Juan Pablo Quinteros busca endurecer el Código de Convivencia. Cuidacoches, limpiavidrios y antivacunas, en la mira. Similitudes y diferencias con Javier Milei.
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba e impulsor del proyecto que tratará la Legislatura.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, busca endurecer el Código de Convivencia en la provincia. Con el espacio público en el centro de la escena, el objetivo es poner fin a los limpiavidrios y cuidacoches, denominados naranjitas por el color de sus pecheras. A la vez, el proyecto busca sancionar a quienes incumplan el calendario obligatorio de vacunación.
Tras rechazar en repetidas oportunidades el tratamiento del proyecto impulsado por el legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda, este viernes el oficialismo blandió esa agenda callejera en la Comisión de Seguridad de la Legislatura. Sin embargo, el tratamiento de los puntos que propuso el funcionario de Martín Llaryora quedaron para ser debatidos en febrero, tras el receso estival.
Pese a la postergación, el equilibrio a dos puntas que ensayó la gestión cordobesista quedó planteado. Por un lado, la búsqueda del orden en las calles, una premisa del gobierno de Javier Milei que machacó la ahora exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante dos años. Por el otro, la reafirmación de la presencia del Estado para garantizar la salud pública, en contra de la prédica antivacunas que gran parte de la grey libertaria tiene asimilada a su ideario.
Quinteros defendió la iniciativa en los medios y dejó definiciones que lo ubican en una línea de orden y control estatal, pero con un enfoque más progresista y municipalista que el que promueven los sectores libertarios duros.
“El Código de Convivencia es claro”, remarcó Quinteros al explicar que la reforma apunta a terminar con la ambigüedad legal que hoy rodea al cobro informal por estacionar en la vía pública. El eje central del proyecto es que solo podrán ejercer la actividad quienes cuenten con habilitación expresa de la autoridad competente, algo que quedará en manos de los municipios, respetando su autonomía constitucional.
La provincia, en cambio, fija el marco: donde no haya autorización, la actividad estará prohibida y será pasible de sanciones que incluyen multas, arrestos o trabajos comunitarios, con agravantes en zonas de espectáculos y eventos masivos. “La calle no debe tener dueño. Nadie se puede apropiar del espacio público”, insistió el ministro, que justificó la reforma en la necesidad de reducir conflictos cotidianos entre vecinos, automovilistas y fuerzas de seguridad.
Según los datos del Ministerio de Seguridad, más de 370 personas fueron detenidas durante el último año por conflictos vinculados a esta actividad, mayormente a partir de llamados al 911 de vecinos que denunciaron intentos de cobro en zonas de estacionamiento libre y gratuito.
El funcionario -alineado con la ministra Alejandra Monteoliva- buscó diferenciar la informalidad de las experiencias reguladas. “En Córdoba hay más de 350 personas cooperativizadas, identificadas y con espacios señalizados, y ahí no tenemos nunca un problema”, afirmó, al tiempo que remarcó que el conflicto aparece sobre todo en horarios nocturnos y en eventos masivos. La reforma, sostuvo, no busca castigar sino ordenar y prevenir, con sanciones proporcionales y una intervención temprana del Estado.
Donde el proyecto no deja margen es en la actividad de los limpiavidrios. La incorporación del artículo 60 bis establece la prohibición expresa de ofrecer o realizar la limpieza de parabrisas en la vía pública, especialmente en cruces semaforizados y zonas de detención momentánea. Para Quinteros, se trata de una práctica inherentemente riesgosa. “Al cuidacoches lo puede evitar; al limpiavidrios no, porque usted tiene que parar sí o sí en el semáforo”, explicó.
El ministro hizo hincapié en el concepto de no criminalizar la pobreza. “Esto no se trata de meter presos a los pobres, sino de garantizar la paz social, el orden público y reglas claras en la vía pública”, sostuvo y admitió que la problemática tiene un trasfondo social que requiere la intervención de otras áreas del Estado, además de los municipios.
La reforma del Código de Convivencia no se limita al espacio público. El proyecto incorpora sanciones para padres o tutores que incumplan el calendario obligatorio de vacunación de niñas, niños y adolescentes, con multas, arresto o trabajo comunitario en hospitales públicos, y agravantes en caso de reincidencia. Además, endurece las penas frente a agresiones, amenazas o daños contra personal e instituciones de salud, educación, seguridad y otros servicios esenciales.
En el Ejecutivo explicaron que se trata de actualizar un régimen contravencional que quedó desfasado frente a nuevas conflictividades sociales, reforzando el rol preventivo del Estado y la protección de derechos básicos.
En paralelo al avance del oficialismo, volvió a cobrar visibilidad el proyecto impulsado a comienzos de 2024 por Hernández Maqueda, el legislador exlilito hoy cerca del universo libertario, que propone directamente prohibir la actividad de los cuidacoches informales. La iniciativa, que estuvo más de un año estancada en la Legislatura, plantea la eliminación total del cobro por estacionamiento en la vía pública, al considerar que se trata de una “apropiación ilegal del espacio público” que deriva en prácticas extorsivas y hechos de violencia.
Maqueda sostiene que el actual artículo 60 del Código de Convivencia —que sanciona a quienes exigen pago sin autorización, salvo que sea voluntario— es insuficiente y reclama una respuesta legal “más dura y explícita”. Durante la última sesión legislativa, en el marco de un pedido de informes al Ejecutivo y aguardando que se trate sobre tablas su propuesta que finalmente fue rechazada por el cordobesismo, afirmó que su espacio busca “legislar con información” y cuestionó la falta de estadísticas oficiales sobre la problemática.
En ese contexto, apuntó directamente contra Quinteros. “La única estadística que hemos visto a través de los medios es la de los famosos más de 350 detenidos”, lanzó y acusó al ministro de usar ese dato “como caballito de batalla, como latiguillo, para su precandidatura a la Intendencia de Córdoba”.