La cámara baja aprobó la iniciativa para combatir el crimen organizado. Prevé penas de entre 8 y 20 años. La ministra tendrá poder para requisar y detener.
El presidente Javier Milei saluda a la ministra Patricia Bullrich en el Congreso.
Luego de seis meses de debate, Patricia Bullrich logró que la Cámara de Diputados aprobara la ley “anti mafia”, una serie de herramientas para combatir el crimen organizado, que incluye aumento de penas y la habilitación a la ministra de Seguridad y sus colegas de las provincias a disponer detenciones por 48 horas por averiguación de antecedentes.
El proyecto fue aprobado con 137 a favor y 92 en contra. Tuvo respaldo de LLA, el PRO, la UCR, los partidos provinciales y Guillermo Snopek, de Unión por la Patria, que volvió a desmarcarse con en la boleta única. El resto del peronismo y UP rechazaron la iniciativa, que ahora deberá tratarse en el Senado.
El texto entiende como organizaciones criminales a aquellas integradas por grupos de tres personas o más que “durante cierto tiempo en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas”, tengan “el propósito de cometer delitos especialmente graves”.
Se enumeran como tales el lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro y la trata de personas, entre otros. La Fiscalía, las procuradurías y el Ministerio de Seguridad quedan facultados para pedir una investigación especial.
Con la idea de castigar a quien participe de una organización delictiva, se contempla una prisión de entre 8 a 20 años a quien forme parte de la misma y se aplicará el delito más grave de los que hayan cometido.
El proyecto le otorga amplias prerrogativas a “las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad” para determinar una "zona de investigación especial", en la que pudiera actuar una asociación ilícita. Deberán trabajar en forma conjunta y respetando las competencias.
La principal facultad que tendrá Bullrich si el Senado sanciona esta iniciativa será detener a una persona por 48 horas por averiguación de antecedentes de cualquiera de los delitos enumerados como partes de una asociación ilícita.
La oposición sólo puso algunos límites como la orden expresa de un fiscal y la necesidad de “fundar” cualquier decisión. De prosperar el proyecto, la ministra podrá también incautar mercadería, inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas y realizar requisas en los establecimientos penitenciarios federales.
Además, de sancionarse la iniciativa en la cámara alta del Congreso, Bullrich y sus colegas de las provincias estarían habilitados a hacer allanamientos sobre domicilios e Interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, siempre que haya autorización judicial.
El proyecto habilita a un juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "aun sin existir condena", a "decomisar cualquier bien que pueda formar parte de una asociación ilícita". El bien pasará de manera inmediata al dominio del Estado nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Buscamos desalentar la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado y darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación”, explicó la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), a cargo de gestionar el proyecto.
Unión por la Patria fundamentó su rechazo a través del diputado Ramiro Gutiérrez (UP), quien consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional” y “viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.
“En el Código Penal no está determinado qué es una mafia. Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar para determinar que es una asociación ilícita. Con legislación vigente, sólo se tenían tres requisitos”, detalló el bonaerense.
Su compañero Eduardo Valdés cargó contra Bullrich: “¿Le queremos dar superpoderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados? ¿A quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.
Miguel Pichetto, de EF consideró el proyecto como “un aporte significativo y un cambio de paradigma, para quienes producen hechos graves en la sociedad y avanza en el lavado de activos”.
El debate lo cerró el oficialista Santiago Santurio. “A propósito de la visita del presidente Nayib Bukele al Congreso dijo que nuestro país tiene dos caminos: O se convierte en El Salvador actual o al de hace 6 años, dominado por ‘las maras’”, comparó el diputado.
Entrega de armas de fuego
La Cámara de Diputados también aprobó y envió al Senado un proyecto que regulariza la tenencia de armas y dispone una nueva prórroga para la entrega voluntaria, con mayores facilidades que las actuales.
El proyecto tuvo 142 votos a favor, 89 en contra y una abstención. Se opuso Unión por la Patria, por la falta de una política de desarme. "El 99% de los delitos de cometen con armas ilegales", respondió el jefe del PRO, Cristian Ritondo.