Frente a ungobierno que, en su llamada "batalla cultural", instala la idea de que en algunos años Argentina volverá a ser "la primera potencia mundial como en 1870” –cuando no existe registro alguno dentro de la historiografía tradicional que pueda dar fe de ese dato–, el experimento libertario de la reforma laboral pretende conducir al país por el Siglo XXI con parámetros propios del Siglo XIX. Un período marcado por resabios de esclavitud, por la concentración de la riqueza en un reducido grupo de familias terratenientes y por la explotación y marginación de trabajadores y trabajadoras privados de las más elementales protecciones laborales.
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Un gobierno empobrecedor que tiene pisados los salarios, que destruye la producción nacional, con funcionarios que se jactan de “no haberse comprado nunca ropa en la Argentina”; que alienta la importación indiscriminada sin la más mínima preocupación por las hordas de desempleados que tal decisión acarrea; que congela las jubilaciones; desfinancia al sistema universitario y científico y les roba y se burla de las personas discapacitadas, acaba de recibir un misil en su línea de flotación discursiva. La decisión de postergar el archi anunciado nuevo modelo de medición del índice de precios al consumidor puso al desnudo el dibujo del principal capital simbólico con que contaba: el control de la inflación. Otra mentira que se revela, otra máscara que se le cae al modelo de exclusión que desbarranca a las mayorías sociales hacia el abismo de la pobreza.
Una reforma laboral que atrasa
En un escenario de sostenida pérdida de derechos laborales y sociales para nuestro pueblo, la frutilla del postre es la intención de sancionar una pretendida ley de “modernización laboral”, que en ninguno de los 197 artículos que la componen representa una mejoría para los trabajadores. Muy por el contrario, viene a consolidar un modelo de fenomenal transferencia de recursos de la mayor parte de la población hacia el minúsculo reducto de los que detentan el poder real en la Argentina.
No es ni más ni menos que retrotraer al país hacia el período histórico preperonista, donde la moneda corriente era la explotación del hombre por el hombre y la absoluta desprotección laboral.
Frente a ese escenario, la postura del gobierno de Axel Kicillof es la de rechazar enfáticamente esta iniciativa, que tal como está redactada quita derechos a quienes los tienen y se los niega a los que no.
La postura del gobierno de Axel Kicillof
Ese posicionamiento elaborado por profesionales del Ministerio de Trabajo bonaerense será presentado este lunes en la Gobernación, donde funcionarios provinciales, legisladores nacionales y provinciales, representantes de las tres centrales sindicales, de la Pastoral Social, de cámaras empresarias, de organizaciones sindicales y sociales y, en definitiva, de la ciudadanía en su conjunto, podrán acceder a las numerosas razones que motivan nuestro rechazo.
En el año del cincuentenario del golpe cívico-militar, que inició un proceso de desarticulación de la economía real, la valorización financiera, la reprivatización del sector exportador y la creciente dependencia externa, se advierte con claridad en el proyecto del presidente Javier Milei el mismo hilo conductor que inaugurara el dictador Jorge Rafael Videla al instrumentar la brutal reforma laboral simbolizada en el desmantelamiento de la Ley 20.774 de Contrato de Trabajo, escrita por el abogado laboralista Norberto Centeno, uno de los mártires de la denominada “Noche de las Corbatas”.
La conexión ideológica entre la mutilación de aquella Ley de Contrato de Trabajo y la actual reforma laboral libertaria adquiere una dimensión histórica que, en el plano político, se pretende como el final de un ciclo temporal que busca inocultablemente barrer con las conquistas trascendentales del movimiento obrero organizado y de los gobiernos peronistas que institucionalizaron dichos logros.
Nuestro documento analiza de manera pormenorizada los actos administrativos y leyes vinculadas al mundo laboral impuestos por cada uno de los gobiernos nacionales desde 1976 a la fecha. La mayoría de ellos cercenando conquistas, con excepción del período comprendido entre 2003 y 2015, bajo las presidencias de NéstorKirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
También desmenuza, artículo por artículo, cómo el pueblo trabajador pierde derechos, se acentúa la precarización laboral y se intenta destruir a la organización sindical.
La propuesta del gobierno bonaerense
En contraposición a ese retroceso, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos propuestas para modernizar en serio las relaciones laborales, ambas listas para su tratamiento en la Legislatura. Es el caso de la instauración de una Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP) para evitar los procesos judiciales de los trabajadores, ya que hoy tenemos un cuello de botella de 100 mil juicios laborales que podríamos descomprimir.
También impulsamos una iniciativa inspirada en los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en torno a los trabajadores por medio de plataformas, quienes viven una situación penosa, ignorada por el proyecto mileísta. Nuestra posición es clara y contundente: no avalamos este nuevo retroceso y llamamos a la unidad y organización de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales para impedir que este atropello suprima logros enraizados en lo mejor de nuestra historia como pueblo trabajador.
