Con menos de un tercio de las bancas, logró las leyes que buscó, sostuvo casi todos los DNU y blindó los vetos. La matemática engañosa. El Senado, el problema.
Javier Milei en el Congreso.
El balance de Javier Milei en su primer año en el Congreso le deja más luces que sombras. Fue de menor a mayor, pasó de la impericia total a un oficio incipiente y de un panorama caótico a un final ordenado, con triunfos categóricos y casi sin derrotas. La parálisis del Senado, donde el oficialismo no encontró la brújula, es el dato más preocupante para la Casa Rosada.
Al Presidente no le faltaban razones para temerle al Parlamento. Pese a su alianza con el PRO, asumió con menos de un tercio de las bancas en ambos recintos, un capital que ni siquiera alcanza para sostener vetos. Además, los bloques de La Libertad Avanza (LLA) estaban abarrotados de inexpertos y no se podía esperar grandes martingalas.
Los tropiezos libertarios llegaron rápido, pero se redujeron a partir del aprendizaje de algunos referentes libertarios y, sobre todo, de la estabilidad del Gobierno, un incentivo para que parte de la oposición se animara a pintarse de violeta. Fue así como aparecieron los radicales con peluca, las ayudas de gobernadores peronistas y de la UCR; las alianzas con los partidos provinciales, siempre dispuestos a dar una mano a un Gobierno sin boleto picado; y, más reciente, los amarillos que empezaron a ver un mal negocio en recibir órdenes de Mauricio Macri desde algún lugar del mundo.
El balance no es igual en las dos cámaras. Diputados finalizó con un oficialismo sólido y el PRO y la UCR como socios fijos. El intento de una alianza opositora para dominar la agenda avanzó pero no llegó a dañar. El Senado es otro cantar: cerró con dos meses de parálisis, bloques desarticulados y ausencia de líderes oficialistas capaces de explorar consensos. La disputa de egos entre Milei y Victoria Villarruel se convirtió en un problema grave para el oficialismo. A diferencia de sus antecesores, el Presidente no pudo avanzar con pliegos judiciales y diplomáticos en los primeros meses de su gobierno. No será fácil que lo consiga en un año electoral.
La estadística para evaluar el funcionamiento del Congreso siempre es engañosa, porque las leyes se cuentan de a una, pero no todas impactan igual. El primer año de Milei explica esa trampa aritmética. Los libros dirán que hubo 44 leyes sancionadas en 2024, aunque 31 fueron tratados internacionales, la mayoría firmados durante anteriores gobiernos. El diputado Fernando Iglesias, del PRO, se tomó el trabajo de revolver los cajones de la comisión de Relaciones Exteriores para ratificar convenios archivados, en muchos casos por mera negligencia.
Otra trampa estadística es que si bien Milei sólo logró sancionar tres proyectos de su autoría, dos tienen el contenido de toda la agenda legislativa de un gobierno entrante: la ley Bases y la reforma fiscal.
Estas normas fueron los objetivos del Gobierno en el parlamento durante el primer semestre. Después de un fallido intento por aprobar la ley ómnibus en Diputados, cuando la mala praxis legislativa obligó a Milei a suspender una sesión por teléfono, el proyecto fue sancionado en junio, junto a la prometida reforma fiscal.
Ambas leyes aportaron herramientas que le permitieron a MIlei aplicar su plan de gestión. Pudo reorganizar el organigrama del Estado, sacar a la venta una decena de empresas públicas, proyectar inversiones a través del RIGI, aumentar la recaudación con la reversión de Ganancias y sumar divisas con el exitoso blanqueo de capitales.
El otro proyecto escrito en Casa Rosada convertido en ley durante 2024 fue la ampliación del registro de datos genéticos, que ya no será solamente para casos de delitos sexuales. Fue la única iniciativa enviada por Patricia Bullrich que pasó el filtro de las dos cámaras. La ministra de Seguridad, a diferencia de sus colegas, envió al Congreso un paquete de iniciativas: varias de ellas podrían ser sancionadas pronto, como el combate al crimen organizado (la lay antimafia), a la que sólo le resta la aprobación del Senado; el aumento de penas por reincidencia y reiterancia y el juicio en ausencia, que ya fueron dictaminadas en Diputados.
Entre los proyectos sancionados que estaban pendientes se destaca otro hito parlamentario conseguido en 2024: la boleta única de papel, convertida en una realidad tras 15 años de intentos fallidos. Lo más cerca había sido en 2016, cuando fue aprobada en Diputados la boleta electrónica, pero en esa oportunidad los gobernadores peronistas la congelaron en el Senado.
La BUP fue avalada en la cámara baja en 2022 pero la oposición al Frente de Todos hizo la vista gorda en el Senado, por temor a un ascenso de Milei que existió de todos modos. El libertario fue el primer jefe de Estado interesado en cambiar el sistema electoral, vigente desde hace dos siglos.
Otra modificación que lleva esperando el mismo tiempo -y que quedó a la puerta de ser sancionada- es el juicio por jurados, incorporado en la Constitución desde 1853 y nunca aplicado. Tuvo dictamen en Diputados, con acuerdo de todos los bloques, que hasta le dieron el gusto a Milei de obligar al juez técnico a usar toga y martillo. El tratamiento en los recintos quedó para 2025.
Una historia aparte en el Congreso fueron los decretos de necesidad de urgencia, una herramienta que la Constitución de 1994 reguló para reducir el presidencialismo y no hizo otra cosa que acrecentarlo. Sobre todo porque la ley regulatoria, en 2006, quedó con una redacción capciosa que permite que si una sola cámara avala un DNU, éste quede vigente. O sea, le permite a un Presidente blindar los decretos con sólo controlar un único recinto.
En su primer año Milei firmó 51 DNU, sólo superado por los 78 de Alberto Fernández, quien tenía como excusa la pandemia, pero muy por encima de Cristina Fernández de Kirchner (11) y Mauricio Macri (17).
La peculiaridad es que uno de los primeros decretos del Presidente, el 70/23, fue tal vez el más voluminoso de la historia, con más de 300 artículos que derogan decenas de leyes y borran de un plumazo regulaciones económicas y civiles. Sólo están vedados en un DNU los temas electorales, penales e impositivos. Cualquier otra medida puede aplicarse con la firma presidencial, con el riesgo de que sea borrada por el Parlamento.
Como explicó Letra P, tal vez el triunfo más grande de Milei en el Congreso fue sostener el decreto 70/23: fue rechazado en el Senado, pero nunca se trató en Diputados. El secreto para protegerlo fue que incluye la eliminación de la ley de alquileres, que a excepción de Unión por la Patria, ningún bloque opositor se anima a mantener en vigencia.
La otra cara de la moneda para el Gobierno fue la derogación del DNU 656/24, que sumaba 100 mil millones de pesos a los fondos reservados de la SIDE y ni siquiera fue acompañado por el PRO. Milei se ganó un lugar en la estadística negativa, porque ningún Presidente se había quedado sentado a mirar como el Congreso le borraba un decreto.
La reacción natural de un jefe se Estados es corregirlo antes de la sesión decisiva, porque a diferencia de las leyes, que se pueden vetar, un DNU rechazado no tiene vuelta atrás.
Quedó a la espera de tratarse en Diputados una reforma que restringe el uso de los decretos y que el Presidente amenaza con vetar. Aun así, a tono con el año electoral, la oposición tal vez sea más hostil en 2025 con los DNU. Milei debería aplicarlos menos para no dar sensación de debilidad.
Otra cucarda que se anotó Milei fue haber fracturado la mayoría de los bloques opositores para sumar aliados. No logró una mayoría automática, como la de Macri en 2016, pero tampoco estaba en sus planes: se conformaba con sancionar sus dos leyes claves y vetar las que quisiera imponer la oposición. Lo logró.
Las gestiones de la Casa Rosada surtieron efecto rápido con la salida del trío tucumano de Unión por la Patria, para convertirse en aliados fijos. Otros sectores del peronismo vinculados a gobernadores ayudaron al Gobierno, pero no sacaron formalmente los pies del plato, como los catamarqueños.
Casi sin plata, con el único recurso de repartir residuos de los ATN -que inevitablemente debe distribuir en las provincias-, Guillermo Francos logró disciplinar a los gobernadores y evitar que prosperaran leyes hostiles. Con esa limosna, los mandatarios aceptaron que no se tratara el Presupuesto 2025.
La otra adquisición clave de Milei, con ayuda de Bullrich, fue la de los radicales violetas, cinco miembros del partidos centenario -con chances de llegar a siete-, que permitieron al Presidente sostener los vetos a las dos leyes que le rompían la caja: la reforma previsional y el aumento del presupuesto universitario.
La irrupción de este quinteto partió en dos el bloque UCR. Fue una bisagra en el año legislativo, que coincidió con el repunte de la imagen presidencial del último trimestre. La última intromisión del Gobierno es en el PRO, donde el grupo dialoguista empezó a crecer en los últimos días y Macri no volvió a animarse a desafiar a Milei. Tal vez no lo haga nunca más
Un dato a revisar para Milei es como manejar el Senado, sin dudas en territorio en el que menos supo moverse el Gobierno, pese a que la oposición nunca logró coordinar una ofensiva en su contra, como sí ocurrió en Diputados. El Presidente no encontró interlocutores sólidos en la cámara alta para negociar con bloques fragmentados y sin líderes fuertes.
El año comenzó con una ambiciosa Villarruel, que designó a dedo al presidente provisional (el libertario Bartolomé Abdala) y logró una mayoría para repartir autoridades que nunca volvió a controlar. Ni bien se quedó sin votos para aprobar la BUP, en febrero, no pidió ayuda y se paralizó. Recién se destrabó en agosto, con intervención de Francos. Para la ley Bases y la reforma fiscal también fue clave la participación del jefe de Gabinete. Las gestiones de la Rosada no alcanzaron para evitar las sanciones de leyes hostiles, como la reforma previsional y la de presupuesto universitario.
En un acto de desesperación, Santiago Caputo se sumó a la tarea de buscar aliados ocasionales, como el ahora detenido Edgardo Kueider, a quien le descubrieron 211 mil dólares sin declarar en Paraguay. La ayuda parlamentaria, sin embargo, no le permitió al oficialismo salir de la parálisis en un recinto donde sólo hay seis libertarios entre 72 bancas. Había siete, pero uno fe echado: Francisco Paoltroni.
El Senado terminó el período ordinario con dos meses sin sesiones. La falta de brújula del oficialismo le impidió avanzar en cuestiones clave, como los pliegos judiciales, que ni siquiera fueron enviados. Hay 150 vacantes que iban a cubrirse y no llegaron los candidatos. Nadie imagina esa negociación en un año electoral.
Tampoco prosperó la negociación para completar la Corte Suprema, como los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El primero es boicoteado por Villarruel y Paoltroni. Tampoco se reveló el candidato a nuevo procurador, un cargo vacante desde 2017. Milei no tuvo ninguna propuesta. En el Senado, la siguen esperando.