Respaldo de todos los bloques en el plenario de comisiones de Diputados. El proceso tendrá 12 integrantes. El Presidente logra imponer la indumentaria.
Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza, a cargo del consenso de la Ley de Juicios por Jurados de Javier Milei.
Javier Milei se anotó un triunfo en la Cámara de Diputados: este miércoles, con respaldo de todos los bloques, obtuvo dictamen el proyecto de ley para implementar el juicio por jurado en el fuero federal e incluye la obligación de los jueces y juezas técnicos a cargo de dirigir las audiencias de vestir toga y usar martillo.
Se trata de un requisito incluido en la redacción original de la Ley Bases que no llegó a ser tratado porque el Gobierno decidió eliminar el capítulo jurídico. Fue incorporado al dictamen que tuvo 89 firmas en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto. Ningún bloque se opuso.
Sólo se negaron a suscribir Juan Brügge y Alejandra Torres, de Córdoba, e integrantes del bloque Encuentro Federal. No fue un problema de indumentaria: reclaman que el juzgado intercale jueces y civiles, como en su provincia.
El consenso alcanzado incluye un juzgado de 12 civiles, con dos suplentes y paridad de género. Actuarán en casos con cinco años de prisión o reclusión. El veredicto deberá determinar la “culpabilidad” o “no culpabilidad” y será por unanimidad: con que un sólo un miembro esté en disidencia, no habrá resolución.
El proceso será dirigido por un juez técnico. Los jurados surgirán de un sorteo del padrón electoral a cargo de una oficina que controlará la Cámara de Casación Penal. En el recinto, UP pedirá que esta dependencia tenga un control parlamentario.
De prosperar el dictamen, quienes definan la culpabilidad o no de los acusados deberán tener entre 18 y 70 años, dos años de residencia en la jurisdicción del hecho y saber leer y escribir. Nada más. Quedan excluidos funcionarios, como también condenados por delitos de lesa humanidad, deudores morosos o quienes no tengan aptitud física y psíquica, entre otros casos.
Si bien la participación en el jurado será una carga pública, se incluyen motivos para excusarse (salud, lactancia materna, etc.), mientras que el juez y las partes podrán recusar a miembros del tribunal si no los consideran idóneos.
El dictamen se firmó en el último plenario de comisiones, presidido por el libertario Manuel Quintar, quien logró un texto con retazos de los diez proyectos presentados por todos los bloques. “Si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, sostuvo el jujeño.
El juicio por jurados es una deuda de dos siglos que tiene el Congreso. La Constitución de 1853 instruyó al parlamento a crear una ley para su implementación y nunca se cumplió, pese a que hubo proyectos de ley de todos los colores políticos.
En cada momento de la historia Influyó y mucho la presión de asociaciones de magistrados, que también hicieron sonar los teléfonos del Congreso este año, pero no fueron tenidos en cuenta.
El PRO fue el bloque que menos proyectos presentó sobre el tema: sólo hay uno de Gerardo Milman. Unión por la Patria tiene cuatro (Roberto Mirabella, Juan Pedrini, Mónica Litza, Gustavo Bordet y Vanesa Siley), la UCR dos (Fernando Carbajal y Carla Carrizo) y la misma cantidad, Encuentro Federal (Brügge y Margarita Stolbzier).
El sistema ya funciona en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut y Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos casos, se aplica para delitos de jurisdicción local.
El artículo 49 del proyecto se robará varios minutos de los debates. Sostiene que el juez que dirija el juicio “vestirá toga negra” y usará “martillo para abrir o cerrar las sesiones, o cuando haya incidencias”.
El atuendo es una obsesión de Milei, fanatizado con las películas estadounidenses, pero fue desechado por la oposición al inicio de los debates de la ley Bases.
En su primera exposición, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aceptó eliminar este requisito para continuar con la negociación del régimen jurídico, que finalmente no prosperó. Este miércoles no hubo objeciones de ninguna fuerza política.
“Me llamaron tantos jueces para pedirme que no incluya la toga que me entusiasmé y la deje”, confesó a Letra P un diputado de Unión por la Patria que firmó el despacho y no habló del tema.
El texto tendrá algunas modificaciones en el recinto, pedidas por UP, como la de un control legislativo a la oficina que harán los sorteos, o la posibilidad de que los tribunales por casos de corrupción no sean siempre en la Ciudad de Buenos Aires, porque los delitos suelen afectar a otras regiones. Será otro de los debates en el recinto.