"Yo voy a volver a unir a los argentinos", le dijo Alberto Fernández a Letra P en julio del año pasado. El ya presidente ratificó la idea en su discurso de asunción del 10 de diciembre en el Congreso, dándole estatus de objetivo programático: “Apostar a la fractura y a la grieta supondría que las heridas sigan sangrando. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino de desencuentro”, señaló entonces. A más de ocho meses de gestión y cuando el país navega en aguas borrascosas, la promesa permanece incumplida tanto por culpas propias como ajenas y, para peor, la flecha apunta en sentido contrario. ¿Qué falló?
Los últimos días consolidaron la inclinación de los principales espacios políticos a hablarles a sus respectivos núcleos duros, algo que merecería, cuando menos, un reclamo firme de una sociedad que sale a la calle a protestar cada vez que un auto dobla en una esquina: por piedad, nunca más, en campaña, mencionen la palabra “Moncloa”.
La pandemia parece justificarlo todo, pero fue justamente ese hecho extraordinario el que dio lugar a otro hecho extraordinario: el de una concertación entre administraciones de niveles y espacios diferentes, encarnada por Fernández, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. ¿Será casualidad que la realidad sanitaria haya respondido satisfactoriamente mientras ese esquema funcionó y que se haya desmadrado en paralelo a su creciente disfuncionalidad? Como sea, causa cierta impresión que el Presidente haya aludido a una frase incomprobable de su antecesor sobre las muertes admisibles por covid-19, que este lo haya refutado desde su exilio dorado, que otro ex haya hablado de golpe y cancelación de elecciones y que el ruido inútil haya ensordecido a los argentinos justo en el día récord de las 382 muertes reportadas, una tendencia que parece dirigida a imitar el costo humano que el nuevo coronavirus ha tenido en el desmadrado Brasil, ajuste de población mediante, claro.
Es cierto que no le cabe al Gobierno toda la culpa por la enésima frustración de la Moncloa criolla. De hecho, al salir de la Casa Rosada, el dirigente futbolístico Mauricio Macri pareció convocar a Caruso Lombardi para armar un plantel áspero y técnicamente limitado, pero capaz de evitar el descenso. El equipo no luce, naturalmente, y convoca en banderazos a hinchas que se hacen escuchar apenas por la ausencia forzada de los visitantes. ¿Qué otra cosa, si no, fue la entronización de Patricia Bullrich como titular del PRO?
En cualquier caso, así las cosas, Fernández tiene un problema triple: fue él quien prometió terminar con la grieta y, por tanto, es a él a quien hay que extenderle la factura impaga; como jefe de Estado, es el máximo responsable; finalmente, es su gestión la que más se perjudica por la anomia permanente. Sin embargo, mientras tanto, hace de la carencia virtud y endulza los oídos del ala radical del Frente de Todos, que desde hace un tiempo venía expresando cierta incomodidad ante la supuesta tibieza del Gobierno.
Todas las facciones que logran sentar a un hombre o a una mujer en el sillón de Rivadavia cometen el mismo pecado: no entender que, a veces, las mejores leyes no son las que tienen un texto más audaz y virtuoso sino aquellas que se aprueban rodeadas de un consenso mayor. La Argentina es un país prehistórico, en el que pareciera no quedar registro de los hechos, lo que hace que los errores se repitan hasta la náusea.
El argumento anterior no es “coreacentrismo” bobo, sino criterio de realidad. Sin consensos políticos en torno a los asuntos más calientes, ¿qué evita que una ley sea luego reformada por decreto de necesidad y urgencia (DNU) y este, por otro? El mecanismo es insólito. Como sea, el resultado es que la ley supuestamente virtuosa y capaz de poner negro sobre blanco en una cuestión jamás rige. Tal vez sea mejor que los lanzallamas alguna vez se junten a discutir en el paralelo 38 norte.
Los presidentes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de Corea del Sur, Moon Jae-in, realizaron una histórica cumbre en mayo de 2018 en la llamada “zona desmilitarizada” del paralelo 38 norte. (Foto: AP)
Una de las propuestas estrella de la campaña de Alberto Fernández fue la de un amplio diálogo sobre los grandes temas nacionales. El promocionado Consejo Económico y Social no ha salido del papel, más allá de contactos sectoriales puntuales que no merecen tal nombre, mientras que uno de tipo político, aunque nunca fue prometido, seguramente no sería una mala idea. Para algo está el Congreso, a fin de cuentas. En definitiva, ¿con quiénes negocia el Gobierno?
El fracaso de la expropiación de Vicentin tomó por sorpresa a un presidente que calculó que el anuncio iba a generarle aplausos. A poco de andar, quedó claro que semejante error fue el resultado de una insuficiente interlocución con los sectores sociales involucrados en el tema.
La reforma judicial, que será enviada por el Senado de mayorías cómodas a la Cámara de Diputados de números apretados, avanza (¿avanza?) entre apoyos propios acaso insuficientes y rechazos cerriles de Juntos por el Cambio. El argumento de que el país tiene otras prioridades es falso, en primer lugar, porque la oferta de un servicio de justicia adecuado y liberado de las prestidigitaciones de inteligencia siempre es una urgencia y, además, porque la Argentina puede masticar un chicle y rascarse una oreja a la vez. Sin embargo, dados los antecedentes recientes, cabe preguntarse si la iniciativa, empujada de este modo, no terminará pasado mañana reformada por otra mayoría forzada o, en lo que sea constitucionalmente posible, por DNU, como le ocurrió en los albores del macrismo a la llamada “ley de medios”. La política, en estas condiciones, tiene mucho más de jueguito tribunero que de modificación de una realidad lamentable.
A propósito, ¿Rodríguez Larreta, que acaba de sacar la cabeza por la ventana de la alcaldía, se sumó al rechazo talibán a la iniciativa u ofreció la alternativa de una discusión más amplia de la misma?
Lo anterior lleva a lo sucedido con el DNU que declaró las telecomunicaciones como servicio público esencial y, como tal, sujetas a la regulación de sus tarifas. ¿El principio es correcto? Seguramente. Ahora bien, ¿tiene sentido no dotar al tema de un mínimo consenso y ya hay que prepararse para asimilar el futuro DNU que modifique el DNU de Fernández, que a su vez retrotrajo el DNU de Macri que modificó la ley de Cristina Kirchner?
Si en Vicentin y la reforma judicial faltó, respectivamente, diálogo social y político, el asunto de las “telcos” careció articulación con algún sector empresarial: la movida oficial logró el prodigio de unir en el rechazo a los grupos Clarín y Telefónica.
Mientras el conflicto argento-argentino se espiraliza en el vacío, por debajo, las muertes por covid-19 no son el tema excluyente y se habla, apenas día por medio, de los desvelos de una madre que cree haber encontrado a su hijo en forma de esqueleto desmembrado y que sospecha de las fuerzas de seguridad.
A fuerza de indolencia, la Argentina muestra a veces un rostro macabro.