Llaryora anota la lista de reclamos históricos del cordobesismo para llevarle a llevar a la reunión con Guillermo Francos.
Domingo Sesin, presidente del TSJ de Córdoba.
Concluida la sucesión de viajes de la última semana, que inició con una gira por Estados Unidos y seguirá en el Vaticano, donde el sábado 30 tendrá una audiencia con el papa Francisco y estará en la ceremonia en la que Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba) será ordenado cardenal, Martín Llaryora deberá avanzar en la conformación del gabinete con que iniciará su gestión.
Aunque no se esperen anuncios hasta después de las elecciones de octubre, cita que tiene al funcionariado cordobés militando la candidatura presidencial de Juan Schiaretti, en el entorno del electo gobernador ansían definiciones que serán cruciales. En particular, los nombres que completarían el esquema de la administración provincial.
Muchas expectativas están puestas en lo que ocurra en el Ministerio de Justicia, cartera cuyo funcionamiento ha sido recurrentemente puesto bajo la lupa durante los 24 años del cordobesismo.
Las proclamas de respeto al “normal funcionamiento” de las instituciones parecen adelantar que Llaryora no practicará cirugía mayor sobre los lazos que vinculan al poder político con el Poder Judicial, o más precisamente con la “corporación judicial”, esenciales para la consolidación de un modelo presentado como progresista, pero con indisimulables marcas del conservadurismo autóctono.
No obstante, un anuncio lanzado en época proselitista arroja dudas sobre aquel horizonte. En mayo, en la Bolsa de Comercio, el exdiputado anticipó su decisión de vincular en una misma cartera el área de Seguridad, hoy parte del ministerio de Gobierno, con la de Justicia. “Tenemos que tener un ministerio de Justicia y Seguridad. Tenemos que hacer una política referida a la seguridad, que tiene que tener una pata de la Justicia trabajando en conjunto. Hoy son dos ministerios separados. Yo los vincularía, con una coordinación general que tenga un panorama total de lo que sucede en la Justicia, las cárceles y las distintas policías”, dijo entonces Llaryora.
Tal decisión ya ha merecido reparos. Tanto funcionarios políticos como voceros judiciales advierten que tal fusión podría resultar inconveniente, considerando la demanda intrínseca de ambas órbitas, especialmente la “rosca” con un Poder Judicial que tiene instancias específicas (desde presupuesto hasta procesos internos) y varios resortes bajo su puño.
También remarcan la obligación de brindar especial atención a Seguridad, uno de los puntos flacos de las gestiones del peronismo cordobés, no sólo por los índices delictivos, sino también por distintos casos de violencia institucional que han demostrado la necesidad de una revisión integral de los procesos de formación de las fuerzas de seguridad cordobesas.
Para más, comparten el vaticinio de una época de creciente conflictividad, leudada por la profunda crisis expresada en indicadores socioeconómicos. “Con más del 40% de pobreza y ajustes estructurales en economía, gane quien gane la presidencia, será muy jodido el tema. En Seguridad, si empatás salís ganando”, sintetiza una fuente calificada.
“Hay temor. Por eso avanzan en proyectos para criminalizar la protesta social, pero seguridad es básicamente el control de la Policía”, sentencia un abogado que pide también una revisión profunda del Código Procesal Penal, vigente desde 1991.
Descartada la continuidad de la ministra Laura Echenique, a quien auguran destinos “más importantes aún”, dos nombres se barajan para el despacho ubicado en el microcentro. Ambos abogados, conocen procesos y tiempos de la negociación entre poderes, son reconocidos por la corporación judicial y gozan de la confianza de Llaryora.
Analistas que conocen a ambos funcionarios aseguran que los une otra característica: consideran que el vínculo con la Justicia amerita una dedicación que la hace incompatible con otras tareas.
Uno es el legislador Juan Manuel Cid, quien acredita sobrados antecedentes para asumir en Justicia. Activo gestor en ámbitos palaciegos durante los gobiernos de De la Sota y Schiaretti, ha desempeñado importantes tareas en la articulación con el Poder Judicial, desde el Jury de Enjuiciamiento hasta el Consejo de la Magistratura.
Compañero de ruta del gobernador electo desde los tiempos de la corriente interna “El peronismo que viene”, con la que se acercaron a Néstor Kirchner en 2007 y desafiaron a los taitas cordobeses en 2013, el “Gallego” goza también de buenos vínculos personales con la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en particular su presidente, el también sanluiseño Domingo Sesín.
Sin embargo, voces cercanas son enfáticas: “Si es Justicia, sí. Si se une con Seguridad, no. No le interesa. No se siente idóneo para una tarea que requiere preparación específica y que será crítica para los próximos años”, expresan a Letra P.
En el mismo razonamiento señalan la conveniencia de quitar algunas dependencias, igualmente críticas, de esta área. Entre ellas, el Servicio Penitenciario y la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF). “Hoy un ministro pasa de tomar exámenes y entrevistarse con fiscales y jueces a atender casos por corrupción de un guardiacárcel o revueltas en el Complejo Esperanza. ¿Quién puede con todo?”, formulan retóricamente.
El otro nombre que sobrevuela especulaciones es el actual presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, quien ya participa en interacciones varias con la municipalidad y la provincia.
Compañero de fórmula de Verónica Bruera para la conducción del Colegio tres años atrás, mantiene contactos con la representación legal del Palacio 6 de Julio. Experto en derecho laboral, también representa a Luz y Fuerza, gremio del personal de la Empresa Provincial de Energía (EPEC). En paralelo, personas de su entorno participan en la intervención dispuesta por la Justicia en el Surrbac, el sindicato de trabajadores de recolección de residuos e higiene urbana, envuelto en causas por lavado de activos y violencia sindical.
“Nacho sabe de política y de corrillos. Puede ir a Justicia, puede ir a otra área, incluso EPEC, pero para asumir como ministro debería dejar el Colegio de Abogados antes de tiempo y podríamos perder la presidencia en las elecciones de abril. Es un riesgo”, evalúa un letrado cercano a la intendencia.
Voces críticas de la administración schiarettista relativizan las proclamas de respeto por la institucionalidad con que representantes del Ejecutivo definen su vínculo con el Judicial y que habría de mantener Llaryora. Antes bien, apuntan a una “convivencia con aires de connivencia”.
Para ello, remarcan el deber del Gobierno de cumplir con tareas de control que la Constitución establece. “Respetar no es dejar que tribunos y jueces hagan lo que quieran. En todo caso, los gobiernos deciden incumplir con los mecanismos de control con que cuentan. Ahí está un eje que nadie quiere tomar”, explican.
De inmediato ponen la lupa sobre el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de magistrados desde 1999, y el Jury de Enjuiciamiento, órgano que puede removerlos. “En estos años han sido excepcionales las sanciones a jueces. Sólo hubo un caso de remoción, por causas aberrantes. Algunos fiscales, también por causas indefendibles. Pero la tendencia es a la preservación”, evoca una voz consultada.
Desde el TSJ no se han expresado aún, mucho menos oficialmente, tras la elección de autoridades provinciales. Caminantes de recovecos tribunalicios aseguran que las prioridades son "las habituales": presupuesto y atención al Consejo de la Magistratura.
Para todo lo demás remiten al discurso de apertura del año judicial, en palabras de Sesín, quien además de referir a Córdoba como "una provincia cada vez más próspera", destacó el valor de la independencia judicial. "La independencia no se declama, se ejerce. Ni el Tribunal Superior ni ningún juez de este Poder Judicial reciben instrucciones del poder político provincial, nacional ni municipal. La lectura de los fallos es la mejor manera de comprobarlo", dijo entonces, delante de los candidatos que disputarían, tres meses después, la gobernación provincial.