La Provincia espera que el 21 de abril la Corte fuerce un acuerdo por $2,2 billones para el IPS. Pero no pidió los adelantos que Nación giró a doce distritos.
Axel Kicillof vs. Javier Milei.
En diez días la Corte Suprema volverá a sentar frente a frente al gobierno de Axel Kicillof y al de Javier Milei por los $2,2 billones que ANSES debe al sistema jubilatorio bonaerense. En La Plata hay una certeza que manejan con cautela: esta vez, el gobierno libertario tiene que poner sobre la mesa una propuesta de acuerdo.
La segunda audiencia llega en uno de los momentos más críticos en términos financieros para las provincias. Por estos días, el ministerio de Economía de Toto Caputo abrió la canilla y habilitó adelantos de coparticipación para doce gobernadores con las cuentas en rojo. Kicillof, sin embargo, no pidió que a Buenos Aires se la incluya en esa lista. "Tampoco nadie nos lo ofreció", aclaran en la Gobernación.
Chaco, Mendoza, Tucumán, Santa Cruz y otras ocho provincias aceptaron esta semana la mano que tendió Caputo. Kicillof eligió otro camino.
Es una apuesta política que Kicillof viene sosteniendo desde que arrancó la gestión libertaria: la crisis que se derrama por provincias y municipios de todo el país, con intendentes que no llegan a pagar salarios y demandas de alimentos que se disparan, va robusteciendo el argumento que defienden desde La Plata. Ya lo hizo antes, cuando era uno de los pocos gobernadores que no negociaban con la Casa Rosada. Entonces, se hablaba de un Kicillof aislado políticamente. Hoy, con encuestas que por primera vez lo ponen por delante de Milei en un mano a mano presidencial, se parece cada vez más a una estrategia.
En las últimas semanas, Nación cerró acuerdos previsionales con Santa Fe y Chubut después de que ambas provincias llevaron sus reclamos a la Corte Suprema. Maximiliano Pullaro se llevó $120 mil millones en doce cuotas mensuales; Nacho Torres, $48 mil millones. En La Plata leen esos acuerdos como una señal: cuando la presión judicial aprieta, Nación se sienta a negociar. Buenos Aires reclama $2,2 billones solo por ese concepto, y el 21 de abril la Corte le va a pedir a Nación que llegue con números.
Hay otra señal que en La Plata registran con atención. A fines de 2025, Caputo había advertido que no autorizaría los pedidos de endeudamiento de la provincia, una amenaza que generó cimbronazos en medio de las negociaciones por el Presupuesto bonaerense en la Legislatura. En los hechos, lo que pasó desde entonces es que Economía viene aprobando en silencio cada vez que llega uno desde La Plata. La lógica es pragmática: al gobierno nacional no le conviene que la provincia que concentra el 40% de la población argentina entre en una crisis de cesación de pagos. La asfixia tiene un límite y Milei lo sabe.
El cuadro que rodea esa pulseada judicial tiene su propio peso. La crisis se aceleró fuerte en las últimas semanas. El próximo martes, intendentes de todo el país marcharán al Ministerio de Economía para entregarle a Caputo un documento que describe la crisis financiera municipal como "una catástrofe que ya llegó". En la provincia de Buenos Aires, un grupo de intendentes radicales fue esta semana a la Gobernación a pedirle al ministro Carlos Bianco que libere los fondos atados a infraestructura para poder usarlos en salarios, salud y ayuda social.
Kicillof reglamentó esta semana el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que garantiza al menos $250.000 millones para que los 135 intendentes bonaerenses financien obras. Pero los propios intendentes saben que no alcanza para revertir una tendencia que se profundiza mes a mes. Lo que necesitan no son fondos atados a infraestructura sino plata para pagar sueldos.
Todo eso ocurre en un contexto que Kicillof también lee. Una encuesta de la consultora Trends publicada esta semana lo puso por primera vez por delante de Milei en un eventual ballotage presidencial: 45% contra 42%. La Libertad Avanza cayó ocho puntos en intención de voto desde diciembre. El gobernador acelera su construcción federal (la semana pasada estuvo en Tierra del Fuego) en el momento en que la imagen del gobierno libertario registra su piso más bajo.
Pero la jugada de Kicillof tiene tiempos acotados. En abril vence el último tramo del acuerdo salarial con los empleados públicos bonaerenses, y los gremios estatales, que en 2025 aceptaron una pérdida del poder adquisitivo, van a volver a la mesa a exigir una recomposición. La provincia enfrenta ese vencimiento con las arcas comprometidas y sin margen para ofrecer lo que los sindicatos van a pedir. La apuesta a que la Corte y la crisis hagan el trabajo tiene, entonces, una fecha de vencimiento que se acerca.
Para sumar músculo, Kicillof busca respaldo en la percepción del derrumbe de Milei. En los últimos días, convocó a legisladores, a los 135 intendentes y a los jueces de la Corte provincial a acompañar el reclamo de fondos al gobierno nacional. La audiencia del 21 de abril empezará a mostrar si tiene efecto.