El Gobierno ajusta, las provincias sufren. Reparto discrecional, aluvión de perdedoras y la excepción de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo recuperar un país?
Javier Milei y 18 gobernadores, protagonistas del Pacto de Mayo de 2024.
Mientras Javier Milei y Toto Caputo aceleran con su modelo económico –que supone un cambio profundo de estructura productiva, una consagración nítida de sectores ganadores y perdedores, y un desequilibrio creciente en el reparto de la torta en perjuicio del trabajo–, los gobernadores, otros patos de la boda, encuentran arduo imaginar su futuro tras las elecciones de 2027.
Tal como ocurrió en los años 1990, el peso del ajuste perpetuo se descarga hoy sobre los territorios subnacionales (provincias y municipios), donde vive la gente de carne y hueso, a diferencia de la entelequia que, a ese respecto, constituye la Nación. Y
También a imagen y semejanza de aquel período, la austeridad pasa tanto por el recorte real de los fondos que debe enviar el gobierno federal como por el traslado de responsabilidades y competencias que no encuentran las correspondientes partidas presupuestarias. Ayer fueron los hospitales y las escuelas; hoy, el poder central delega la infraestructura y prácticamente el resto de lo poco que queda.
Letra P comenzó a preguntarse qué pretenden y qué podrían hacer los distintos sectores políticos y económicos con el país del posmileísmo. A los dilemas de un peronismo que desvela pensando en cómo ganar y cómo gobernar, se suma en esta ocasión el panorama provincial.
La aguda reducción de los recursos que "bajan" desde el Estado –en una Argentina en la que el federalismo no puede tener mayor sustancia en tanto las provincias no se desarrollen– explica en buena medida la actitud de no pocos gobernadores respecto de la Casa Rosada: sumisiones de opoficialistas, giros imposibles de imaginar hasta el inicio del actual proyecto político –como ese curioso ser mitológico que es el perolibertarismo de Tucumán y Catamarca– y también rebeldías se vinculan con la dependencia de ese dinero y con la administración de la escasez que lleva adelante, de modo quirúrgico, la administración de extrema derecha.
El otro condicionante, desde ya, son las encuestas, en las que muchos jefes territoriales encuentran diferencias para separar su voto propio de las simpatías nacionales que, aun en caída, Milei sigue recogiendo en niveles relevantes.
Al igual que ocurre con los diferentes sectores económicos, a nivel de poder territorial también hay hijos y entenados, aunque en una escala más acotada y sujeta a un juego en el que, en definitiva, casi todos pierden.
Una medida de eso está dada por el flujo de transferencias no automáticas enviadas a las provincias, que en abril se desplomaron 53,1% interanual en términos reales, según la consultora Analytica.
Ese dato, con todo, debe ser tamizado: la merma se explica en buena medida –47,3% del total– por las nulas transferencias en ese concepto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 de la Corte Suprema, que convierte parte de lo no automático en automático.
Cabe recordar que, según un acuerdo sellado por Toto Caputo y Jorge Macri, la Nación debe girarle a la capital el equivalente al 2,95% de la coparticipación hasta que el tema de fondo –la Ciudad reclama 3,5%– quede resuelto.
Las "transferencias no automáticas" son giros nacionales que se realizan por fuera del mecanismo automático de la coparticipación federal y consisten, básicamente, en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos para obras públicas, programas especiales y asistencias financieras directas. En esto radica el sesgo de todos los gobiernos, que privilegian a amigos y castigan a enemigos. También el de Milei.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) puso la mira en el total de las transferencias desde el Estado nacional, tanto las automáticas como las discrecionales.
En lo que respecta a las primeras –la coparticipación– "tanto las 23 provincias como CABA registraron pérdidas de 15,6 billones de pesos y de 0,3 billones de pesos, respectivamente" entre enero de 2024 y febrero de 2026, esto es en la era Milei. La causa: el modelo que demuele la actividad económica y el consumo y, con eso, la percepción de impuestos desde hace ya nueve largos meses.
¿Cómo queda el total, entonces? Sigue el IARAF: "Al considerar la sumatoria de estos dos tipos de recursos, el consolidado de 23 provincias tuvo una reducción acumulada de 36 billones de pesos, de los cuales el 57% son explicados por menores transferencias no automáticas y el 43% restante por menores transferencias automáticas. Al considerar ambas (formas de) transferencias, la CABA obtuvo un incremento acumulado de 550.000 millones de pesos en moneda de febrero 2026, dada una suba de las transferencias no automáticas superior a la baja de las transferencias automáticas".
"La provincia con mayor pérdida de recursos fue Buenos Aires, con una baja acumulada de 10,561.000 billones de pesos, seguida por Santa Fe con 1,054.000 billones y La Rioja con 938.000 millones de pesos. Por otro lado, las provincias que menos perdieron fueron Jujuy con 191.000 millones, Tierra del Fuego con 185.000 millones y Chubut con 44.600 millones. Por su parte, CABA registró un incremento acumulado de recursos de $876.000 millones", siguió.
En el cálculo de pérdida acumulada per capita, la peor parte la llevaron La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y las que menos perdieron fueron Mendoza, Córdoba y Chubut. La capital, claro, ganó.
En tanto, otras perdedoras netas fueron Formosa, Chaco, La Pampa y Buenos Aires. ¿Sorpresa? No. Hay mucho peronismo en ese lote discriminado.
La Argentina se achica, y en unos cuantos de sus territorios se distinguen los sesgos políticos del oficialismo nacional.
El 2027 electoral comenzará, seguramente, muy temprano, con desdoblamientos de comicios locales en diversos distritos. Eso explica en buena medida el carácter en apariencia tempranamente agónico que ha tomado la disputa política.
Para los gobernadores, prácticamente sin excepción, se presenta un doble desafío: alambrar sus territorios y ganar a pesar de la malaria y, asimismo, caminar sobre la delgada línea de la campaña presidencial con la conciencia de que una continuidad del mileísmo por cuatro años podría resultar fatal para quienes fueran reelectos o consiguieran asegurarse una sucesión afín.
Esto se hace más agudo toda vez que, al menos hasta el momento, Karina Milei reedita con Santiago Caputo la puja de 2023, en la que la primera se impuso por estrategia y resultados. Salvo excepciones, la apuesta al violeta puro supondrá, si las condiciones políticas actuales no variaran demasiado en los próximos meses, desafíos concretos a gobernadores que, como se dijo, cargaron con el peso muerto del ajuste nacional.
Esa disputa ya se reedita en el Gobierno y suma nuevos contendientes. Toto Caputo hace fuerza para que la política ordene lo que su noción de la economía –¿o la del Presidente?– desordena: sin acuerdos en el Congreso que le aseguren al oficialismo nacional el avance de su agenda legislativa, será difícil que el riesgo país baje lo suficiente, que las inversiones fluyan en la medida necesaria para que derramen algo que resulte perceptible y la actividad se reactive a tiempo de la apertura de las urnas.
Como eso supondría acuerdos de no agresión electoral en los territorios, el jefe del Palacio de Hacienda ya chocó con Karina Milei y luego trató de evitar, en toda la medida posible, aparecer en las reuniones de mesa política.
Otra que se anota en esa postura pactista es la nueva Patricia Bullrich, cabeza del bloque oficialista del Senado que necesita palancas para negociar en la cámara que representa a las provincias. En paralelo, la halcón aprovecha el increíble culebrón de Manuel Adorni para cimentar una impronta de independencia que no se sabe si tiene destino final en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o, acaso, en algún destino mayor.
La Argentina de 2028 no sólo caerá en manos ya sea del Milei reelecto o de un sucesor obligado a dar vuelta unas cuantas páginas del libreto que el Presidente viene aplicando. Sea quien sea quien quede al mando, el país enfrentará carencias materiales y presupuestarias de todo tipo que invariablemente impactarán de lleno en las provincias.
Salud y educación desfinanciadas ya crónicamente; aparatos de seguridad flacos y mal remunerados que ya permiten, por impotencia o infiltración, la expansión del narcotráfico; necesidades sociales y hasta alimentarias extendidas; olvido de problemáticas como la salud mental y la violencia de género; dificultades severas en cajas jubilatorias y, desde ya, falta de infraestructura nueva y ni siquiera emparchado de la existente.
Todo eso y más será parte de la herencia que enfrenten los gobernadores del próximo turno, que afrontarán el duro desafío de reconstruir el país desde un piso muy bajo.
El fondo de olla está tan raspado que algunos distritos aprovecharon la reducción del riesgo país para tomar deuda en el mercado internacional. El problema es que ese proceso dista de estar completado y que el riesgo soberano sigue siendo demasiado alto, lo que se tradujo en tasas de interés del 7,3% anual en dólares en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta entre 8 y 10% en los de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Entre Ríos. Se trata de niveles temerarios.
Los actuales mandatarios provinciales pueden quejarse de la mala que les ha tocado en este tiempo de estrechez, lo que determina que la abrumadora mayoría de ellos, en teoría presidenciables, no puedan ni pensar en aventuras nacionales ni en grandes armados. Sin embargo, quedará flotando para siempre –incluso dentro de sus propias cabezas– la duda de si el camino de la sumisión que tomaron muchos no fue una forma de suicidio.
La firma del pomposo Pacto de Mayo –el 9 de julio de 2024, al estilo de La Kermés de los Sábados de Les Luthiers– fue en gran medida un gesto simbólico, pero en su articulado implicó el apoyo de casi todos los distritos a compromisos difíciles de defender desde las ópticas locales.
Evitaron el compromiso Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto y Claudio Vidal, en buena medida porque en sus puntos 2 y 3 compromete un "equilibrio fiscal innegociable" paralelo a "la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del producto bruto interno". Ahí quedó plasmada la magnitud del "ajuste más grande de la historia de la humanidad" y, también, las firmas de 18 gobernadores.
Nunca podrán decir que no les avisaron.