En el mes que lleva como flamante fiscal general de Santa Fe Cecilia Vranicich acaba de dar su paso más pesado. Desde este lunes está intervenido el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano clave creado para analizar las tramas de violencia en la provincia y que asiste a fiscales para las pesquisas de delitos complejos. Un ámbito sacudido casi desde su inicio por designaciones polémicas y por la desconfianza de fiscales que deben delegarle trabajo.
En los hechos esto significa que se paraliza de manera total el ingreso de legajos de fiscales que pidan apoyo para sus investigaciones, de modo que solo sigan activas las que ya están en curso. La otra medida robusta es que los 160 empleados que trabajan allí serán sometidos a una exhaustiva entrevista. ¿Qué se busca? Saber qué funciones cumplen, cómo ingresaron y qué idoneidad demostraron en su desempeño.
El Organismo de Investigaciones (OI) fue creado en el contexto del entrante modelo de juicio oral que en Santa Fe desde 2014 dio el control de las investigaciones penales con exclusividad a los fiscales. Su primer y único director por concurso fue Marcelo Sain quien empezó asesorando a la gestión socialista de la que terminó como franco adversario. Sain pidió licencia en el OI para asumir en diciembre de 2019 como ministro de Seguridad del gobernador Omar Perotti, quien entró a su cargo denunciando un pacto de gestiones anteriores con el delito. Cuando tras dejar esa cartera Sain quiso retomar el cargo a regañadientes le permitieron reasumir pero la Legislatura, con una ley aprobada para desplazarlo, terminó por removerlo.
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Para entonces el OI capturaba la desconfianza de no pocos fiscales. En algunos casos por el alto perfil político de Sain que embestía contra muchos a los que señalaba por tener una mirada superficial del fenómeno criminal y poca aplicación al trabajo. Se sumó a eso las discordias creadas por una causa que lo tiene hoy imputado por crear perfiles de investigación desde el Ministerio sin orden de fiscales. En ese marco la propia Vranicich, entonces como auditora general de gestión del MPA, recomendó la destitución de una funcionaria de confianza de Sain, que era jefa de Inteligencia Criminal en Rosario del Organismo, por reportar información reservada desde su cargo a Sain. El tribunal disciplinario, en efecto, la removió por unanimidad.
A Vranicich la guía la idea de que es inadmisible que haya fiscales que den la espalda al órgano creado por el nuevo modelo de enjuiciamiento para darles apoyo. En especial los de Rosario donde son 80 en total. Y donde la violencia se manifestó el año pasado con 300 homicidios y persiste con refriegas de bandas y balaceras extorsivas, que hacen que cierren comercios y escuelas, y que se modifiquen horarios de las universidades o la atención médica nocturna.
Por eso buscó dar un golpe de manubrio que no excluyera una fuerte difusión para que cambie no solo la imagen sino el perfil de un OI bajo problemas. Precisamente a la fachada institucional del OI lo ayudó poco el mecanismo de nombramientos realizado poco antes de que Sain tomara posesión del cargo. Fue cuando mientras gobernaba el socialista Miguel Lifschitz ingresaron 195 personas desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Maximiliano Pullaro que según el Sindicato de Trabajadores Judiciales entraron sin concurso.
Omar Perotti y Marcelo Sain
El gobernador Omar Perotti y el exministro de Seguridad y ex director del OI Marcelo Sain.
En ese procedimiento la política mostró sus mañas. Entre ellos había militantes políticos que ingresaron a la Policía de Santa Fe para desde allí poder ser traspasados ya que no había concursos formales más que para 50 cargos específicos del OI.
Vranicich fue directamente a ver qué quedó de eso. Le encomendó a un equipo especial que haga un cuestionario a los 160 empleados. Las preguntas abarcan el origen de su designación, su desempeño actual y, sensible novedad, si tuvieron militancia partidaria en el pasado o en presente.
Esta pregunta va derecho a la cuestión de aquellos nombramientos. Hija ella misma de un dirigente del PJ y ex funcionaria del Frente Progresista durante las gestiones de los gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti, Vranicich buscó que no se interpretara esto como una demonización de la política. Pero sí aclaró que la ley orgánica del Poder Judicial impide la militancia en un partido a quien se desempeñe en aquel ámbito, al que el MPA pertenece.
En el OI recibieron todo como una manifestación de inexorable pase a degüello. Lo primero que indican es justamente referido a aquellas designaciones. Afirman que el discurso que impera es que se intentó meter 195 personas por la ventana pero que es falso.
Maximiliano Pullaro
El exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro
Podrá gustar más o menos, indican, pero la ley de la Legislatura que creó el OI establece que por un acuerdo interjurisdiccional entre Poder Ejecutivo y fiscal general podían ser traspasados empleados del primero al OI. No es falso en absoluto, aducen, que Pullaro coló allí gente allegada. Pero aseguran que ese lote fue de treinta empleados a lo sumo de los cuales, lo determinará la nueva auditoría, quedan hoy no más de cinco.
La idea general es que el mecanismo fue el caballo de Troya en el que iba un ejército de militantes. Pero la mayor parte de los que ingresaron, afirman, eran integrantes de laboratorios, de análisis digital forense y policías que son necesarios tanto para el trabajo de calle como para el análisis de información.
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El segundo argumento que dan es que si el OI está en graves aprietos es porque la política lo desfinanció desde el primer día y lo privó de recursos hasta hoy. Aducen que es falaz de que haya desconfianza de parte de los fiscales porque de hecho trabajan con las unidades fiscales de las cinco regionales del MPA sin restricción. Deslizan además que aunque ahora los traten como infectados hubo logros que decidieron juicios cruciales por pesquisas del OI. Por ejemplo el del líder criminal Esteban Alvarado. Indican también que el OI tiene laboratorios de avanzada que permiten el desbloqueo de celulares que aclaran la mayor cantidad de disputas letales entre bandas en Rosario. Pero que no consiguen profesionales como bioquímicos, genetistas o ingenieros porque los sueldos del OI espantan a cualquier posible interesado.
Y sobre el abandono y ninguneo al OI dan un ejemplo. Aluden al crimen reciente que fue noticia nacional: el de Mauro Villamil, un joven empleado de una estación de servicio, asesinado hace dos semanas en una verdulería cuando hacía las compras para ir a un asado con amigos. Se obtuvieron videos del sicario pero las imágenes, con defectos, deben ser filtradas. El OI tiene dos programas de software para ese fin, uno español y uno italiano, que costaron miles de dólares. Sin embargo no hay personal para hacerlo. El único analista que tenía la formación necesaria renunció. Eso es tan cierto como que lo hizo para ser candidato a concejal de Villa Cañás por una lista del sector de Pullaro.
Desde la fiscalía general indican que lo que buscan es una radiografía objetiva que salga de un relevamiento riguroso para presentar a los poderes que deben asignar recursos. Que si se advierte que hay personal ocioso o sin idoneidad se les asignará nuevo destino. Pero que saben que hay empleados con capacidad que son necesarios.
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La resolución eludió usar la palabra intervención para no agitar emociones y mostrar el ánimo constructivo. Pero el texto no miente sobre su mirada previa. Lo que busca es “restaurar la confianza institucional interna y externa de este órgano técnico de apoyo a la gestión”.
Vranicich cree que Sain dotó de un procedimiento interno claro a las intervenciones cuando era director. Pero que al mismo tiempo hizo poco por esa confianza al hacerse pasar datos desde allí cuando era un ministro de Seguridad con un perfil político deliberadamente confrontativo que ahuyentó a fiscales de pedir ayuda al órgano hoy intervenido.
Adentro del lugar bajo escrutinio se preguntan si la fiscal general le está devolviendo al gobernador Omar Perotti la designación inesperada que le hizo tomar posesión del principal resorte de la persecución penal en la provincia. Aunque al mismo tiempo admiten los quebrantos de funcionamiento y de reputación del órgano.