San Pablo, el estado más importante de Brasil, apuró la contratación de 220 sepultureros para gestionar el aumento del 45% de la cantidad de cadáveres que comenzó a llegar en los últimos días, con o sin diagnóstico de COVID-19, a los cementerios. En tanto, Minas Gerais estudia exhumar decenas de muertos que pasaron por sus casas de sepelio con certificados de defunción que establecían una causa ambigua: “Enfermedad respiratoria”. Brasil, se presiente, es una bomba sanitaria colocada al lado de la Argentina, cuya eventual detonación no solo definiría el curso de ese país sino, también, el futuro de la relación política y económica con el nuestro, así como el del Mercosur. ¿Será con o sin Jair Bolsonaro?
(Foto: Alexandre Guzanshe, Estado de Minas).
El ultraderechista le declaró la guerra al mundo. Convencido de que “Brasil no se puede parar por una gripecita”, prometió restablecer la plena actividad económica de un canetaço, un golpe de lapicera. El argumento es entendible, ya que una depresión económica exterminaría empleos y también vidas, pero no la porfía que lo llevó a romper con todos: gobernadores, alcaldes, la oposición, la conducción del Congreso y hasta el Supremo Tribunal Federal. También, con la mayoría de la población, que cada noche lo atormenta con furiosos cacerolazos desde los balcones de las ciudades que acatan las cuarentenas establecidas por las autoridades locales.
Con una popularidad que se desplomó a un 28% (y bajando), el presidente también ve cómo se le fractura el gabinete, con sus tres miembros más poderosos alineados con los gobernadores en la defensa del aislamiento social: el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, quien hace lo que puede contra un jefe que junta coraje para echarlo; el de Justicia, Sergio Moro, y el de Economía, Paulo Guedes. “El presidente soy yo”, aclara él ante los periodistas, a los que, claro, también ataca.
“El 60% o el 70% de la población se va a contagiar, no podemos escapar de esa realidad”, esgrime, mientras propone un “aislamiento vertical” que solo proteja a los ancianos y a otros grupos de riesgo.
Además de aclarar que él es el presidente, Bolsonaro también se ve obligado a afirmar que “de mi parte, la palabra renuncia no existe”.
El dilema entre lo sanitario y lo económico, que también ha estallado en las redes sociales y en los balcones argentinos, es falso. Si Brasil tiene unos 210 millones de habitantes; si, como dice Bolsonaro, el 70% de ellos se va a contagiar y si replicara la tasa de letalidad del 0,66% atribuida internacionalmente al virus, perdería casi un millón de sus ciudadanos en apenas una temporada. Sin embargo, como el sistema sanitario brasileño es peor que el promedio involucrado en aquel cálculo y como, encima, resultaría sobrepasado si estallara el número de casos, el saldo humano de la cruzada de la producción a cualquier costo resultaría aún más cuantioso.
¿Qué economía podría funcionar en tal escenario? ¿Cuánto la paralizaría la necesidad de confinar, en cada empresa, a quienes hayan estado en contacto con contagiados o fallecidos? ¿Cuál sería el ambiente social y político en medio de semejante calamidad?
En tanto, en el Brasil real, las muertes documentadas más que se triplicaron entre el lunes y el sábado, al pasar de 23 a 73, mientras que el pico de contagios se espera recién para fines de este mes o para el que viene.
La insistencia de Bolsonaro en mantener funcionando la economía responde tanto a su visión como a una necesidad política. Iniciar un proceso sostenido de crecimiento es la épica legitimadora de su presidencia, para lo que apostó a reformas ultraliberales que, al menos en el corto plazo, no parecen rendir los frutos esperados.
Sin dimisión y con el juicio político como una carta (por ahora) poco viable, queda el enigma de lo que pueda hacer el "partido militar" que lo impulsó hacia el poder en 2018.
Además de aclarar que él es el presidente, Bolsonaro también se ve obligado a afirmar: “De mi parte, la palabra renuncia no existe”. Eso es lo que le reclama un sector de los que lo quieren ver fuera del poder. Otros apuntan a un impeachment. Los últimos, hasta hace poco próximos a él, piensan en un pronunciamiento militar.
Sin dimisión y con el juicio político como una carta (por ahora) poco viable, queda el enigma de lo que pueda hacer el “partido militar”, el mismo que lo impulsó hacia el poder en 2018.
Existe inquietud en la oficialidad media, con mando de tropa, algo que encontró respuesta en el excomandante del Ejército Eduardo Villas Bôas, horas después de haber recibido en su casa al jefe de Estado. Advirtió sobre las “posiciones extremas” y dijo: “Conozco al presidente y sé que no tiene otra motivación que el bienestar del pueblo y el futuro del país”. “Se puede discrepar con él, pero su postura revela coraje y perseverancia en las propias convicciones”, añadió.
¿A quiénes les recordó Villas Bôas que la crítica no debe llevar a la deslealtad? A los propios y a los que apuestan a un divorcio inminente. Si Bolsonaro hubiese necesitado un abogado ante los brasileños que no visten de uniforme o ante los que no apuestan a que estos lo saquen del medio, habría acudido a otro mensajero. Por lo pronto, cabe considerar al menos como apresuradas las lecturas que apuntan a una supuesta "intervención" de la presidencia de parte del ministro jefe de la Casa Civil (jefatura de Gabinete), general Walter Braga Netto; este se fortaleció al ser nombrado coordinador de las políticas contra la pandemia, pero no hay más que eso.
El “partido militar” hace equilibrio con el ala ideológica de ultraderecha, el llamado “gabinete del odio”, compuesto por los hijos del mandatario y los responsables de la política exterior. Debilitado a lo largo de 2019, se reforzó conforme Bolsonaro empezaba a tropezar en las encuestas y hoy controla cerca de la mitad del elenco de gobierno. Sus referentes, mayormente generales retirados, entienden las motivaciones de aquel, pero le exigen que ponga fin a una retórica provocativa que solo sirve para aislarlo.
Dicho “partido” tuvo el recaudo de poner como vicepresidente a uno de los suyos, el general Hamilton Mourão, un halcón que parece una paloma al lado del jefe de Estado y que, de hecho, fue uno de los facilitadores del acercamiento a Alberto Fernández. Sin embargo, la Constitución pone un límite: en caso de renuncia o destitución del presidente, el vice completa el mandato solo cuando se superó la mitad de su duración. Si Bolsonaro cayera antes del 1 de enero, el país debería celebrar nuevas elecciones, una aventura que espanta al establishment: Luiz Inácio Lula da Silva no puede ser candidato pero, al estar en libertad, habla libremente.
El futuro, pandemia aparte, será intenso. El vencedor de la puja entre Bolsonaro y los partidarios aislamiento, le dijo con crudeza a Letra P desde Brasilia el analista político Paulo Kramer, "será el que emerja de esta calamidad cargando sobre sus espaldas el menor número de cadáveres: muertos al contado por coronavirus (como los que se le podrían achacar al presidente) o muertos a plazo fijo por la paralización de la economía” (como los que aquel le podría endosar a sus detractores).
La Argentina observa azorada. Con el comercio bilateral destrozado por la parálisis de los dos países y con la frontera sellada, la posibilidad de que la bomba epidemiológica estalle en la casa del vecino lleva a preguntarse cuánto durará en realidad el aislamiento respecto del principal socio. Asimismo, qué le espera al Mercosur. Si Bolsonaro ganara su apuesta a todo o nada, se sentiría fuerte como para ya no escuchar ningún argumento que se opusiera a su visión de una apertura total. Pero, si saliera debilitado o se quedara en el camino, la puerta a una refundación del bloque podría abrirse de par en par.
