Ni la intervención quedó. El presidente Alberto Fernández, que ya había dado marcha atrás con el plan original de la expropiación de la cerealera Vicentin y analizaba opciones más blandas que también habían ido perdiendo fuerza, dio un paso más en reversa: ahora, decidió derogar el decreto que dispuso la intervención de la empresa y que en los planes iniciales se complementaría con el proyecto de expropiación.
"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días", anunció el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, al tiempo que criticó al juez del concurso preventivo de la empresa, Fabián Lorenzini: "Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".
Y, sobre todo, lo responsabilizó por no los objetivos no cumplidos del decreto debido a la "acogida favorable" de la acción obstruccionista del los accionistas". Por todas estas dificultades, el presidente afirmó que "el Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo". Y dijo que la intención del Gobierno "siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo".
"Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública y conocer su verdadero estado patrimonial", remarcó.
"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores. He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado", afirmó.
LA CAÍDA. Como informó Letra P, en las últimas horas, las pretensiones del presidente Fernández y del gobierno de Santa Fe de que Vicentin quedara bajo control de un fideicomiso y dejar el camino allanado al arreglo con acreedores, e incluso en un futuro una nueva sociedad, cayeron en saco roto. Los dueños de la cerealera decidieron no transferir las acciones, primer paso para constituir la figura; mientras que la otra condición sine qua non que puso sobre la mesa el gobernador Omar Perotti, que se apartaran inmediatamente del directorio, también terminó siendo rechazada por la empresa, a pesar de que lo habían convenido de palabra en la primera conciliación establecida por el juez Lorenzini.
Después de esta negativa a aceptar ambas condiciones, Santa Fe, que a través de la Inspección de Personas Jurídicas (IGPJ) fue parte de las negociaciones, le puso punto final a las tratativas. “Es un capítulo cerrado”, dijo el gobierno. Procesalmente, el juez deberá resolver el pedido de intervención que hizo Santa Fe previo a que surgiera el ahora fracasado fideicomiso. Se abre una enorme incertidumbre acerca de la posible resolución del juez, sobre todo después del mensaje de Fernández, quien dejó en claro que no habrá ningún avance del Estado mientras el "actual directorio permanezca en la empresa". ¿Si el juez acepta la intervención de Santa Fe y corre a los dueños, el gobierno nacional avanzará igual o ya es cosa finiquitada?
De esta manera, la novela Vicentin, que comenzó con el jefe de Estado golpeando la mesa y anunciando su intención de expropiar la compañía, se consagra como el tropiezo más sonoro del Gobierno en su corta vida.