundi y Papua Nueva Guinea.
¿Qué tendría de inaceptable el texto? ¿Tal vez la condena a "toda acción o intento de los Estados o los funcionarios públicos que tenga por objeto legalizar, instigar, autorizar, consentir o aceptar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cualquier circunstancia, incluso por razones de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo o mediante decisiones judiciales"?
Este medio le pidió precisiones a la Dirección de Prensa de la Cancillería, pero no obtuvo respuesta. ¿No la tiene o no puede confesarla?
El 21 de noviembre del año pasado, la CPI emitió "una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamás Mohammed Deif –ahora presuntamente muerto–, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023".
Una fuente diplomática extranjera le dijo a este medio que "ese voto fue realmente increíble". "No hay ningún interés nacional de la Argentina que se juegue en eso, por lo que la única explicación es el grado de identificación histérica que tiene Milei con Israel. Esto es terminar de tirar por la borda la política internacional de derechos humanos de la Argentina", añadió.
También consultada por este portal, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, explicó que, "como lo viene haciendo, Argentina tomó una decisión geopolítica vinculada a la alianza con Estados Unidos y con Israel. Además, está la decisión del Gobierno de no apoyar el desarrollo del derecho internacional sobre los derechos humanos y las discusiones en torno al derecho penal internacional, y qué prácticas y figuras deben ser consideradas crímenes internacionales como la tortura".
"Esta era una declaración, no una resolución, y en general salía por consenso, pero en esta ocasión Estados Unidos decidió ir a una votación para marcar su desacuerdo. El punto es el contenido de esa resolución, es decir, las interpretaciones sobre el tipo de prácticas y hechos que deben ser alcanzados por el concepto de 'tortura' en el marco de la convención respectiva de las Naciones Unidas", agregó.
Argentina destroza el activo de un prestigio internacional que había ganado con lucha y esfuerzo.
La redemocratización de 1983 terminó con el poder del llamado "partido militar". Esto supuso el control de conatos graves de insubordinación por parte de Alfonsín y Carlos Menem, así como la imposición del poder civil con la restauración de la política de memoria, verdad y justicia con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros hitos.
En el marco de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y democrático, ningún presidente desde el 10 de diciembre de 1983 osó nombrar a un uniformado al frente del Ministerio de Defensa. Los militares, a los cuarteles. Esto ya no es así: Milei lo hizo.
El hasta ahora jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, fue nombrado ministro de Defensa en lugar del diputado electo Luis Petri.
Cuestionar la designación no tiene nada que ver con "demonizar" a las Fuerzas Armadas, como denuncia el comunicado oficial, sino con la necesidad de mantenerlas fuera de la disputa política. Partidizarlas es volver a las andadas de un pasado lamentable y agrava, por el cargo involucrado, lo ya negativo ocurrido cuando CFK designó como jefe del Ejército a César Milani, quien declaró su intención de dotar al arma de un carácter "nacional y popular".
Entre otros posteos desafortunados, Presti agradeció el nombramiento abogando por que las Fuerzas Armadas estén "a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del presidente Milei".
¿Quién fue el adulón que escribió eso? ¿El máximo jefe militar del país o un ministro del gobierno de extrema derecha?
Lo hecho en los últimos días por Milei y por la Cancillería de Pablo Quirno rompió con las mejores tradiciones de la diplomacia nacional.
Como Trump, el Presidente no viajó a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 20 (G-20) realizada en Sudáfrica, desdén sentido por los presentes como un boicot. ¿Le sobra algo a la frágil Argentina como para ningunear la participación en un foro que debería considerar un privilegio no siempre merecido?
Para peor, Quirno, quien presidió la delegación de baja intensidad, rompió el consenso y se negó a firmar la declaración final, dejando offside al sherpa Federico Pinedo. Según argumentó, fue por el modo en que el texto planteó el problema de Medio Oriente. Puede presumirse, además, el peso del negacionismo climático.
Siguió –obedeció, para mayor precisión– a Estados Unidos, lo que convierte al economista Quirno en un diplomático que, además de improvisado, no cumple con sus responsabilidades y, por último, en un mero escribano de decisiones tomadas en otro país. ¿Para qué sirve un canciller semejante?
El seguidismo respecto de Estados Unidos –al final, la "batalla cultural" se reducía a eso– se expresó hace poco en la novedad de que la Argentina dejó de votar contra el embargo a Cuba –otra de Quirno–. Si eso ya sugiere un abandono de la tradición diplomática de defensa de los principios de resolución pacífica de conflictos y de no intervención, ¿habrá que ir pensando en un apoyo a un eventual ataque estadounidense a Venezuela?
Trump viene jugando con esa posibilidad y acopiando fuerzas para hacer creíble la amenaza. No se trata de defender a un dictador como Nicolás Maduro, sino de advertir contra el uso del narcoterrorismo como justificación de un neocolonialismo, sobre todo cuando esto involucra aparentes inventos como el del "Cartel de los Soles". Si Argentina avalara una intervención, ¿no estaría sentando las bases de una eventual invasión a su propio territorio en algún momento en que la gobernara una persona que no fuera del agrado del ocupante de turno de la Casa Blanca?
Votar contra el embargo a Cuba, alinearse perrunamente con Trump, negar el genocidio en Gaza, callar sobre posibles intervenciones estadounidenses en la región y gestos como mantener la duda sobre la asistencia del jefe de Estado a la próxima cumbre del Mercosur que se realizará en Brasil hacen de la Argentina un país antipático y un socio indeseable para la mayor parte del mundo. Así, el apoyo internacional a la reivindicación sobre Malvinas, un deber constitucional, se debilita.
La Declaración de Santa Marta de la última cumbre conjunta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), a la que no fueron ni Milei ni un Quirno, que debía estar ocupado en cosas más importantes, mencionó el reclamo argentino, pero con el agregado peligroso de la doble mención ("Malvinas/Falkland Islands") al archipiélago.