La iniciativa, que impulsó el Gobierno, agrega otros delitos al banco de ADN. La herramienta seguirá bajo la órbita del Ministerio de Justica.
Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, en el Congreso.
En una sesión exprés, la menos tensa que le tocó presidir a Victoria Villarruel, el Senado sancionó la ley que amplía el actual registro nacional de datos genéticos, que ya no estará restringido a delitos sexuales, e incluirá muestras de imputados, personal de justicia y de seguridad. Por ahora, seguirá a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El proyecto tuvo 39 votos a favor, a partir de la alianza La Libertad Avanza con la UCR, el PRO y los partidos provinciales. Es el mismo acuerdo que en diciembre le había permitido a Villarruel elegir las autoridades de la cámara. Unión por la Patria se abstuvo, luego de perder una votación para retornar el debate a comisión.
El proyecto original le asignaba el banco ampliado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue modificado en la discusión en particular de Diputados, el 15 de agosto, a partir de una alianza entre Unión por la Patria y el sector díscolo de la UCR. Bullrich no soportó el golpe y reclutó a los rebeldes del radicalismo, que avalaron el veto de la reforma previsonal.
Tanta fue la presión de la ministra por tener el registro ampliado que el encargado de defender el proyecto en las audiencias del Congreso fue el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. No hubo expositores del Ministerio de Justicia, que de todos modos controlará la herramienta. Detrás de Cúneo Libarona, además, está la sombra de Santiago Caputo, a través del secretario de Justicia, Sebastián Amieiro.
La ley que Javier Milei deberá promulgar amplía el registro creado hace una década y además mejora el perfil genético del Banco de Datos: hasta ahora sólo se usaban fluidos humanos (sangre y semen), útiles para la investigación de delitos contra la integridad sexual. En este caso se incorpora como identificación el ácido desoxirribonucleico (ADN) de contacto. Se usará un software importado de Estados Unidos.
La polémica principal es por la ampliación de delitos incluidos, que convertirá el banco en un laboratorio de perfiles de millones de argentinos. Incluirá a víctimas de un delito -opcional-, cadáveres o restos humanos no identificados, familiares de desaparecidos o extraviados. También a personas imputadas, procesadas o condenadas en un proceso judicial, personal de Fuerzas Policiales, de Seguridad Federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Se agregará un registro de autores de delitos no individualizados.
En Diputados, UP había reclamado un presupuesto, teniendo en cuenta que cada muestra vale 60 dólares. "Se lo van a trasladar a las provincias", acusó el senador kirchnerista Oscar Parrilli, quien sospecha de una futura maniobra de Milei para cederle el Banco a Bullrich. "Temo que el Gobierno vete una parte de la ley y haga un DNU, porque detrás de todo esto está el aparto de seguridad que quieren usar como una herramienta más de espionaje político", sostuvo el neuquino.
UP propuso ampliar el registro solamente a los casos de condena por delitos mayores a seis años de prisión. "No podemos permitir que sean que se tomen delitos leves o aquellos imputados. Se sobresaturará el registro y no se llegará a ningún puerto", sostuvo el neuquino.
El oficialismo y sus aliados defendieron el proyecto. "No debería generar absolutamente ninguna grieta. Tenemos que contar con todas las herramientas que nos ponen a disposición los adelantos científicos", lo defendió Carolina Losada.
El radical Maximiliano Abad consideró que la ampliación del banco de datos genéticos será "una modernización de las investigaciones criminales, para esclarecer una amplia gama de delitos y hacerle frente al crimen organizado, de manera profesional, transparente y eficiente". El bonaerense aprovechó para cuestionar la política exterior de Milei. "Damos un paso para adelante y varios para atrás: en el plano internacional, estamos aislados", señaló.
El misionero Oscar Arce, consideró que el banco será útil para provincias limítrofes, para hallar a los asesinos que escapan a otros países. El jefe del PRO, Luis Juez, fue uno de los principales defensores. "Este no es el laboratorio de Dexter (por el personaje de una serie): esto está probado en el mundo. El sistema jurídico tiene este elemento de prueba: no estamos descubriendo nada. Llegamos tarde que es otra cosa".
El libertario Juan Carlos Pagotto rechazó la propuesta de Parrilli de evaluar si el Ministerio Público Fiscal no debería tener el Banco de Datos. "En el sistema acusatorio los fiscales van a tener el control de la investigación. Por más probos que sean no podemos darle ese poder", sugirió. Por ahora, lo tendrá Cúneo Libarona.