Estalla el conflicto de poderes, zozobra la gobernabilidad, el ajuste ya no es sagrado y el mercado desconfía. Formas y fondo de un proyecto inviable.
Javier Milei y Toto Caputo.
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Captura de redesEl mayor y más extendido acto de rebeldía de la representación del poder territorial de la Argentina, el Senado, contra las formas y el fondo del proyecto ultra de Javier Milei concretan, finalmente, la crisis institucional anunciada durante mucho tiempo. Mala noticia para una economía frágil que si algo no precisa es agitación.
Sin embargo, lo ocurrido este jueves en la cámara alta no agota sus consecuencias en ese hecho de por sí serio. El cortocircuito revela por primera vez y con toda claridad la endeblez de las bases de sustentación de un gobierno dueño de un nivel de popularidad importante, pero de cotas de rechazo igualmente elevadas y de una falta alarmante de recursos de poder en el plano institucional.
Así, la crisis tiene el potencial de hacerse multidimensional.
Será, en primer lugar, de poderes. Además, la de un esquema de gobernabilidad al que se acortaron las patas. También, la del presunto consenso acerca de la sacralidad del ajuste fiscal. Finalmente, la de la confianza del mercado, hasta ahora no demasiado intensa y puesta desde este momento mucho más a prueba.
El Senado convirtió en ley, con una mayoría en principio resistente a vetos, una recomposición de las jubilaciones del 7,2% y un incremento del bono congelado de 70.000 a 110.000 pesos. Se trata, simplemente, de devolverles a los trabajadores retirados una parte de lo que Toto Caputo les licuó con la megadevaluación de diciembre de 2023.
Clave: los 52 votos que obtuvo ese proyecto superaron en cuatro los necesarios para revertir un eventual veto presidencial. La prórroga por dos años de la moratoria previsional, en cambio, fue aprobada con 39 votos, lo que la hace susceptible a anulación por parte de Milei.
Una mayoría todavía más holgada, de 55 votos, sancionó también la emergencia en discapacidad, que establece, entre otras cosas, la indexación de las prestaciones de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria y una compensación de la mencionada licuación.
Derrota sobre derrota. Al cierre de la sesión, el cuerpo aprobó por unanimidadel proyecto sobre la coparticipación del Impuesto a los Combustibles y la automatización del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, eje inicial de la convocatoria y punto de mayor consenso entre gobernadores de todos los partidos. Eso, que no debería ser demasiado cuestionado, muestra la medida en la que Milei y su ministro de Economía ahorran plata que no les pertenece.
La bancada oficialista denunció la convocatoria y se fue del recinto, el sistema de votación se cayó misteriosamente, el Poder Ejecutivo presionó a los gobernadores que hasta ahora le habían resultado funcionales –Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz– y le lanzó todos los vientos del mundo a Victoria Villarruel para que se retirara y vaciara de legitimidad de lo que se votara. Nada alcanzó.
Todo indica que el Poder Ejecutivo desobedecerá leyes emanadas del Legislativo, que las vetará y que, si eso no alcanza, las impugnará ante el Judicial con argumentos más políticos que jurídicos y que el país se interna en terreno desconocido.
"Apuesto cien mil a uno que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar y si se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo que no creo, lo vamos a judicializar", dijo Milei, con risa nerviosa y entre los aplausos de la fanaticada, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Para él hubo este jueves otro mal augurio: el Senado revirtió su veto sobre la emergencia en Bahía Blanca, ciudad arrasada por un temporal a comienzos de marzo.
Si habrá conflicto institucional, que incluya a la vice y sea total. Mientras el Ministerio de Odio volcaba sin piedad a su trolera contra Villarruel, Patricia Bullrich la conminaba a levantarse de su silla. La vice optó por responder que la ley es la ley, que su trayectoria la exime de rendir examen de antikirchnerismo y que la ministra de Seguridad fue una terrorista.
Retorno es una palabra ausente en el diccionario de la extrema derecha.
Es tentador hablar de una nueva era política, pero conviene no perder la cautela.
Por un lado, porque la cuestión de las mayorías a prueba de veto es leche con la que la oposición ya se ha quemado. Que eso vuelva a ocurrir no es imposible en un Congreso en el que pululan legisladores como Eduardo Vischi y otros igualmente sensibles a la persuasión.
Además, porque el horno de la previa electoral obliga a los gobernadores a forzar la llegada de fondos que la Nación retacea; mañana, de hecho, puede ser tarde. Sin embargo, cuando se cuenten los votos, algunos queden a salvo y otros condenados, quedarán claras las bases para un nuevo tipo de relación con la Casa Rosada.
Por último, el conflicto es presentado de modo realmente agónico, pero la Argentina no está en vísperas de, por poner un ejemplo claro, una "125". El ciclo electoral provee un vehículo para el tratamiento de los conflictos, no hay en la calle el clima bélico que impera en la cúpula y los temas en discusión no tienen potencial de ser tomados por los grandes medios para hacer un mundo de ellos.
La cuestión del conflicto de poderes resulta clara y, en buena medida. cantada. De hecho, este medio insistió sobre ese caldo que se cocinaba a fuego fuerte más de una vez.
La última estuvo dada por la decisión de Milei de nombrar por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema. El rechazo del Senado a esos pliegos estuvo rodeado de promesas oficialistas de resistencia, sobre todo en el primer caso, hombre que de hecho había jurado. Al final, primó la razón, García-Mansilla se fue a su casa y el país dio un paso atrás cuando estaba al borde del abismo de una aterradora inseguridad jurídica.
Esto es diferente, sobre todo porque el desafío de los gobernadores muestra la crisis profunda de un esquema de gobernabilidad que no puede descansar eternamente sobre los colchones de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los vetos, los aprietes y las extorsiones a cielo abierto y, cuando la calle truena, los gases y los palos a manifestantes y periodistas.
Milei no gusta de negociar; lo suyo es la imposición. Tarde o temprano aprenderá que no hay esquema de gobernabilidad que se funde en un error semejante.
Además, ¿gobernabilidad de qué proyecto? Este es el tercer asunto que entra en crisis desde ahora.
Milei ha asegurado desde el primer día el superávit fiscal, algo necesario para un país que ha mantenido como política de Estado el default, la ruptura de contratos y el desprestigio de su palabra internacional.
Ese es el mérito del Presidente y, se supone, su rol histórico en esta etapa. El problema es que lo ha conseguido, como se dijo, ajustando sobre dinero que no es del Estado nacional sino de las provincias, sobre los servicios de salud y educación, sobre los jubilados, sobre los trabajadores estatales y sobre las personas con discapacidad.
En definitiva, todo recae en los territorios. La gente no vive en la entelequia llamada "Nación", salvo en lo que respecta al pago de impuestos. Vive, al contrario, en provincias y ciudades, de las que depende la calidad de los servicios de salud, educación, transporte y –no menor– seguridad. Todo ajuste es un ajuste a los territorios.
Ese tipo de austeridad es, además de injusta, inviable y el empecinamiento hace concebible que futuras administraciones vuelvan a las andadas del gasto no financiado e inflacionario.
El cordobés Luis Juez ha sido un soldado valioso de la revolución de la extrema derecha, pero este jueves votó a favor de la emergencia en discapacidad. Al borde de las lágrimas, consideró que "el Estado tiene que hacerse responsable y esto no es un gasto. No importa cuánto afecta, nuestros hijos no son un número, no son parte de una contabilidad". Tiene razón. Juez sabe de qué habla. Su ejemplo sirve para ilustrar de una buena vez la insustentabilidad ética y práctica del ajuste mileísta.
¿Cuándo se realizará la necesaria tarea de equilibrar las cuentas públicas, algo que es de pura racionalidad y no de izquierda o de derecha, dejando de ensalzar la evasión, de premiarla con blanqueos ultragenerosos, de retacear el celo recaudatorio y, sobre todo, gravando a sectores empresariales con enorme capacidad de lobby, desde los beneficiarios de regímenes especiales hasta receptores de incentivos que, como Mercado Libre, dejaron de merecer hace ya demasiado tiempo?
La torpeza de la "Operación Fantino" expuso el miércoles la desesperación del Gobierno ante el impacto que podría tener en el mercado la aprobación de un paquete de leyes que a nivel oficial se cuantifica en 1,3% del PBI, casi la totalidad del superávit presupuestario. La realidad no se condijo demasiado con ese temor, a pesar de que el dólar operó demandado –y obligó al Gobierno a redoblar su intervención en el mercado de futuros– y de que las acciones sufrieron un desplome fuerte.
La jornada transcurrió en medio de versiones sobre desacuerdos entre gobernadores opositores y opoficialistas, torsiones oficiales, dudas y mucho ruido.
Tal vez a partir de este viernes, cuando comience a metabolizarse la crisis multidimensional que se abre –de poderes, de gobernabilidad y de consenso político sobre el ajuste– la tensión se haga más visible. O después del miércoles 23, cuando dejarán de liquidarse exportaciones de soja declaradas antes del final de junio para aprovechar la baja temporal de retenciones.
¿Será, como diría Alejandro Fantino –¿o fue Toto Caputo?– que se vienen "tres meses picantísimos"?