Los cuatro nombres restantes llegan de fuerzas políticas a las que las distintas versiones del peronismo vernáculo han enfrentado en diferentes turnos electorales. Derrotados cada vez, aquellos partidos cumplieron roles de oposición.
Los más recientes han sido Pedro Dellarossa y Darío Capitani, dirigentes PRO que se sentarán en lugares cruciales. El exintendente de Marcos Juárez asumirá en Industria y el aún legislador villamariense llegará a la Agencia Córdoba Turismo.
Pero han sido otras designaciones las que más comentarios han ameritado en corrillos capitalinos. Se trata de Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero, dos voces marcadamente opositoras a los capitostes cordobesistas, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti..
Denuncias
Ambos unieron caminos en el Frente Cívico, al que llegaron con diferentes trayectorias. Él abogado penalista, de íntimo vínculo con Luis Juez. Ella, psicóloga, parte de un progresismo mediterráneo al que no le sobraban referencias.
Años después llegarían a la Legislatura en representación del mismo juecismo. En 2011, ella; cuatro años después, él. Nunca coincidirían en un bloque. En 2015, Montero repetiría como legisladora, pero por Córdoba Podemos, denominación local del Frente para la Victoria. En simultáneo, él asumiría por un Frente Cívico que ya era parte de Juntos por el Cambio.
Pero serían esos años como colegas los que les permitirían compartir controles al penúltimo gobierno de Schiaretti. Junto a Aurelio García Elorrio, líder de Encuentro Vecinal, conformarían un trío que constituiría tenaz oposición al cordobesismo. Mucho ayudaría el contraste con sus pares de JxC, más permisivos con el “Gringo”, en años de vigencia del “pacto” entre éste y el presidente Mauricio Macri.
Moviéndose en grupo, acorralarían al mandatario con denuncias vinculadas a corrupción en el manejo de la obra pública. Paradigmática sería la investigación por la megacausa Odebrecht, que los llevó hasta Brasil para la recopilación de pruebas.
Montero Elorrio y Quinteros en Brasil.jpeg
Otros tiempos II: Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio en Brasil, cuando fueron a presentar documentación para investigar la construcción de gasoductos por parte de la empresa Odebrecht en Córdoba.
García Elorrio y Montero ya habían presentado pedidos de investigación a De la Sota, en el cuatrienio precedente. Quinteros no dudaría en plegarse a una modalidad que destacó también por su consistencia. Aunque la Justicia, sospechada de afinidad al Ejecutivo, los desestimara, muchos recuerdan sus peregrinaciones por Tribunales. Sobre todo los schiarettistas, que nunca dejaron de mirarlos con inquietud.
Reconocimiento
Tras amasar una candidatura a intendenta que nunca leudó, Montero aceptaría la invitación de Llaryora para sumarse al gabinete municipal como subsecretaria de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva. Tres años después asumiría la Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria, teniendo a su cargo la administración de 100 dispensarios, las direcciones de especialidades médicas y los programas preventivos.
Sería su desempeño aquí el que le permitiría ganar la confianza del gobernador electo. Con un sólido perfil técnico (psicología clínica con foco en la violencia hacia las infancias) sería parte esencial para la reorganización de una de las áreas que más recursos insume en la gestión.
Su paso a la órbita provincial fue pedido por el propio Llaryora. “Es un reconocimiento a su laburo. Tiene firmeza e hizo gran equipo con (Raúl) La Cava, secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia”, reconocen en el Palacio 6 de Julio.
Tal desempeño no sólo supone “amnistía” ante el cordobesismo. También permite inferir ausencia de apetencias para la competencia interna. En otras palabras, una funcionaria dedicada a la gestión, necesario contrapeso al loteo que deriva del reparto discrecional.
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A partir de diciembre asumirá un ministerio que concentrará las temáticas de Familia e Infancias, con absorción de áreas que hasta aquí forman parte de otras carteras. La más importante, la SENAF, la secretaría para menores en conflicto con la ley penal, dependencia sobre la que caen periódicas denuncias por precarización del personal e incidentes violentos.
Su trabajo estará necesariamente vinculado a dos ministerios que ya han sido objeto de disputas, ya por su titularidad, ya por sus órbitas: Justicia y Seguridad.
El único
Quinteros será quien tome la brasa que todos soplaban desde lejos. Como ministro de Seguridad le espera una ardua tarea, con un horizonte político-económico que anuncia un creciente incremento de la conflictividad social.
Es, ya, la problemática que lidera las preocupaciones de los vecinos según mediciones que encarga la Municipalidad. En palabras de las autoridades electas, uno de los ejes esenciales de la nueva administración. Especialmente en la capital y área metropolitana, donde los reclamos son mayores.
Su denominación en la Provincia sorprendió a propios extraños. Concejal por Encuentro Vecinal, fuerza a la que se alió tras su salida de JxC, en julio pasado intentó por segunda vez llegar a la intendencia.
Como opositor del llaryorismo, embistió reiteradas veces contra las decisiones del intendente. Especialmente, por su decisión de mantener un estado de emergencia que le permite administrar áreas sensibles con discrecionalidad.
Sin embargo, sería ese mismo intento de llegar al gobierno de la ciudad el que terminaría catapultándolo. Como parte de su plataforma presentaría un proyecto de seguridad que ameritaría elogios. Diseñado por Miguel Robles, ex subsecretario de Delitos Complejos de la Nación, lo presentaría junto a Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, el joven asesinado por agentes policiales en un caso bisagra para la fuerza.
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Aquel plan deberá ajustarse a escala provincial. Entre otras enmiendas, deberá atender especialmente a la Policía de Córdoba, una fuerza con resistentes tendencias al autogobierno y los procesos endogámicos.
Deberá atender también las propuestas de campaña de Llaryora, que incluyen un cambio en la formación de las fuerzas, el añadimiento de personal privado en tareas de vigilancia, el uso de armas no letales y una fuerte inversión en tecnología. También, la lucha contra el narcotráfico, con una readaptación de una fuerza especial preparada para el narcomenudeo.
“Es el único que realmente quería agarrar. Todos ponían excusas”, dicen desde la sede municipal. Las mismas voces le reconocen un conocimiento de la temática y adecuada vinculación con los resortes de la Justicia.
Además de aptitudes técnicas, el exlegislador deberá superar las miradas de recelo que le dirigen los sobrevivientes de la gestión schiarettista. Por lo bajo, temen por el posible empoderamiento de “un nuevo Luis Juez”.
Distanciado políticamente del senador y de García Elorrio, amigo de ambos aún, Quinteros cuenta con avales del propio Llaryora. También con un pasado sin máculas por escándalos. Su ofrenda incluye algo muy preciado en la alcaldía local: carece de apetencias para la competencia que algunos largarán el mismísimo 11 de diciembre.