La nieta 107 restituida por Abuelas de Plaza de Mayo nació en 1978 en la Maternidad de Córdoba mientras su mamá estaba detenida clandestinamente en manos de personal del D2, el Departamento de Informaciones de la policía provincial, y fue apropiada por un matrimonio vinculado a la ex Casa Cuna provincial, quienes la inscribió como hija propia con la complicidad de funcionarios judiciales y testigos falsos. Este jueves, el crimen de lesa humanidaddel que fue víctima quedó impune.
Laura Caligaris fue asesora del Hospital Pediátrico de Córdoba –ex Casa Cuna– durante la última dictadura militar y los años siguientes. Para la época, su esposo, Osvaldo Roger Agüero, fue funcionario del Ministerio de Salud provincial. Ambos son los máximos responsables de la apropiación de María Luz Agüero, la hija que le arrebataron a María de las Mercedes Moreno, una de las mujeres secuestradas por la patota del D2 de Córdoba en castigo por “ayudar” a un grupo de presos políticos detenidos en la Unidad Penal número 1 de la capital provincial. Ambos están fallecidos. La impunidad biológica los salvó de ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 2 local.
Quienes sí lo hicieron, en el marco del juicio de lesa humanidad que comenzó en febrero pasado y culminó este jueves, fueron Ana María Rigutto de Oliva Otero, exfuncionaria judicial de la provincia, y Adela González, extrabajadora de la Casa Cuna y una de las personas que ofreció su falso testimonio para que el matrimonio de Caligaris y Agüero pudieran robarle la hija recién nacida a Moreno. Había varias personas más imputadas en el expediente judicial, como las autoridades de la maternidad y la institución pediátrica, y los jueces que intervinieron en los trámites que posibilitaron la apropiación. La demora de la Justicia los benefició a todos con la impunidad biológica: murieron. A la vez, perjudicó a las víctimas: Moreno falleció en mayo pasado.
A las únicas dos acusadas que llegaron con vida al juicio, en tanto, las benefició el Tribunal con la absolución, a pesar de que la Fiscalía y las querellas habían solicitado la pena máxima para ellas: 15 años según los delitos imputados. “Entendimos y así lo alegamos, que el cúmulo de pruebas fue importante y fundamental para comprobar la participación de estas personas en la apropiación” de la nieta 107, señaló a este medio Patricia Chalup, abogada representante de la querella que en la causa y el debate oral y público desempeñó la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Aguardarán los fundamentos de la sentencia que consensuaron los jueces Julián Falcucci, Fabián Asis y Noel Costa para “tratar de entender los argumentos por los cuales decidieron no valorar toda esa prueba documental que existe y expusimos durante el juicio”, añadió la abogada.
Secuestro en Córdoba y torturas en represalia
En 1978, María de las Mercedes Moreno tenía 25 años y tres hijos con Carlos Oviedo, su pareja, que estaba detenido en la Unidad Penal número 1. Estaba embarazada a fines de septiembre de ese año, cuando una patota del D2 la fue a buscar a su casa, una vivienda en un barrio humilde de la capital cordobesa. La golpeó y se la llevó secuestrada. En la sede del D2 fue torturada en castigo por haber ayudado a “comunicarse” con el exterior a presos políticos alojados en la misma unidad penal que su compañero. Fueron, al menos, cinco mujeres que sufrieron los mismos tormentos por idéntica razón: las violaciones a los derechos humanos de Moreno, Delfina Lidia Peñaloza, Marta Nélida Funes, María del Carmen Acosta y Teresa Luisa Peralta fueron eje de debate que culminó esta semana en Córdoba, el número 14 en la provincia desde que el proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura fue retomado.
Al día siguiente de su secuestro y producto del impacto de ese hecho y de las torturas, María de las Mercedes fue internada en la Maternidad provincial, donde diez días después parió a su hija, a la que llamó Mercedes Ivana Moreno. Por ser sietemesina, la beba debió ser internada en neonatología. Moreno ya no la volvió a ver. A los pocos días fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor.
Lesa humanidad: una apropiación documentada
Según consta en la causa judicial, el derrotero de la niña, cuya identidad fue alterada y su vínculo con su familia biológica interrumpido para siempre, está documentado. Mientras se recuperaba en neonatología, el destino de la nieta 107 fue judicializado por el director de la Maternidad provincial Francisco Sánchez Cressi a través de una nota en la que reconoce que la niña es hija de Moreno y que, por estar detenida, el Juzgado de Menores debe intervenir en el cuidado de la beba. El juzgado, a cargo de Jorge Pueyrredón, inició un trámite de guarda con la intervención de Rigutto, mientras alojó a la niña en la ex Casa Cuna.
Entonces, Caligaris, que trabajaba como asesora en el área de Trabajo Social, se encontró con la beba. “Cuando salió en libertad –en abril del 79– María de las Mercedes se presentó en el juzgado en busca de su nena. Nunca le respondieron. Rigutto dictaminó que era necesaria la inscripción de la nena en el Registro Civil y responsabilizó a Moreno por no haberlo hecho antes, pero a Moreno le habían robado a su hija y estaba detenida”, resumió Chalup. “Un buen día, aparece en el expediente un pedido del matrimonio Caligaris Agüero por la guarda de la nena, que le otorgan ese mismo día". Varios testigos declararon durante el debate sobre las irregularidades que ocurrían en la ex Casa Cuna con niños hijos de víctimas de la última dictadura. Sánchez Cressi y Pueyrredón fallecieron impunes.
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Al tiempo, los apropiadores iniciaron el trámite en la Justicia provincial para inscribir a la niña como hija propia. El trámite salió favorable a Caligaris y Agüero luego de que Adela González, que trabajaba con la apropiadora, y Jorge Vivanco testimoniaran falsamente que la niña era hija del matrimonio. La firma la puso el juez provincial Alberto Bonadero, quien también falleció impune.
Más allá de las absoluciones en el reciente juicio, la abogada representante de Abuelas de Plaza de Mayo lamenta que el paso del tiempo haya impedido “reflejar la totalidad del aparato integrado por militares y civiles que posibilitó la apropiación” de una niña durante la dictadura. “Eran 21 los acusados cuando se inició la causa. En 2018 se elevó a juicio, pero el expediente fue trabado por las defensas. Esta causa es emblemática para nosotros y que hoy tengamos solo dos acusadas y absueltas genera mucha impotencia”, expresó Chalup.
