La Pampa presentó la demanda en mayo de 2024. La Casa Rosada tiene 60 días para responder. Una causa clave en la disputa de los gobernadores por los recursos.
La Corte Suprema avaló el reclamo del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto por los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y exigió una respuesta al gobierno nacional en un plazo de 60 días. La decisión implica otro avance institucional en la disputa por la distribución de recursos que sostienen los gobernadores con la Casa Rosada.
El máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la causa y dio traslado formal al Poder Ejecutivo, que deberá responder los argumentos presentados por la provincia de La Pampa.
La acción judicial había sido promovida en mayo de 2024 por la administración pampeana, pero el tema fue escalando en los últimos meses por la caída de la recaudación, el efecto en la coparticipación y la baja en los fondos que llegan a las arcas provinciales.
El reparto de ATN fue el motivo del último cruce entre el gobernador de La Pampa con el gobierno nacional. Manuel Adorni aseguró en su exposición en el Congreso que la Nación había habilitado adelantos de la coparticipación a todos los gobiernos provinciales que lo habían solicitado y el pampeano retrucó que su administración había elevado tres pedidos formales, sin respuesta.
La presentación fue impulsada por el gobernador pampeano a través de la Fiscalía de Estado, encabezada por Romina Schmidt, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Se trató de una acción declarativa de inconstitucionalidad vinculada al reparto de los recursos.
El planteo sostuvo que el uno por ciento destinado al fondo ATN debía integrar la masa coparticipable y distribuirse automáticamente entre las provincias, tal como lo establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Según la demanda, esos recursos pertenecen a las jurisdicciones.
Además, el escrito remarcó que el Estado nacional tenía la obligación legal y constitucional de asignar esos fondos para atender emergencias y desequilibrios financieros en los distritos. Sin embargo, denunció que la administración central retuvo sumas millonarias.
La provincia argumentó que el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, en un contexto de crisis económica y caída de ingresos. Esa situación, según el planteo, afectó de manera directa las finanzas provinciales.
En mayo de 2024, el Ejecutivo retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias. A la vez, sólo se habían transferido unos 10.300 millones a un grupo reducido de jurisdicciones, lo que fue considerado insuficiente frente al total acumulado.
El reclamo también destacó la ausencia de antecedentes recientes en la distribución de estos recursos. La última asignación masiva había ocurrido en noviembre de 2023, cuando se enviaron 131 mil millones de pesos a las 24 jurisdicciones del país.
La demanda incluyó cuestionamientos al deterioro del federalismo fiscal y advirtió sobre una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional. Según el texto, esta dinámica contradijo los principios establecidos en la reforma constitucional de 1994.
En ese sentido, se señaló que el artículo 75 inciso 2 fija criterios de distribución equitativa, solidaria y automática, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y desarrollo en todo el territorio argentino.
El gobierno pampeano también advirtió que la asignación de los ATN quedó sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos. Esa situación, afirmaron, limitó la capacidad de respuesta de las provincias frente a las necesidades que se multiplicaron por el paso de la motosierra libertaria por la administración pública.