Cuatro sindicatos concentran los haberes más altos. Nuclean unas 22.200 personas y rechazan el aumento de los aportes. Argumentos, jefes y marcha.
Rubén Daniele (SUOEM) y Ezequiel Morcillo (La Bancaria) líderes de dos de los gremios de Córdoba en conflicto.
Más de 15 sindicatos estatales de Córdoba rechazan un aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones, un proyecto que el oficialismo llevará al debate legislativo este miércoles ante la crisis que provocó la suspensión del envío de fondos de la Nación y que proyecta un déficit para 2026 que rondaría los 820 mil millones de pesos.
Entre ellos, los cuatro más poderosos son Luz y Fuerza, Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y La Bancaria. Nuclean a 22.200 personas en actividad que ya venían reclamando por un descuento que se aplica desde hace tres años y ahora están en estado de alarma.
El gobierno de Martín Llaryora, en alerta por la crítica situación financiera de la Caja, incluyó una medida en el Presupuesto 2026 que habilita —en caso de emergencia previsional— un aumento de hasta cuatro puntos porcentuales en los aportes del personal en actividad con haberes mayores a 2,5 millones de pesos. Sobre el filo de la sesión, fuentes parlamentarias aseguraban que una modificación del proyecto incorporaba la posibilidad de que el Ejecutivo quede autorizado a elevar de uno a dos puntos los aportes del gremio estatal a la obra social Apross.
El Ejecutivo argumenta la existencia de un “déficit”. Los gremios apuntan a una diferencia entre ingresos y egresos. Pese a que la provincia, con Facundo Torres Lima a la cabeza, conformó una Mesa de trabajo permanente, las agrupaciones convocaron a una movilización este miércoles, mientras en la Legislatura se debatirá la aprobación o rechazo de las modificaciones a través de uno o dos proyectos, depende el dictamen que surja de las comisiones.
El gobierno de Córdoba argumenta que el déficit de la Caja de Jubilaciones proyectado para 2026 rondaría arriba de los 800 mil millones de pesos y que los fondos compensatorios que debería enviar la Nación han llegado apenas en lo correspondiente a 2025, tras el compromiso judicial de pago parcial por 60.000 millones por todo el año en curso. Las arcas de Córdoba calculan un rojo de $20.000 millones mensuales.
En el Panal señalan que de las más de 116.700 personas jubiladas y pensionadas registradas en la provincia, alrededor de 20.000 concentran gran parte del déficit estructural que hoy pone en jaque la sostenibilidad del organismo.
Una de las mayores tensiones dentro de ese entramado se da en torno al sector bancario. Según los datos de la Caja, hay solo 2.196 trabajadores activos aportantes en el régimen bancario provincial, frente a 5.572 jubilados de ese mismo sector, con una jubilación media que supera ampliamente los promedios provinciales. Esa dinámica, con menos aportantes sosteniendo más pasivos, genera un agujero financiero estimado en casi 150.000 millones de pesos para 2025 solo en ese segmento.
El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, puso el foco en la concentración del déficit del sistema previsional cordobés y buscó correr el eje del debate hacia la estructura interna de la Caja. Según explicó, apenas 18.000 jubilados —principalmente de los regímenes municipales, EPEC, bancarios y del Poder Judicial— absorben cerca del 50% del déficit total, pese a que el sistema cuenta con alrededor de 120.000 beneficiarios. Para el funcionario, esa asimetría es una de las claves para entender la crisis de financiamiento.
En paralelo, el ministro señala a la Nación como responsable central por el incumplimiento en el envío de fondos que le corresponden a Córdoba. Recordó que fue el propio Llaryora quien judicializó el reclamo ante la Corte Suprema y forzó al Gobierno a sentarse a negociar. “Cuando llegaron los recursos, la decisión política fue clara: devolverlos de manera directa a los jubilados”, planteó, como forma de mostrar que la provincia no utilizó esos fondos para otros fines.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, conducido por Jorge Molina Herrera, se convirtió en uno de los actores más firmes en el rechazo al aumento de los aportes previsionales que impulsa el gobierno de Llaryora en el marco del debate por el Presupuesto. El gremio nuclea a unos 3.500 trabajadores en toda la provincia, un universo clave dentro del esquema de empresas y servicios estratégicos del Estado y cuenta con 1.830 personas jubiladas con prestaciones que rondan, en promedio, los $3.200.000; y 1.420 personas pensionadas con un ingreso de 2 millones de pesos.
Molina Herrera llega a este conflicto con un antecedente inmediato de alto voltaje político y judicial: el enfrentamiento que mantuvo con el Ejecutivo cordobés durante el intento oficial de transformar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en una Sociedad Anónima. Aquella disputa, que terminó judicializada, consolidó el perfil combativo del dirigente y dejó una relación tirante con el Panal, que ahora vuelve a tensionarse por la Caja de Jubilaciones.
En Luz y Fuerza advierten que el eventual incremento de aportes llevaría la contribución total del sector hasta el 26% del salario, un porcentaje que el sindicato califica de “confiscatorio”. El argumento central es que ese nivel de descuento se superpone con el impuesto a las Ganancias, elevando el total de deducciones salariales hasta cerca del 33%, un umbral que el gremio considera incompatible con la sostenibilidad de los ingresos.
En línea con el resto de los sindicatos estatales, Molina Herrera sostiene que el déficit de la Caja no es responsabilidad de los trabajadores del sector eléctrico, sino de decisiones políticas y de financiamiento tomadas a lo largo de los años. Por eso, Luz y Fuerza se sumó al frente gremial que exige redoblar la presión sobre la Nación por los fondos adeudados y descarte cualquier salida que implique cargar el ajuste sobre los salarios.
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), conducido desde hace cuatro décadas por Rubén Daniele, se alineó desde el inicio con el bloque de estatales que rechaza cualquier intento de aumentar los aportes personales. Para el gremio, la crisis previsional no puede resolverse con más descuentos salariales en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo y alta inflación. En el SUOEM las jubilaciones municipales son 4.620 y están por debajo de los 3 millones de pesos en promedio, mientras que las 1.668 pensiones reciben cerca de 1.800.000 pesos.
En sintonía con otros sindicatos, el SUOEM sostiene que el gobierno provincial debe concentrar la presión política y judicial sobre la Casa Rosada.
Fiel a su estilo confrontativo, Daniele salió al cruce de Siciliano, quien aseguró que los gremios municipal, judicial y bancario explican cerca de la mitad del desequilibrio entre ingresos y egresos del sistema. “Es una locura, le ha errado por el 100%. Está mintiendo o está mal informado”, respondió el dirigente en declaraciones radiales.
El universo que representa el SUOEM ronda las 10 mil personas, entre personal contratado y de planta permanente, que quedarían directamente alcanzadas por un eventual incremento en los aportes.
El gremio bancario, conducido en Córdoba por Ezequiel Morcillo, se para en la misma vereda. Entre los factores que explican el deterioro del sistema, el sindicato enumera la armonización previsional, que derivó en jubilaciones anticipadas de más de 30 trabajadores a los que les faltaban hasta 15 años de aportes; la existencia de regímenes especiales que aportan menos; y la proliferación de empleo precarizado —monotributistas, contratos de locación y pasantías prolongadas— que no realiza aportes al sistema.
Morcillo, al frente del gremio desde 2022 y con mandato hasta 2027, señaló a Letra P que el sector cuenta con 2.700 trabajadores que podrían ser alcanzados por el incremento que consideran “excesivo”. Los bancarios ya absorbieron una suba significativa: desde diciembre de 2023 el aporte pasó del 18% al 22%. La habilitación de un 4% adicional podría elevarlo al 26%, por decisión directa del Poder Ejecutivo y en pleno conflicto.
Actualmente cuenta con 3.746 personas con prestaciones jubilatorias que rondan, en promedio, $3.100.000; y 1.727 pensiones por unos $2.300.000.
El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Cortelletti, pidió al gobierno provincial que retire el artículo del Presupuesto que habilita el aumento de aportes “si realmente quiere un diálogo de buena fe”. Para el sindicato, se trata de una imposición unilateral sobre los trabajadores activos.
Cortelletti atribuye la crisis a decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos: retiros voluntarios, cargos sin aportes, contratos irregulares y esquemas que desfinanciaron progresivamente la Caja. Secretario general desde 2022 y reelecto en 2024, mantiene además el reclamo histórico por la equiparación salarial con la Justicia federal.
En ese marco, el dirigente introduce una diferenciación clave: mientras el personal judicial sería superavitario, el déficit se concentra en el régimen de magistrados y funcionarios. Actualmente, la AGEPJ nuclea a unos 6.000 trabajadores activos, casi 1.100 jubilados y 446 pensionados. Gran parte del universo pasivo percibe alrededor de 2.100.000 pesos, según las cifras del sindicato.