El 82% de la capacidad instalada de biodiésel del país está en la Bota. El lobby de un poderoso industrial vinculado al juego traba la reforma.
Santa Fe, rehén del lobby bonaerense: cómo pierde la industria por el bloqueo a la ley de biocombustibles
La demora en la sanción de la nueva ley de biocombustibles tiene a Santa Fe entre las principales perjudicadas. Con el 82% de la capacidad instalada de biodiésel del país, la provincia ve frenada la posibilidad de producir más y atraer inversiones millonarias sin un nuevo marco regulatorio.
¿El principal obstáculo? Un lobby empresario que presiona sobre los diputados, especialmente los de Buenos Aires, para arrancar mayores beneficios para una parte del sector. La pulseada ya empantanó el tratamiento de la reforma y bloquea, además, la expansión del corte de bioetanol, un mercado que podría incorporar decenas de nuevos jugadores e iniciativas.
La reforma impulsada por Patricia Bullrich y aprobada por el Senado propone aumentar los cortes obligatorios de biocombustibles y abrir progresivamente el mercado interno a nuevos jugadores. En el caso del biodiésel, que se mezcla con el gasoil, el porcentaje de mezcla pasaría del 7,5% al 10%.
El texto llegó a Diputados con la concesión conseguida por los senadores santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, que lograron elevar al 4% el piso del mercado reservado a las PYMEs desde 2031 a 2036.
El cambio conformó a buena parte de los productores del interior, entre ellos los de Santa Fe y Córdoba, pero no alcanzó para desactivar la resistencia de empresarios de Buenos Aires, que reclaman una mayor participación garantizada.
Esos planteos, cuentan, encontraron en el PRO a su principal interlocutor. El bloque de Cristian Ritondo viene bloqueando persistentemente el tratamiento bajo la exigencia de elevar el corte y reservar seis puntos para las plantas no integradas. La presión, de todos modos, trascendió al partido amarillo y sumó respaldos en sectores de la UCR, el MID y Unión por la Patria, que también reclaman modificaciones.
Entre quienes incentivan la resistencia legislativa, más de una voz del sector apunta a Juan Carlos Bojanich, empresario de Bahía Blanca, dueño del Grupo Bahía Energía y protagonista de una larga trayectoria en el grisáceo negocio del juego en la provincia de Buenos Aires.
Desde la industria, lo identifican como uno de los principales operadores del lobby, con fuerte llegada a variopintos dirigentes. Su peso en el mercado, cuentan, explica su insistente interés: seis empresas vinculadas al llamado rey del biodiésel concentraron alrededor del 30% de los cupos asignados al mercado interno de gasoil durante octubre.
La ofensiva —aparateada o legítima— terminó por frustrar los planes de La Libertad Avanza, que pretendía dictaminar el proyecto sin modificaciones. Así las cosas, el Gobierno rechazó nuevas concesiones y ahora hace números para reunir los votos necesarios para encaminar el trámite.
En Santa Fe, el impacto de la demora tiene dos caras. Por un lado, la industria del biodiésel, concentrada principalmente en el cordón industrial del Gran Rosario, dispone de una enorme capacidad productiva que hoy permanece parcialmente ociosa por las dificultades para exportar y las restricciones para abastecer el mercado interno.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la industria nacional tiene cerca del 75% de su capacidad instalada sin utilizar, sobre un potencial de producción de 3,8 millones de toneladas anuales. Buena parte de esa infraestructura está radicada en territorio santafesino, donde operan gigantes como Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, AGD y Cofco.
No obstante, no son únicamente los grandes jugadores del negocio los que esperan la nueva ley. Mientras los legisladores bonaerenses se embanderan en la defensa de las PYME para exigir cambios, incluso las productoras de menor escala de Santa Fe salieron a bancar el proyecto tal como está.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) admite que el texto no es 100% ideal, pero considera que las concesiones incorporadas en el Senado ofrecen garantías suficientes para avanzar. Para las PYME santafesinas, seguir demorando la reforma supone perder terreno frente a competidores regionales como Brasil, que avanzan con mayores cortes obligatorios y una política sostenida de expansión de su industria.
El otro frente es el bioetanol, cuya mezcla obligatoria con las naftas pasaría del 12% al 15%. A diferencia del biodiésel, donde Santa Fe ya cuenta con una poderosa estructura industrial, el aumento del corte permitiría abrir el negocio a nuevos jugadores y poner en marcha inversiones que hoy no tienen lugar en el esquema vigente de cupos.
Entre esos proyectos sobresale una inversión superior a U$S150 millones de Agricultores Federados Argentinos (AFA) para construir una planta de bioetanol de maíz, con Timbúes entre las ubicaciones apuntadas. Sin la ampliación del mercado que contempla la nueva ley, semejante desembolso perdería buena parte de su razón de ser.
El gobierno de Santa Fe está alineado con los reclamos de buena parte de su industria para avanzar con la reforma. La posición quedó plasmada en el Senado, donde Carolina Losada y Eduardo Galaretto consiguieron modificar el texto en defensa de las PYME provinciales y acompañaron su aprobación.
En Diputados, Gisela Scaglia también se plantó a favor de mantener el acuerdo alcanzado en la cámara alta, pese a la presión del PRO —su propio partido— y otros bloques. “Hoy quiero ratificar mi apoyo a este proyecto como está”, sostuvo durante el plenario de comisiones, antes de dejar una definición: “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”.
La exvicegobernadora ya había marcado su posición durante un foro de biocombustibles en Córdoba, donde cuestionó las demoras por su impacto sobre la producción y las inversiones. “No podemos pedirle al campo que produzca más y después ponerle un techo a todo lo que podemos industrializar”, planteó.
