“Isabelita” era el alias con el que vivió la agente de inteligencia de la Policía Federal que estuvo infiltrada en el grupo de la iglesia Santa Cruz, uno de los orígenes de las Madres de Plaza de Mayo, durante la última dictadura. Su existencia fue revelada recientemente, pero su legajo llegó a la Justicia hace casi una década. ¿Qué pasó entre tanto? La historia de la primera mujer vinculada al terrorismo de Estado fue difundida por la periodista Luciana Bertoia; una investigación que reimpulsó las causas judiciales para establecer las responsabilidades de la espía en crímenes de lesa humanidad.
“Consideramos que hay que seguir indagando en el vínculo de esta mujer, la pensión que supuestamente compartió con las monjas francesas y los y las testigos sobrevivientes de la Santa Cruz”, plantea la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos solicitara la reapertura del expediente al juez federal Ariel Lijo, que investiga la causa ESMA.
Una presentación similar se está preparando para entregar en el Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien desde que se retomaron las causas de lesa humanidad indaga en las responsabilidades del Primer Cuerpo del Ejército en el genocidio de la última dictadura. El magistrado ya había tenido el legajo de “Isabelita” en su despacho, cuando el juez Sergio Torres, por entonces a cargo de la causa ESMA, se lo remitió por entender que no había elementos suficientes para vincular a la espía con los secuestros de las monjas francesas, integrantes del grupo de la iglesia de la Santa Cruz que habían sido mantenidas cautivas en aquel centro clandestino de la Armada.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, también inició un sumario sobre el accionar de la espía, pero fuentes de la cartera no confirmaron a Letra P si avanzarán en esa línea a partir de los documentos referidos al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal.
El legajo de “Isabelita” fue detectado en el análisis del archivo de la Policía Federal que se llevó a cabo durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, en el marco de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Garré lo aportó junto a otros a la Justicia en el marco del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura. Según ese documento, la mujer estuvo vinculada con los servicios de inteligencia desde fines de la década de los 60 y cuando se produjo el golpe cívico militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón, Isabelita, su tocaya espía ya estaba de lleno vinculada con el Cuerpo de Informaciones policial con sede en la Superintendencia de Seguridad Federal.
El accionar de “Isabelita” fue revelado por el suboficial de la Federal Luis Alberto Martínez en 1981, cuando fue capturado en Suiza en el marco de un secuestro extorsivo del que había participado junto a una patota de la misma fuerza. En su intento de zafar de la dictadura argentina, que solicitaba su extradición, el “Japonés”, tal su alias represivo, aportó información sobre los crímenes de lesa humanidad que se perpetraban en el país ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), con sede en Ginebra. Entre otros datos, contó que previo al secuestro del grupo vinculado a la iglesia de la Santa Cruz –integrado por las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, entre otras–, “Isabelita” había estado infiltrada y vivía con las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet en una pensión del templo católico.
Tras la recuperación de la democracia, “Isabelita” continuó espiando a los organismos de derechos humanos; y en tiempos de impunidad, escaló hasta puestos de jerarquía en la Escuela Federal de Inteligencia. Se retiró voluntariamente en 2004, cuando Néstor Kirchner daba los primeros pasos como Presidente.
La inteligencia: el sistema nervioso de la dictadura
Las patotas de la dictadura “no salían a cazar al voleo”, advierte Pochak, y fundamenta: “La represión estuvo planificada desde los sectores de inteligencia de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Por eso decimos que la inteligencia fue el sistema nervioso del terrorismo de Estado”. Del funcionamiento de ese “sistema nervioso” se va sabiendo por partes, y a medida que diferentes estamentos del Estado deciden realizar investigaciones sobre sus propios archivos, desclasificarlos, y aportarlos a la Justicia.
Así, por ejemplo, se han ventilado listas de integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en juicios, como los que se llevaron a cabo contra los responsables de violaciones a los derechos humanos de militantes de la Contraofensiva de Montoneros. “Hemos probado, por ejemplo, que el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal –el área en la que trabajaba “Isabelita”– fue parte del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura”, indicó Pochak.
El caso de “Isabelita”, considera Pochak, no solo demuestra la tarea fundamental de la Inteligencia en los crímenes de la última dictadura, sino “también la continuidad de esos agentes en democracia, la continuidad de las prácticas” que utilizaron durante el terrorismo de Estado. Si bien hubo avances como la desclasificación de los archivos secretos de la Policía Bonaerense (DIPBA) y la AFI desde que de su intervención estuvo a cargo Cristina Caamaño, la fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, Ángeles Ramos, abogó por “la creación de una política de Estado de desclasificación de los archivos” al estimar que es “la única manera de poder reconstruir esas estructuras oscuras”.
