Solicitó sesión para el jueves . Considera que los temas reglamentarios no deben incluirse en extraordinarias. En Diputados, UP quiere investigar sobornos.
Edgardo Kueider.
La detención de Edgardo Kueider en Paraguay, donde fue demorado por intentar ingresar con 200 mil dólares, podría arruinar las sesiones extraordinarias que pedirá Javier Milei. El bloque Unión por la Patria le solicitó a Victoria Villarruel que convoque a una sesión el jueves 12 para tratar su proyecto para expulsar al entrerriano.
En UP consideran que, por ser un tema reglamentario, no es necesario que la iniciativa sea incluida en el pedido de sesiones extraordinarias, que aún no fue oficializado. En el Senado, los funcionarios encargados de interpretar el reglamento coinciden con la postura de UP y sostienen que de aparecer otra biblioteca, la definición será en el recinto.
Como echar a un senador por inhabilidad moral, como quiere UP, requiere dos tercios del recinto y la misma cantidad se necesita para dirimir una discusión leguleya o tratar un proyecto sin dictamen, será el cuerpo que defina si Kueider debe o no entregar su banca.
El tema no pareció interesarle a Milei cuando envió a su portavoz, Manuel Adorni, a anunciar el mismo miércoles un temario de extraordinarias en el que incluyó el proyecto para combatir el crimen organizado (la ley antimafia), que sólo resta ser tratado en la cámara alta y ya tiene dictamen. El peronismo no quiso esperar y solicitó una sesión para el jueves, cuya suerte dependerá de la postura de los otros bloques. Sólo el PRO repudió a Kueider, quien este año fue un aliado del oficialismo.
Recién el miércoles por la noche, el entrerriano anunció que se tomará licencia mientras dure la investigación. Este jueves informó que permanecerá en Paraguay a esperar una resolución judicial. Cumple prisión domiciliaria en un lujoso departamento, con pileta y gimnasio.
La expulsión de Kueider, de producirse, generaría otro efecto: asumiría en su lugar Stefania Cora, quien se enrolaría en el bloque Unión por la Patria. Sin él LLA es el segundo aliado que resigna: perdió al radical Víctor Zimmermann, también de licencia. Sin el peronismo, con estas bajas LLA tiene un techo de 37 votos, lo justo y casi imposible de alcanzar, porque la cuenta incluye a figuras hostiles a MIlei como el radical Martín Lousteau.
Es por eso que al resto de la oposición no le urge tratar la expulsión, pero no será fácil justificar una defensa al entrerriano.
Fuentes del Senado aclararon a Letra P que el pedido de licencia de Kueuder no ingresó formalmente. Recién cuando llegue, podrá votarse en una eventual sesión. "Están viendo cómo hacen el trámite, porque no es fácil estando en Paraguay", explicaron en la cámara alta.
Este jueves, el senador anunció que permanecerá en ese país hasta que se esclarezca su caso. En el Congreso nadie habló con él: se comunica a través de su secretario para coordinar trámites y redactar comunicados, que luego difunde su agente de prensa.
Kueider tampoco tuvo contacto con miembros de su bloque, Provincias Unidas, presidido por Carlos Espínola, quien el miércoles difundió un comunicado en el que pide investigar a su compañero. Lo acordó con el resto de los miembros pero no lo habló con entrerriano.
Para ese entonces, UP ya había presentado el proyecto de resolución para expulsar al senador entrerriano por inhabilidad moral que ahora exige tratar el jueves. "La permanencia de Kueider en el Senado resulta impracticable con los estándares de ética que exige la República y quienes tenemos responsabilizadas debemos asumirlas y actuar de acuerdo a las circunstancias", dice la nota enviada a Villarruel, que firman Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Nora Giménez, Antonio Rodas y Eduardo De Pedro.
Kueider fue compañero de la mayor parte de los integrantes de UP entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, cuando se fue junto a Espínola para crear Unidad Federal, junto a la cordobesa Alejandra Vigo.
Los tres conformaron Provincias Unidas hace tres meses, junto al salteño Juan Carlos Romero, la neuquina Lucila Crexell y la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. Kueider fue uno de los articuladores de este bloque, a partir de su línea directa con Santiago Caputo, quien, según relató el entrerriano a Letra P, en julio le ofreció la presidencia de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.
En Unión por la Patria ya tienen la hoja de ruta para quedarse con la banca de Kueider, que tiene mandato hasta diciembre de 2025. Esperan que el jueves Villarruel abra el recinto y se sumen las otras bancadas para llegar a la dos tercios.
El interbloque conducido por José Mayans tiene 33 miembros y necesita 15 para alcanzar la mayoría especial. Ninguna otra bancada presentó proyectos para echar al entrerriano, pero a ninguna le será fácil sostenerlo si se abre el debate. La UCR y La Libertad Avanza ni siquiera emitieron comunicados para repudiar el hecho y pedir una investigación. Entre ambos suman 19 votos, 13 y seis respectivamente.
El PRO sí se expresó contra Kueider y suma siete escaños, además de la aliada Beatriz Ávila. Junto al sexteto de Provincias Unidas, el resto del recinto lo completan partidos provinciales, como las duplas de Misiones y Santa Cruz; la rionegrina Mónica Silva. Un outsider suelto es el formoseño Francisco Paoltroni, expulsado de LLA.
El oficialismo debe definir una estrategia para no quedar pegado a Kueider, quien este año actuó como aliado y tuvo vínculos con Villarruel y Caputo. Es que en caso de no tratarse la expulsión el jueves, si se aprueba la licencia, el destino de su banca se debatirá inevitablemente en marzo en la comisión de Asuntos Constitucionales, que aún preside el entrerriano, por gestión de la vicepresidenta.
Con él afuera, debe asumir automáticamente la titularidad de la Comisión la vice, la tucumana Sandra Mendoza, de UP, quien podría convocar para tratar sobre la moralidad de Kueider y sus 211 mil dólares. Nadie quiere llegar tan lejos. La otra opción es echarlo el jueves.
En Diputados también se lanzó una ofensiva contra el Gobierno por la detención de Kueider: Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para investigar la posible existencia de sobornos para aprobar la ley Bases.
La jugada no es inocente: el entrerriano fue uno de los votos decisivos en el Senado y fue favorecido con cargos en la Comisión Mixta de la Represa Salto Grande. Fue en esas negociaciones, cuando conoció a Caputo.
El proyecto de Cafiero propone una comisión de nueve miembros, integrada según la representación proporcional de cada fuerza política, que deberá requerir documentación y recibir denuncias sobre las dádivas que puedan haber recibido representantes legislativos para torcer sus voluntades.
La comisión debería actuar con colaboración de la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación y tendría la misión de redactar un informe final en un plazo no mayor a seis meses.