Julia Mengolini y Jorge Fontevecchia llevan al primer mandatario a tribunales. El Gobierno no contestó pedidos de acceso a la información pública de Letra P.
Javier Milei.
Javier Milei vs. periodistas: Julia Mengolini y Jorge Fontevecchia lo llevaron a la Justicia.
Un tuit presidencial puede bastar para encender la maquinaria de odio. La denuncia presentada por Julia Mengolini contra Javier Milei expuso, una vez más, cómo desde el Gobierno se orquesta un hostigamiento sistemático contra parte del periodismo, con una violencia que se intensifica cuando la víctima es mujer.
De los insultos de alto voltaje -“ensobrados”, “delincuentes”, “prostitutas de los políticos”- y la consigna “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, a la manipulación con inteligencia artificial para difamar y acosar, la cruzada oficial contra la prensa crítica alcanzó niveles inéditos.
Mientras acumula más de una decena de demandas contra periodistas -Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ari Lijalad y Nancy Pazos, entre ellos- por opiniones, investigaciones o simples comentarios, Milei se encuentra ante un frente judicial que lo tiene como acusado, aunque desde una posición de ventaja institucional y simbólica evidente.
Las presentaciones de Jorge Fontevecchia y Mengolini, con antecedentes de Jorge Lanata y la periodista salteña Teresita Frías, apuntan a frenar por vía judicial un patrón de ataques que, lejos de limitarse a la confrontación verbal, configuran un esquema de violencia institucional contra la prensa que combina agravios públicos y campañas digitales coordinadas.
Letra P presentó pedidos de acceso a la información pública solicitando tanto el detalle de las denuncias judiciales iniciadas por Milei contra periodistas como de las presentadas por periodistas contra él.
Los requerimientos, dirigidos inicialmente a la Presidencia de la Nación, fueron derivados a la Secretaría de Medios, a la Procuración del Tesoro y, de allí, al Ministerio de Justicia. Ninguno de los organismos respondió aún, en incumplimiento de los plazos y obligaciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
La denuncia más reciente y de mayor repercusión es la que presentó Mengolini, que apunta a desarmar un operativo de difamación y amenazas que, según sostiene, fue planificado y amplificado desde el propio círculo presidencial.
La denuncia que presentó Mengolini marca un salto cualitativo en la respuesta judicial frente al hostigamiento presidencial. Con el patrocinio jurídico de Juan Grabois y Nicolás Rechanik, la periodista y cofundadora de Futurock denunció penalmente al Presidente y a un grupo de funcionarios, legisladores y activistas digitales de integrar una asociación ilícita destinada a hostigar, difamar y amenazar a periodistas críticos, valiéndose de recursos estatales.
La presentación incluye cargos por amenazas, intimidación pública, malversación de fondos públicos, apología del delito y asociación ilícita destinada a combatir ideologías e imponer sus ideas por la fuerza. Se subraya, además, el componente de género de los ataques y la necesidad de juzgar con perspectiva conforme a la Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital contra las mujeres a la ley 26.485. También denuncia el uso de recursos públicos para financiar la “batalla cultural” que el oficialismo libra contra voces críticas.
Según el escrito, el hecho más grave fue la difusión en redes de un video falso, generado con inteligencia artificial, que la acusaba de incesto con su hermano. El contenido, amplificado por cuentas oficiales y afines al Gobierno y por el propio Presidente, derivó en un ataque coordinado que combinó amenazas de violación y muerte, insultos, acoso sexual y agresiones verbales tanto en entornos digitales como en espacios físicos.
Como respuesta a la denuncia, el juez Lino Mirabelli habilitó la feria judicial para preservar pruebas, dispuso custodia personal para Mengolini las 24 horas. La periodista señaló que estas medidas le aportan seguridad y alivio, pero también le generan angustia: “Tomo transporte público y vivo como la gente a la que le hablo todos los días”, explicó.
Fuera de las redes sociales, llegó a enfrentar agresiones vinculadas al video falso en el subte, aunque en la actualidad lo que predomina -dice- es el apoyo y el saludo.
Mengolini no fue ajena a las campañas de hostigamiento digital -desde hace más de diez años es víctima de agresiones-, pero la intensidad de lo ocurrido recientemente -potenciada por el Presidente y su aparato de difusión- no tiene precedentes. La causa, cuyo fiscal a cargo es Fernando Domínguez, está en curso, pero se perfila como un caso testigo para quienes buscan que el Poder Judicial trace un límite al uso del poder político para atacar a la prensa.
Mengolini no fue la primera en denunciar los ataques de Milei. Fontevecchia, presidente del Grupo Perfil, fue uno de los primeros en buscar una vía judicial para responsabilizar al Presidente por sus acciones contra el periodismo.
Consultado por Letra P, el estudio de abogados de Fontevecchia informó que existen actualmente dos denuncias iniciadas por el ceo del Grupo Perfil a Milei.
La primera de ellas, presentada en abril de 2024, fue una demanda por injurias, motivada por las declaraciones públicas en las que Milei lo calificó como “quebrador serial”, “Tinturelli” y “ensobrado”, entre otras expresiones.
Esta causa tuvo un giro positivo. Si bien en primera instancia el juez Sebastián Ramos la desestimó, haciendo lugar a la defensa de Milei, la Cámara de Apelaciones lo revirtió. Allí, el camarista Eduardo Farah declaró nulo el primer fallo e incluso resolvió el apartamiento de Ramos.
En distintos fragmentos, el documento emitido se apoya en jurisprudencia internacional sobre el ejercicio de la libertad de expresión de los funcionarios públicos resaltando su “alto grado de credibilidad”, así como las “obligaciones estatales de garantía, respeto y promoción de los derechos humanos”. Actualmente, el expediente se encuentra en Casación por un recurso de queja interpuesto por Milei.
La segunda denuncia fue realizada este año por acciones y menciones de Milei que discriminan e incitan al odio contra los periodistas, en carácter colectivo.
“Los ataques del Presidente a la prensa en general y a los periodistas en particular vienen siendo sistemáticos y se inscriben en el marco de una campaña de odio”, señala esta denuncia que además resalta la diferencia entre “las palabras de un Presidente” y un “ciudadano común”, por su “fuerza ejecutoria y persuasiva singular, derivada del peso simbólico, político e institucional que su investidura representa”.
El estudio de abogados de Fontevecchia informó que de esta causa sólo se conoce que la fiscalía está investigando los hechos.
El antecedente más recordado de estas denuncias fueron los insultos y descalificaciones que Milei profirió contra la periodista salteña Teresita Frías en una conferencia en 2018. La llamó “burra”, le dijo que “no sabía un carajo” y la acusó de ser “totalitaria”.
El episodio motivó la intervención de oficio de la fiscal de Violencia Familiar y de Género de Metán, Susana Redondo. El juez interviniente, Carmelo Paz, señaló que el trámite se ajustó al procedimiento para este tipo de casos. Milei fue citado a una audiencia pública, en el marco de la cual la fiscal le solicitó que se retractara y el juez ordenó un informe psicológico de riesgo.
Los resultados fueron incorporados al expediente y, tras cerca de tres meses y medio, la causa fue archivada, dado que el denunciado ya estaba en Buenos Aires. La viralización del video durante la campaña presidencial de 2023 revictimizó a Frías, al exponerla nuevamente a la circulación del episodio.
Otro de los antecedentes más relevantes involucra al fallecido Lanata, quien en abril de 2024, ya durante la presidencia de Milei, denunció civil y penalmente al líder libertario tras haberlo llamado “ensobrado”. Su esposa Elba Marcovecchio confirmó a Letra P que, tras su muerte, “la denuncia no pudo ser ratificada”.
Para las personas denunciantes, los procesos en curso pueden fijar límites jurídicos a la violencia institucional ejercida desde la Presidencia. Los casos de Mengolini y Fontevecchia podrían sentar un precedente sobre la incitación al odio como delito cuando proviene de la máxima autoridad del Estado.
En el de Mengolini, además, se busca que el Poder Judicial reconozca y sancione la violencia digital con perspectiva de género.
En un escenario de descrédito del periodismo y polarización social, el desafío es enorme. Como advierte el investigador Martín Becerra, Milei convirtió al periodismo en “el enemigo perfecto”, a partir de explotar su crisis de credibilidad, su fragmentación y su capacidad escasa de reacción institucional y colectiva para reforzar su capital político.
La incógnita es si esta vez el Poder Judicial pondrá un freno efectivo al odio promovido desde el poder político o si, una vez más, quedará impune.