La bicameral de trámite legislativo envió citaciones a siete funcionarios. La vice busca dilatar el llamado a sesión: no tiene los votos para defender el DNU.
Victoria Villarruel con Kirsty Hayes, embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Del Norte.
Victoria Villarruel, vicepresidenta. Trata de sostener el decretazo.
Victoria Villarruel suma presión a la Casa Rosada para que ayude a evitar que la oposición vuelva a pedir una sesión para tratar el decretazo del presidente Javier Milei. Con su anuencia, la bicameral de trámite legislativo citó para el jueves a siete funcionarios, entre ellos al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Economía, Luis Caputo.
El oficialismo no podía evitar la convocatoria porque fue votada en la última reunión de la comisión, pero la vicepresidenta tampoco quiso posponerla para no recibir nuevos reproches por negarse a abrir el recinto. Desde la semana pasada, luego de un pedido de los partidos provinciales, en el Senado hay una mayoría dispuesta a rechazar el decretazo. Si las dos cámaras del Congreso votan en contra, el mega-DNU queda anulado.
El presidente de la bicameral, el senador de LLA Juan Carlos Pagotto, convocó a la reunión para el jueves a las 14 con la lista de invitados en el temario. Los otros son el secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo y Empleo, Omar Yasín; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de Anses, Mariano de los Heros.
La convocatoria a la bicameral sorprendió a los funcionarios. Hasta el cierre de esta nota, fuentes de LLA del Congreso no tenían confirmadas las presencias. Esperaban visitas semanales por tandas, con Caputo y Posse al final de lista. "Los citamos para que vengan", aclaraban. Fuentes de la Casa Rosada aclararon a Letra P que por ahora no está definida ninguna visita.
En la oposición no descartan que el jueves el jefe de Gabinete y el ministro de Economía den la cara para estirar una semana más la agonía en el Senado.
Como explicó LetraP, la vicepresidenta esperaba que los gobernadores fueran convocados por el Gobierno para definir la próxima reunión de la comisión. Recién supo en la noche del lunes que estarían el viernes en la Casa Rosada e instruyó a Pagotto a enviar la citación para un día antes.
Villarruel no puede esperar mucho más para llamar a sesión: con el recinto cerrado, no podrá aprobar la reforma de la legislación de lavado de activos exigida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una misión del organismo está en el país y no descarta una sanción.
El decretazo es un compendio de desregulaciones, con la reforma o derogación de más de 300 leyes. Según las versiones extra oficiales, uno de sus artículos fue utilizado este lunes como herramienta para no abrir la agencia oficial de noticias Télam, lo que motivó un debate en el Congreso.
El tema también se discutirá en la reunión del jueves, donde Unión por la Patria, el único bloque que no participa de los acuerdos, pidió invitar a constitucionalistas para exponer sobre los alcances de un DNU. Andrés Gil Domínguez, uno de los especialistas en la Carta Magna, sostuvo el lunes que el decreto de necesidad y urgencia no alcanza para cerrar la agencia de noticias.
La oposición dialoguista acepta escuchar a constitucionalistas y podrían votar para que sean invitados. Mientras tanto, el decretazo puede ser tratado en el recinto, según todos los bloques no oficialistas, porque lo contempla la ley 26.122 en caso de cumplirse 10 días hábiles sin haber sido dictaminado.
Aun así, Villarruel ignoró tres pedidos de sesión de Unión por la Patria y no contestó la nota de los partidos provinciales, que le solicitaron abrir el recinto cuando ella disponga para tratar el decretazo. Su resistencia no podría durar mucho tiempo más.