19|11|2022

Montezanti, el excamarista vinculado a la Triple A que no pudo borrar su pasado

18 de septiembre de 2022

18 de septiembre de 2022

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del exjuez por crímenes imprescriptibles. Artilugios para ocultar nexos con la organización parapolicial en los 70.

El exjuez Néstor Luis Montezanti no debe estar contento. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que presidió por casi 15 años, confirmó esta semana su procesamiento como coautor de asociación ilícita e intimidación pública entre 1974 y 1975. Es que en el expediente judicial hay elementos suficientes que prueban que el abogado y profesor universitario, expersonal civil de inteligencia durante la última dictadura militar y magistrado estaba vinculado con la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), la organización parapolicial de ultraderecha que operó durante el tercer gobierno peronista.

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El excamarista resistió con las herramientas que le otorga el Derecho y también con las que le da su posición de poder, hasta que ninguna le sirvió para no aparecer en la causa. El procesamiento es un “un paso más, uno muy importante, en el juzgamiento de la participación del Poder Judicial del Estado en crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante la última dictadura y sus años previos, evaluó Pablo Fermento, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.

 

“Todo el mundo en Bahía sabía” que Montezanti había sido de la Triple A local, cuenta una fuente que lo conoce de aquellos años. Fue abogado –empezó como representante de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y llegó a defender a docentes cesanteados durante la dictadura–, profesor universitario desde los ’70 y a principios de 2000 se convirtió en camarista. Intentó silenciar con juicios civiles millonarios toda voz que quisiera revelar su pasado. 

 

En 2015, cuando los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia lo denunciaron por su participación en crímenes de lesa humanidad como integrante de Triple A, Montezanti era presidente de esa instancia de apelación federal bahiense y su desempeño como personal civil de inteligencia del Ejército, un secreto a voces. 

 

La Fiscalía imputó a Montezanti por su participación en 22 homicidios perpetrados entre 1974 y 1975 en Bahía Blanca, así como por el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos contra un exmilitante de la Juventud Peronista, en 1977, un hecho por el que la Cámara lo sobreseyó.

 

El juez Alejo Ramos Padilla, que en 2015 subrogaba el Juzgado federal local, lo citó a prestar declaración indagatoria, pero Montezanti no se presentó. Tras dos nuevas citaciones, Ramos Padilla lo declaró en rebeldía y le dictó la prohibición de salir del país. El Consejo de la Magistratura lo suspendió y anunció el inicio de un jury de enjuiciamiento debido a su participación en crímenes de lesa humanidad. Dos días antes de que se conociera la sentencia, a fines de febrero de 2016, Montezanti renunció. Sin embargo, no fue hasta 2018 que finalmente prestó declaración indagatoria.

 

Un “docente”, un “abogado”, un PCI

En agosto de 1974, un grupo de matones de la Triple A tomó a punta de pistola la sede bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) luego de que la izquierda ganara las elecciones en el centro de estudiantes. La jugada fue “bancada” públicamente por Roberto Ponce, secretario de la CGT local y diputado nacional que formaba parte de la versión bahiense de esa fuerza parapolicial que dirigía el interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, y que también integraban entre otros Jorge y Pablo Argibay; Juan Carlos Curzio, Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero, Roberto Aceituno, Miguel Ángel Chisu, Héctor Chisu, Roberto Sañudo, Héctor Mansilla, Basilio Pérez; algunos de ellos condenados el año pasado.

 

Estudiantes testimoniaron haber visto a Montezanti entre los matones armados durante la toma de la UTN. Para entonces, era docente de esa universidad, cargo que había conseguido a principios de ese año y le valdría hasta junio de 1976. También daba clases en la Universidad Nacional del Sur desde principios de la década de los 70, contratado por Tetu. 

 

En su indagatoria tardía, el exmagistrado justificó su presencia en la casa de altos estudios alegando que era docente y estaba haciendo un trámite administrativo. Las explicaciones no convencieron al juez Walter López Da Silva, quien lo procesó en 2020 por los delitos de asociación ilícita e intimidación pública, considerados en el marco de la causa de crímenes de lesa humanidad. 

 

López Da Silva se apoyó en los testimonios que acreditan la presencia de Montezanti en la toma de la UTN y en las relaciones personales o profesionales que mantenía con varias de las personas identificadas por su pertenencia a la Triple A; a lo que agregó su paso por el Ejército Argentino como Personal Civil de Inteligencia (PCI) entre septiembre de 1980 y mayo de 1982.

 

Estaba claro que Montezanti conocía a los matones de la Triple A. Tanto que varios de ellos lo nombraron para que los defendiera ante la Justicia en aquellos años. En 1973, representó a Tetu durante una asamblea universitaria en la que se trató su destitución; un año antes defendió al integrante de la Concentración Nacionalista Universitaria platense Néstor Beroch; en 1975, defendió a Jorge Argibay, uno de los brazos ejecutores de los crímenes de la Triple A bahiense, y al año siguiente fue abogado de su hijo Pablo.

 

Tras el análisis de los planteos, la camarista Silvia Fariña –que lideró el fallo de la instancia apelatoria– coincidió con López Da Silva que son suficientes los elementos existentes en el expediente para sostener que Montezanti integró la estructura paraestatal local de la Triple A “cumpliendo funciones y roles específicos de dirección y coordinación dentro de la misma en pos de cumplir con los objetivos criminales propuestos por la organización” y confirmar que “constituyen crímenes contra la humanidad y por lo tanto resultan imprescriptibles”.