A días de la finalización del concurso para cubrir los cargos máximos en la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa Pública de Santa Fe, que vencen en abril de 2023, la diputada provincial Lionella Cattalini (PS), integrante de la Comisión de Seguridad Pública evalúa lo que dejaron, hasta ahora, las audiencias públicas. Las deudas del tribunal evaluador y la expectativa de un trabajo fino de argumentación sobre los puntajes finales para el armado del orden de mérito encabezan el reclamo.También subyace una cuestión de género y paridad, pretendiendo mayor presencia de mujeres en la elección.
Una vez publicadas las ternas, vendrá la discusión política sobre los nombres propios y las propuestas de trabajo, pero hay características que a su espacio le interesan en particular en esta coyuntura: idoneidad y que sea mujer y rosarina.
-Fueron muy críticos del inicio del concurso para elegir las autoridades del MPA. ¿Qué evaluación hacen ahora, en su última instancia?
-El año pasado hicimos la denuncia porque había comenzado de espaldas a la gente, con un sorteo un día de paro, después renunció gran parte del jurado. Ahora se adecuó, pero la magnitud de lo que significa renovar las autoridades del MPA y de la Defensa ameritaba un proceso mucho más claro por parte del Ejecutivo, con vocación política de transparencia, y también mayor importancia de las entrevistas que llevó adelante el jurado.
-¿Hubo pocas repreguntas?
-Los candidatos y las candidatas tuvieron muy poco tiempo para esbozar un plan de trabajo, a las preguntas del jurado les faltó profundidad y no hubo repreguntas. No se vio un jurado comprometido, que estuviera en condiciones de hacer una devolución del plan de trabajo.
-¿Creen que el jurado sintió presión política?
-El concurso arrancó mal y a partir de ahí hubo muchos rumores. Lo más importante para despejar las dudas va a ser conocer con un detalle muy específico los argumentos y las fundamentaciones de cada uno de los jurados para llegar a la terna. Eso va a mostrar qué evaluaron y cómo tomaron la decisión.
-De esa terna, el gobernador envía un pliego a la Legislatura. ¿Ahí comienza a la discusión para ustedes?
-Seguimos con mucha atención lo que está ocurriendo, es un tema muy importante. Siempre dijimos que tenía que hacerse de manera transparente, que las autoridades tienen que estar definidas en abril como lo marca la ley. No nos interesa especular con los tiempos, pero sí queremos, una vez que estén las ternas realizadas y que sean públicas, poder opinar y dialogar con el Ejecutivo.
-¿Qué requisitos son excluyentes para el PS?
-Tiene que responder a criterios territoriales, de idoneidad y de género. Este es el tiempo de las mujeres, debe haber participación de las mujeres en todas las ternas que se eleven y el gobernador tiene que enviar pliegos de mujeres a la Legislatura. En las entrevistas públicas vimos mujeres con muchísima capacidad, muchas ganas y con visión de futuro.
-Desde hace algunos meses se sabe qué espacios políticos o de poder apoyan o respaldan algunas candidaturas. ¿Esto perjudica el proceso de selección?
-Al margen de los nombres propios, a mí me interesa que los espacios políticos hablen con claridad de qué quieren efectivamente para un organismo tan importante. Estamos discutiendo el futuro de la seguridad de la provincia y de la ciudad de Rosario. Tenemos que tener autoridades que entiendan lo que pasa en Rosario, es más, creo que quién conduzca la Fiscalía General debe vivir en esa ciudad.
-Jorge Baclini es de Rosario.
-Insisto, no tiene que ver con nombres propios sino con un proyecto institucional. El MPA avanzó mucho, pero le faltó acompañamiento y también creo que le faltó actuar como una unidad estratégica y no como regionales separadas. La fiscalía de Rosario tiene que solucionar su situación, hoy (María Eugenia) Irribarren está interina después de la detención de Patricio Serjal. El MPA es una institución que ha tenido muchos avatares y que necesita una coordinación concreta y una decisión del gobierno para acompañarlo. Que se hayan disueltos operativos multiagenciales, mesas de coordinación, la falta de diálogo político, muestra que no hay una política criminal de parte del Ejecutivo.
