La ley integral de seguridad será la primera acción legislativa de Martín Llaryora.
Fuente: Prensa Municipalidad de Córdoba Martín Llaryora
Lo repite ante los micrófonos, lo rubrican funcionarios y voceros, Martín Llaryora prevé a la gestión de la seguridad como uno de los pilares de la administración provincial que iniciará el 10 de diciembre.
A tal fin, pergeña un innovador proyecto que, redefinido por asesores como “modelo Córdoba ”, podría obrar como base de despegue para su anhelada proyección nacional.
Dicho plan se sostiene sobre tres vigas, bocetadas ya durante la campaña previa a las elecciones de junio. Por entonces, la seguridad era uno de los ejes proselitistas, consecuencia de embates opositores hacia el gobierno de Juan Schiaretti, que tuvo en el tema una de las pústulas de su gestión, con fluctuantes índices delictivos y sonados casos de violencia institucional, como los asesinatos de Blas Correas y Joaquín Paredes.
El primer pilar de la iniciativa es la creación de policías municipales. Pensada para grandes centros urbanos, especialmente el área metropolitana de la capital, la experiencia cuenta con adeptos en diversas partes del mundo. Sus integrantes serían reclutados y formados especialmente para la función.
Estos cuerpos operarían articuladamente con la estructura de la Policía, con tareas análogas pero restringido uso de violencia. Para su actuación emplearían armas “no letales”, oxímoron de creciente aceptación, sobre cuyo funcionamiento el propio intendente ha indagado ya en sus viajes al exterior.
Junto a ellos, el dispositivo podría sumar al personal de seguridad privada que actualmente presta tareas de vigilancia en ámbitos delimitados.
Denominados “teros” en la jerga, suelen integrar a personal retirado o desplazado. También a personas que no han completado instancias de educación formal. Por ende, su incorporación requerirá evaluaciones y capacitación específica, aseguran quienes participan del diseño del esquema. Entre las habilidades requeridas se incorporaría el manejo de aquellas armas “no letales”.
El efecto de estas iniciativas se podría percibir, con mayor presencia de efectivos en las calles, en un plazo mediato. Previamente, en el mismo diciembre, egresarán más de 800 efectivos, que habrán completado los tres años de formación requeridos desde 2020.
Este “refuerzo” llegaría al inicio de la temporada estival, período que suele registrar un incremento de casos delictivos en la capital, consecuencia directa de los operativos desplegados en valles turísticos y los grandes festivales que allí se desarrollan.
La capacitación será el núcleo principal de la iniciativa que Llaryora presentará a la Legislatura Unicameral el mismísimo 10 de diciembre.
Según explican voces consultadas, se avanzará en la formación "profesional" de las fuerzas de seguridad, entre las que se incluye al Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (dependiente del Ministerio Público Fiscal). A tal fin se impulsarán planes de estudio diseñados con una mirada integral. En particular para la “oficialidad”, a la que se ofrecerán carreras de grado, coordinadas por universidades. Al momento sólo dos casas de estudio cuentan con especialidades en la temática, la Nacional de Villa María y una privada de la capital.
Planteada como requisito, la formación de grado en la temática es una cualidad escasa entre quienes han ocupado el cargo en las gestiones cordobesistas. Alejo Paredes, exjefe de Policía y ministro de Seguridad hasta 2013; Alejandra Monteoliva, quien le sucedió en el cargo; y el actual secretario, Claudio Stampalija, marcan excepciones.
La falta de aprendizaje específico opera también como filtro para el cúmulo de nombres que suenan para asumir la coordinación de la tarea que contará con aquel proyecto como guía.
Claro que tal definición también está supeditada al rango que se le asigne a la cartera. Hoy secretaría dependiente del ministerio de Gobierno, especialistas coinciden en que la dimensión proyectada se ajustaría mejor a un ministerio, condición que tuviera durante los gobiernos de José Manuel de la Sota.
En las últimas semanas ha perdido fuerza la idea de fusionar la cartera con la de Justicia, acople que, como contara Letra P, funcionaba como disuasivo para postulantes. Especialmente quienes esperan prodigarse exclusivamente en ámbitos judiciales. “Si viene con Seguridad no, no quiero. Hace falta alguien con conocimiento específico”, repite uno de los nombres más mentados para Justicia.
También se ha decidido quitarla de la órbita de Gobierno, de la que depende hoy, bajo control de Julián López, otro que sonó para asumir un área exclusiva, pero tendría todo listo para liderar el inédito ministerio de Cooperativas y Mutuales, según la delineación del futuro gabinete.
Uno de los artífices del proyecto es José Emilio Graglia, quien conoce a Llaryora desde hace ya varios años. Presidente del Instituto de Ciencias, Estado y Sociedad (ICES), docente, doctor en Derecho y Ciencias Sociales; también formado en Gobierno y Administración Pública, y en Política y Gobierno, es quien diseña contenidos de las carreras en Seguridad, articulándolas con otra de sus especialidades: el desarrollo metropolitano.
Diseñador del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, muchos lo miran como uno de los idóneos para el puesto. Sin embargo, en diálogo con este medio, descarta cualquier intención de sumarse como funcionario.
Gabriel Bermúdez, exalumno de Graglia, también fue mencionado en el listado de aspirantes. Especialista en finanzas, exfuncionario de Transporte en Provincia y Nación, hoy secretario de Desarrollo Metropolitano, no acredita experiencia en la materia. Sin embargo, desde su entorno destacan que conoce el proceso de conformación del área metropolitana de Medellín, para la cual ha sido clave la definición de políticas de seguridad. También que cuenta con formación en Estrategias Públicas y Privadas, lo le permitiría abocarse a muchos ámbitos “de gestión”.
“Olvidate. No tiene experiencia. No sabe del asunto y acá necesitamos alguien que sepa. No hay margen para aprendizaje sobre la marcha, mucho menos para errores, con la crisis que vivimos”, rebate otro funcionario.
“Primero hay que definir la política. Recién entonces buscar un perfil que se ajuste a ella”, precisa Graglia, quien tampoco manifiesta predilección por nominación alguna.
Tal definición tiene ya una certeza: quien asuma no deberá lidiar con la problemática los menores en conflicto con la ley penal. Liliana Montero asumiría en un área que abordará específicamente problemas de familia e infancias. En su órbita recaerá el manejo del Complejo Esperanza, centro socioeducativo atravesado por numerosos episodios de violencia y por históricos reclamos del personal.
Quien asuma deberá, además, nombrar nueva cúpula en la Policía. Todo indica que será removida la jefa, Liliana Zárate Belletti, primera mujer en ocupar ese cargo.
Entre las virtudes que destacan los artesanos del plan resuena un viejo deseo de distintos gobiernos, sucesivamente frustrado por las dinámicas propias de las fuerzas de seguridad: el control civil, despreciado aún en procesos endogámicos que moldean especialmente a los "troperos".
Entre las filas laten aún tendencias de autogobierno, corporativismo y desprecio por la institucionalidad, rastreables en el modelo impuesto desde mediados de los 70 por violentas cúpulas policiales y exacerbados tras el golpe militar.
"Seguridad es, sobre todo, el control de la Policía. Quien logre eso tendrá gran parte del problema resuelto", precisa una calificada voz del ámbito académico.
Conciente de ello, pero también de la necesidad de una fuerza presente en un contexto social marcado por el descontento, Llaryora ha manifestado respaldo al accionar policial, aún en casos denunciados por gatillo fácil. Como ya dijera en campaña, interpreta que la seguridad no puede ser analizada "desde lo ideológico".