Ungió a Néstor Gómez, que debutó en política con el gobernador en San Francisco. El lunes se define la nómina de la Procuración Penitenciaria. Crisis opositora.
Martín Llaryora completa otro casillero en la Justicia y ya tiene mayoría en el Ministerio Público Fiscal
Martín Llaryora cerrará el año con marcada presencia en los estamentos clave de la Justicia de Córdoba. Lo hará gracias a una serie de movimientos sincronizados, que tendrán a la flamante Procuración Penitenciaria como eje y le permitirán completar casilleros clave con fichas propias.
Cronológicamente, el primero de ellos será el nombramiento de una persona de su estricta confianza como adjunto en el Ministerio Público Fiscal. Se trata de Néstor Alejandro Gómez, quien comenzara su trayectoria como funcionario público durante la primera intendencia del ahora gobernador.
Gómez ocupará el lugar que deje Bettina Graciela Croppi, quien pasará a desempeñarse como titular de la mencionada Procuración, creada hace sólo dos semanas en medio de una gran polémica.
Las movidas de Llaryora impactaron de lleno en la dinámica de lo que en Córdoba se llamó Juntos por el Cambio, principal alianza adversaria. Aunque abrió flancos para cuestionamientos de carácter institucional, la selección de postulantes incluyó nombres con pasado en partidos opositores, facilitando la emergencia de acusaciones de colaboracionismo que hasta aquí sólo reptaban bajo la conveniencia.
En la próxima sesión de la Legislatura Unicameral el oficialismo impondrá su mayoría para aprobar el pliego que promueve a Néstor Gómez como Fiscal Adjunto General de Córdoba. Este viernes, su postulación fue debatida en la audiencia pública previa que obliga la Constitución provincial.
Abogado, con pasado de militancia radical, es titular de uno de los más importantes estudios jurídicos de San Francisco. Egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, ha sido también docente de dicha casa de estudios.
En política, inició su camino en 2008 como asesor letrado de aquella Municipalidad durante la primera gestión de Llaryora. En 2011, tras la reelección del hoy gobernador, se desempeñaría como secretario de Servicios Públicos. Seis años después, ya con Ignacio García Aresca como jefe comunal, asumiría como secretario de Infraestructura.
Con la llegada de Llaryora a la gobernación mudaría la locación de sus servicios políticos. Desde diciembre de 2023 y por un año, asumiría como vicepresidente de la Lotería de Córdoba.
Ese mismo verano se sumaría como defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa de la Córdoba, institución creada un año antes, con un debate de tono menor al acaecido en torno a la flamante Procuraduría Penitenciaria.
Ya por entonces la oposición denunciaba la ocupación de espacios judiciales por parte del peronismo cordobés. En particular, en arenas judiciales, de por sí permeables al poder de turno.
Voces opositoras de hoy no le adjudican pergaminos a Gómez. En el Panal le reconocen idoneidad y capacidad de trabajo, junto a los antecedentes de la función pública.
Una razón aritmética asoma sobre las discusiones. Desde marzo, con la salida Juan Manuel Delgado, Gómez podría completar un tridente de funcionarios leales a Llaryora en el estratégico Ministerio Público Fiscal, entidad que define la política criminal del Estado y suele ofrecerse como uno de los contrapesos al Tribunal Superior de Justicia.
Lealtad es una condición con que ya se rotula al nuevo fiscal general, Carlos Rubén Lezcano. También a Alejandro Pérez Moreno, nombrado como adjunto hace sólo un año.
Si efectivamente, los tres se alineasen impondrían mayoría automática en las discusiones, bloqueando caminos alternativos que podrían buscar los otros dos adjuntos, José Gómez Demmel (schiarettista como Delgado) y Héctor “Chirola” David, un reconocido delasotista, de indudable peso en la rosca judicial, que cada vez parece más cercano al juego llaryorista.
Menos dudas hay sobre la fidelidad al proyecto cordobesista del abogado ambientalista Jorge Folloni, exfuncionario municipal, que se incorporará como adjunto en la Defensa de la Provincia, el lugar que deja Gómez.
En la misma sesión del lunes se deberían aprobar los nombramientos para la Procuraduría Penitenciaria, organismo recientemente creado bajo similares sospechas de cooptación por parte de voces críticas al peronismo cordobesista.
Para dirigirlo ha sido propuesta la abogada Croppi, exfiscal de Violencia Familiar y exfiscal general adjunta del MPF. Su lugar sería el que ocuparía Gómez, precisamente.
Impulsada a la fiscalía general por referentes de la senadora Alejandra Vigo, Croppi acredita antecedentes académicos y vasta experiencia en violencia familiar y violencia de género. También fue una de las encargadas de defender públicamente el proyecto de fiscalías en flagrancia, piedra de conflicto al interior de la Justicia, en particular el TSJ.
Tampoco ha merecido mayores reparos la postulación de Guadalupe Trillo Pellizzari como adjunta de Croppi. Escribana y abogada de estricta confianza de Llaryora, exdirectora General de Control e Investigación de la Fuerzas de Seguridad, ha ocupado distintos cargos en la Municipalidad en la gestión del sanfrancisqueño.
La lupa se ha posado sobre los otros tres propuestos. Uno de ellos es Iván Rodríguez, un fiscal de instrucción, a quien la oposición cuestiona por haber archivado una investigación anexa a la megacausa de asesinato de bebés en el Hospital Materno Neonatal.
También se siembran dudas sobre los méritos de Melani Mattía, propuesta para secretaria técnica. Abogada, es esposa del juez de Control Juan Carlos Fernández López, a quien públicamente se lo reconoce por confirmar la elevación a juicio de Brenda Agüero, la enfermera condenada por la matanza de bebés. Políticamente se evoca su decisión de hacer lugar a un habeas corpus interpuesto por vecinos y comerciantes de la capital por sentirse “víctimas de agrupaciones que se han apropiado del espacio público para realizar reclamos y manifestaciones grupales”. Su resolución, que demanda a los tres poderes del Estado “hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales”, oficia, dos años después, como protocolo para la regulación de la protesta social.
Por mucho, la postulación que más estrépito causó es la de María Florencia Degano, otra letrada de militancia radical, que se desempeña como vocal en el Colegio de Abogados y es subsecretaria de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas provincial.
Su aparición motivó un sacudón en la UCR. Rápidamente emergieron los vínculos de la aspirante con Julio Ochoa, quien además de vocal del Colegio de Abogados y secretario del Comité Provincia, tiene línea directa con Marcos Ferrer, máxima autoridad partidaria.
Con similar celeridad, las espadas deloredistas de la Legislatura se despegaron de la proposición, negaron la versión de un pacto y anticiparon un voto negativo en la sesión correspondiente.
De poco sirvieron las explicaciones para sus socios del Frente Cívico. En un categórico tuit, Walter Nostrala, presidente del bloque, expresó repudio absoluto “al acuerdo entre el Gobernador y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria, en cargos con sueldos millonarios y vitalicios, a amigos y socios del poder”.
Desde el radicalismo respondió el propio Ferrer, quien prefirió omitir lo que otros musitaron por días: Lezcano había sido confirmado como fiscal general con los votos del juecismo. Al cierre de esta nota los mandobles ya no eran públicos, pero los enojos lejos estaban de disiparse.
Con aire de ajenidad, en el Ejecutivo se despegaron de cualquier operación. El mismo gesto con que negaron las quirúrgicas movidas que permitieron la confirmación de Juan Domingo Sesín como presidente del TSJ.