Ataque setentoso: por DNU, el Presidente habilitó a la SIDE a detener personas en operaciones encubiertas, sin orden judicial. Nicolás Maduro también lo hace.
Javier Milei vigila (Foto: Tomás Cuesta - Getty Images).
La SIDE del gobierno de Javier Milei puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral y probablemente inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Es curioso que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales.
Referentes opositores como Agustín Rossi, Jorge Taiana, Esteban Paulón, Leopoldo Moreau, Christian Castillo y Ricardo Alfonsín pusieron temprano, antes de la publicación, el grito en el cielo y anticiparon otras reacciones adversas y transversales en el Congreso, germen, tal vez, de una tormenta política que estaba fuera de los cálculos.
Tiempo al tiempo, ¿pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca, no sin dificultad, algunas de las vigentes en la última dictadura?
El análisis político supone que los actores del sistema actúan de modo perfectamente racional y, por ende, suele subestimar la torpeza y el error.
¿Pudo el Gobierno permitir que se filtrara algo tan delicado y conflictivo? ¿Lanzó y dejó que volara un globo de ensayo para tantear las reacciones legislativas, periodísticas, judiciales y de otros factores de poder o, simplemente, alguien habló de más? Ya no importa: hay decreto y tiene un olor setentista que voltea.
Se trata de un nuevo golpe al consenso democrático, que en lugar de un sistema de inteligencia sometido a límites y controles pretende implantar una suerte de policía secreta con capacidad de detención de personas, tironeada por las fuerzas contrapuestas de la interna oficial y con poder suficiente para limitar la libertad de expresión y la disidencia.
El gobierno paleolibertario es adverso al libre flujo de la información que lo daña, como fue el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se han denunciado coimas que, presuntamente, terminaban en el despacho de Karina Milei. Decidido a seguir ajustando a ese sector vulnerable y, probablemente, a ejecutar una quema de archivo, el expediente fue sencillo: disolver el organismo.
El sigilo reina.
El artículo 1 del DNU de los servicios define que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el riesgo estratégico nacional". Todas secretas. ¿Qué se puede esperar, por caso, en términos de control de recursos y de eventuales actividades de espionaje interno?
En tanto, establece amplias atribuciones y objetivos. "Las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales".
El texto es amplio y ambiguo y, por lo tanto, merecedor de cuidadosa atención por parte de medios y periodistas que podrían redescubrir los caminos de cornisa la autocensura.
El texto del decreto establece una reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional, en cuyo centro coloca a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En La Casa manda Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra, sucesor del eyectado Sergio Neiffert.
La norma establece la potestad de agentes de inteligencia de practicar arrestos con o sin orden judicial. Nada que no haga, por caso, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) contra opositores y a plena luz del día en la Venezuela de Nicolás Maduro.
"En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes", dice el artículo 19.
Nacería así, en la Argentina gobernada por la extrema derecha, una policía secreta en toda la regla.
Por otro lado, se refuerza ese poder al definir que "los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial".
¿Un eventual uso de la fuerza, incluso letal, quedaría cubierto por el carácter "encubierto" que se le da a toda la actividad? ¿Podría investigar la Justicia o se impondría una nueva forma de impunidad en un país saturado de ese atributo?
Asimismo, la SIDE podrá pedir "asistencia o apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, de seguridad federales y policiales", lo que implicaría una sensible fusión de esos organismos en tareas de inteligencia, potencialmente lesiva en términos de la debida separación entre defensa nacional y seguridad interior, cuestionó el socialista Paulón.
Lo que hasta ahora era un feudo de Santiago Caputo, ahora será presa de la interna inacabable entre el asesor y Karina Milei, que se espiraliza al lotear el área más sensible y oscura del aparato del Estado. Es un peligro para el país, pero, vistas tantas operaciones cruzadas recientes, acaso también para el propio Gobierno.
Aunque la SIDE de Santiago C. estaría en el centro del sistema, la crucial área de ciberseguridad se saldrá de su estructura y, rebautizada como Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), pasaría a depender de la Jefatura de Gabinete, donde manda Manuel Adorni, un incondicional de la fortalecida secretaria general de la Presidencia.
El CNC se encargará de "planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional". Alguien podría reiterar el hit macrista "Te revisamos el Twitter".
Por otra parte, entre diversos cambios, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DINIEM) del Ministerio de Defensa, lo que, según Taiana, "subordina la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más para convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad".
"Se avanza así en el objetivo de transformar las Fuerzas Armadas en una guardia nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur" de los Estados Unidos, añadió.
¿Por qué Milei impone un decreto y no busca una ley debidamente debatida y consensuada para llevar adelante una reforma de semejante calado?
El propio texto explica que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría (N. del R.: vaya latinazgo, usado de modo redundante por significar 'causar un daño') un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida".
Básicamente, a Milei no le gusta que el Congreso haga su trabajo, sino sólo que apruebe sus iniciativas de manera exprés y sin debate. Si no, decreto.
Los DNU rigen, con fuerza de ley, desde el momento de su publicación y recién con posterioridad son tratados por el Congreso. Así, desde este viernes la SIDE puede detener personas en cualquier calle de la Argentina invocando motivos secretos.
Pronto deberán intervenir la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Luego, pasaría a los plenos de cada cámara, en los que se necesitan sendos rechazos para la derogación "gracias" al abusivo formato establecido en 2006 por el kirchnerismo, que le hace más fácil al Poder Ejecutivo legislar –no es su función– por decreto que a través del trámite previsto en la Constitución.
¿Qué actitud tomará nuestra autopercibida derecha republicana?
Una judicialización, probablemente cantada, podría como mucho entorpecer por un tiempo la vigencia de tramos del decreto.
El proyecto de reforma de la "ley de los DNU", que establece, entre otros cambios, que baste con el rechazo de una cámara para que el decreto caiga, como sería el caso con cualquier proyecto de ley normal, ha quedado cajoneado en el Congreso. Es necesario y urgente sacarlo de ahí.