SANTA FE

Escándalo político-judicial: acusan a un fiscal y un senador por favorecer a un abusador

Aldo Gerosa está al borde de la destitución de su cargo judicial. Al legislador Orfilio Marcón se le achaca interferir para frenar el juicio contra el exsecretario privado de su ahijado en la política, Dionisio Scarpín.

Un caso de abuso sexual a una niña durante siete años en la ciudad de Avellaneda, tierras de Vicentin, se proyecta con consecuencias políticas y judiciales de altísimo voltaje en la provincia de Santa Fe y hasta podría impactar en la campaña electoral. El hombre acusado de violar a su sobrina cuando era menor de edad y en forma reiterada se llama Marcelo Galaz, y es ex secretario privado del senador nacional radical y precandidato a diputado provincial por la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, Dionisio Scarpín.

La causa fue investigada por el fiscal de Reconquista Aldo Gerosa, que por esta causa ahora está al borde de la destitución. El auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura un informe fulminante sobre el accionar de Gerosa: lo acusa de desinformar a la víctima, revictimizarla y presionarla para que firme un juicio abreviado con una pena muy baja en relación a los delitos.

Pero la historia tiene, además, otros protagonistas que ocupan altos cargos institucionales que quedaron bajo la lupa. Uno de ellos es el senador departamental por General Obligado Orfilio Marcón, padrino político de Scarpín, a quien se lo señala por interferir y propiciar que Gerosa salde el caso con un juicio abreviado que reduce de 32 a 7 años la pena planteada originalmente, además de incluir el pago de una cifra de dinero para la víctima.

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El senador provincial y jefe político del departamento General Obligado, Orfilio Marcón.

El senador provincial y jefe político del departamento General Obligado, Orfilio Marcón.

El otro es el fiscal regional Rubén Martínez, quien avaló el acuerdo del juicio abreviado que redactó Gerosa con los defensores del imputado, en el que la pena en expectativa de 32 años de prisión se reducía a 7 al retirar los agravantes. Un acuerdo que ahora, con el escándalo en puerta, ningún juez quiere homologar.

Galaz fue detenido en julio del 2021 en la Municipalidad de Avellaneda, luego de que la víctima, ahora mayor, pudiera denunciar ante la justicia las violaciones que había sufrido entre los 4 y los 10 años. Estuvo preso 7 meses y luego regresó a su casa, donde convivía con su esposa y dos hijos menores de edad. El caso se encaminaba al juicio oral; sin embargo, se suspendió el día que tenía fecha de inicio.

Al poco tiempo, el fiscal Gerosa ya tenía redactado un acuerdo con el imputado. La pena había bajado casi a la quinta parte, y preveía una multa económica. Ahora, lo que la Comisión Bicameral deberá investigar es qué pasó en esos días para que Gerosa cambiara radicalmente su acusación. La sospecha de una intervención de parte del senador Marcón con todo su poder de influencia en favor de Galaz sobrevuela el caso.

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El fiscal regional Rubén Martínez.

El fiscal regional Rubén Martínez.

Para Scarpin, en medio de la campaña, el tema es más que una migraña. Si bien él separó del cargo inmedidatamente a Galaz, el senador por el departamento General Obligado es su padrino político. Tan es así que Scarpín fue el sucesor de Marcón en la intendencia de Avellaneda cuando éste saltó a la senaduría por el departamento General Obligado.

Todavía no está claro si la situación de Marcón podría derivar en algún tipo de acusación. El diputado Fabián Palo Oliver, también radical, adelantó que están revisando las alternativas institucionales para revisar si hubo o no intromisión del senador en el caso. Las posibles derivaciones sobre la situación de Marcón necesariamente remiten al caso del senador peronista Armando Traferri y la imposibilidad para la Justicia de iniciar una investigación contra un legislador si antes sus pares no le quitan los fueros. En el caso de Traferri, Marcón votó para que mantenga los fueros que además de darle inmunidad de arresto, en el caso de Santa Fe también alcanza la inmunidad de proceso.

En cartas públicas que redactó la víctima exigiendo justicia y en las propias declaraciones públicas que hicieron tanto el senador Marcón como el fiscal Gerosa se revela un contacto fluido entre ambos, la mayoría de forma telefónica y al menos uno personal: hay registro fotográfico del legislador, que no es abogado, en los tribunales de Reconquista el día previo al inicio del juicio. Al senador se lo ve junto a Bruno Zanel, quien fue secretario de Gobierno de Avellaneda, y que tras la publicación de esas imágenes renunció a su cargo.

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El senador nacional Dionisio Scarpín.

El senador nacional Dionisio Scarpín.

En la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, que preside la diputada Lionella Cattalini, se determinó que la acusación contra el fiscal estará a cargo de la diputada Érica Hynes. Se estima que en un mes podría estar lista y en buena medida se basará en el dictamen del auditor general Mai, pero también puede pedir otras medidas probatorias. El propio Gerosa será citado a declarar y lo mismo se podría ocurrir con el fiscal regional Rubén Martínez.

La novedad de las últimas horas es que Martínez designó nuevo fiscal en la investigación. El fiscal Juan Maricha se hizo cargo y se constituyó un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Mauricio Martelossi, Gustavo Gon y Norma Sen, que deberá decidir si aprueban o no el procedimiento abreviado.

El magistrado que inicialmente debía intervenir era Santiago Banegas, pero se excusó luego de escuchar declaraciones radiales del procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre, en las que decía que iba a iniciar actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales por el acuerdo abreviado que se pretendía firmar.

La fiscal general de la provincia ordenó la intervención del Organismo de Investigaciones. de Maximiliano Pullaro.
Maximiliano Pullaro con Pablo Javkin en la Municipalidad de Rosario

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